nuevatribuna.es
14 de junio de 2009, 13:38
NUEVATRIBUNA.ES - 14.6.2009
La organización ecologista, que puso en marcha una campaña de movilizaciones contra las bombas de rácimo, documentó las actividades de las empresas que producían estas bombas en España, y lo hizo público a través de protestas como la que lleva a estos activistas a juicio.
El fin de esta campaña coincidió con la prohibición del Gobierno a este tipo de armamento, tras ser uno de los primeros países que ratificó el Tratado de Prohibición de las bombas de racimo.
El director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, considera que "deberían sentarse en el banquillo los que se han enriquecido produciendo y comercializando estas armas repugnantes, y no nuestros activistas", y añade que "deberían darles las gracias a los activistas" porque "gracias a su compromiso hemos conseguido que se prohíban definitivamente en España, y que un Convenio Internacional las prohíba en todo el mundo".
El pasado mes de mayo, Greenpeace acusó a varias empresas españolas y a entidades bancarias de apoyar la producción de bombas de racimo durante la presentación de un manifiesto contra este tipo de munición ratificado por 150 personalidades relacionadas con el mundo de la cultura, el arte, la ciencia y el tercer sector.
Estas empresas --los fabricantes Expal (Explosivos Alaveses S.A) e Instalaza, con sede en Zaragoza-- negaron estas acusaciones y señalaron que, en el caso de Expal, no fabrican este tipo de armamento "desde hace más de diez años", mientras que Instalaza dijo "no haberlas fabricado nunca".
En relación con la empresa Expal, que según Greenpeace fabrica la bomba BME 330, la ONG hizo alusión al crédito sindicado otorgado por "varios bancos españoles" entre los que nombró a BBVA, Banesto y Caixa de Catalunya, que, en éste último caso, "tiene como presidente al ex vicepresidente y ministro de Defensa de España, Narcis Serra".
Asimismo, la ONG explicó que Instalaza "desarrolla la bomba MAT 120" y está introduciendo innovaciones tecnológicas para conseguir que se "autodestruya y autodesactive", aunque sólo está probada en laboratorio, "porque si se hiciese en un escenario real provocaría la muerte de civiles".
La organización ecologista, que puso en marcha una campaña de movilizaciones contra las bombas de rácimo, documentó las actividades de las empresas que producían estas bombas en España, y lo hizo público a través de protestas como la que lleva a estos activistas a juicio.
El fin de esta campaña coincidió con la prohibición del Gobierno a este tipo de armamento, tras ser uno de los primeros países que ratificó el Tratado de Prohibición de las bombas de racimo.
El director de Greenpeace en España, Juan López de Uralde, considera que "deberían sentarse en el banquillo los que se han enriquecido produciendo y comercializando estas armas repugnantes, y no nuestros activistas", y añade que "deberían darles las gracias a los activistas" porque "gracias a su compromiso hemos conseguido que se prohíban definitivamente en España, y que un Convenio Internacional las prohíba en todo el mundo".
El pasado mes de mayo, Greenpeace acusó a varias empresas españolas y a entidades bancarias de apoyar la producción de bombas de racimo durante la presentación de un manifiesto contra este tipo de munición ratificado por 150 personalidades relacionadas con el mundo de la cultura, el arte, la ciencia y el tercer sector.
Estas empresas --los fabricantes Expal (Explosivos Alaveses S.A) e Instalaza, con sede en Zaragoza-- negaron estas acusaciones y señalaron que, en el caso de Expal, no fabrican este tipo de armamento "desde hace más de diez años", mientras que Instalaza dijo "no haberlas fabricado nunca".
En relación con la empresa Expal, que según Greenpeace fabrica la bomba BME 330, la ONG hizo alusión al crédito sindicado otorgado por "varios bancos españoles" entre los que nombró a BBVA, Banesto y Caixa de Catalunya, que, en éste último caso, "tiene como presidente al ex vicepresidente y ministro de Defensa de España, Narcis Serra".
Asimismo, la ONG explicó que Instalaza "desarrolla la bomba MAT 120" y está introduciendo innovaciones tecnológicas para conseguir que se "autodestruya y autodesactive", aunque sólo está probada en laboratorio, "porque si se hiciese en un escenario real provocaría la muerte de civiles".
