"Una asistencia más propia del siglo XIX que del XXI"
Las reacciones al anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no se han hecho esperar. Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se ha recordado que la rectificación del Ejecutivo llega “después de 3 muertes y muchos sufrimientos y problemas sanitarios”. Esta organización advierte de que el acceso a la Atención Primaria sin tarjeta sanitaria supone que “no se les podrán realizar pruebas diagnósticas ni prescribir medicamentos con lo que la asistencia sanitaria será más propia del siglo XIX que del XXI”. Asimismo tachan de “demagógico” y “electoralista” este anuncio y exigen nuevamente la total derogación del real decreto aprobado en 2012 bajo el mandato de Ana Mato.
Intento de alarmar a la población por las 'urgencias'
El sindicato CCOO también considera “insuficiente y electoralista” la propuesta del ministro dada la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo y pide que se garantice el acceso a la asistencia sanitaria pública (asistencia, diagnóstico, seguimiento, medicación) para todas las personas que viven en España, tal y como venía produciéndose de manera normalizada y sin problema alguno desde el año 2000.
CCOO denuncia, asimismo, el intento de alarmar a la población por parte del Ministro aduciendo razones de saturación de los servicios de urgencia, cuando esto se debe no al acceso de la población extranjera en situación irregular sino a los brutales recortes en los presupuestos destinados a la sanidad pública -especialmente en aquellas CCAA gobernadas por el PP- que han llevado al desmantelamiento de servicios sanitarios y al colapso de muchos otros. También es falso el argumento utilizado ahora de las supuestas “razones de salud pública” para atender a la población extranjera en situación irregular, cuando no existe motivo alguno para ello, toda vez que no hay dato, indicio o incidencia alguna que relacione a estas personas con cuestión alguna de salud pública.
El PSOE pide la comparecencia del ministro en el Congreso
Por su parte, el PSOE, que ha pedido la comparecencia del ministro en sede parlamentaria, ha exigido al Gobierno que “no especule con la Sanidad Universal por motivos electoralistas”. En palabras de la secretaria federal de Sanidad, María José Sánchez Rubio “la Sanidad Pública debe volver a ser un derecho universal, derogando el Real Decreto Ley 16/2012 que condicionó el derecho a la salud al aseguramiento”.
Para Sánchez Rubio este anuncio supone “un brindis al sol”’ porque no recupera el derecho a la universalidad de la Sanidad Pública. “En su momento ya dijimos que esta exclusión no suponía una medida de ahorro, tal y como se ha argumentado desde el Gobierno Central, ya que la frecuentación de estas personas a los servicios sanitarios es baja -tanto en primaria, con un 0,6% de las consultas totales, como en urgencias con un 2,3%-, por lo que en ninguno de los niveles supone una saturación, y las declaraciones del Ministro no responden a la realidad de los datos”, ha señalado.
Evaluación de las consecuencias sanitarias y económicas
Otra de las voces que se han pronunciado ha sido la del diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario de Sanidad de IU, ICV-EUiA, CHA, Gaspar Llamazares, que también ha pedido al Gobierno que “derogue por completo el ‘decretazo’ sanitario de 2012” porque “en el contenido conjunto de esta medida no sólo figuraba dejar sin prestación sanitaria a cerca de un millón de personas en nuestro país, lo que ahora tratan de mitigar en parte no por convicción sino por mero interés electoralista, sino que incluía la imposición de los injustos copagos o ‘repagos’ y, lo que no es menos importante, el giro hacia un nuevo modelo sanitario que está fracasado”.
Gaspar Llamazares, que defendió este mismo mes de marzo en el primer Pleno del Congreso la “imperiosa necesidad” de derogar esta norma, ha exigido que “lleve a cabo de forma urgente una evaluación a conciencia de las consecuencias sanitarias y económicas” que ha acarreado la aplicación del decreto durante todo este tiempo y la haga pública, además de explicar “por qué estos inmigrantes van a seguir careciendo de tarjeta sanitaria”.
El portavoz de Sanidad de IU recuerda los informes de Naciones Unidas hechos públicos justo hace un año advirtiendo de las consecuencias de la falta de atención sanitaria a inmigrantes en nuestro país. La relatora especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, tachó de “inaceptable” el incumplimiento de España en materia de derechos humanos y mostró su preocupación acerca de esta exclusión sanitaria, ya que los cambios adoptados por el PP en 2012 “reducen el acceso al sistema de salud pública y no cumplen con las obligaciones de derechos humanos”. Gaspar Llamazares apunta también a la denuncia realizada por el Consejo de Europa a principios de 2014, que también consideró “ilegal” la exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular.
