martes 30/11/21
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Proliferan las leyes de medios en América Látina

En Bolivia la ley reserva el 66 % de las frecuencias al Estado y organizaciones sociales e indígenas.

Las relaciones de numerosos gobiernos de América Latina con los medios son, como mínimo, conflictivas. Dejando de lado el caso de Cuba, los enfrentamientos han llegado hasta el cierre de medios, como es el caso de Venezuela. Otros gobiernos se han propuesto desmontar y/o debilitar poderosos conglomerados mediáticos, naturalmente críticos, mediante leyes que les limiten el negocio.

El congreso boliviano acaba de aprobar una nueva ley de telecomunicaciones que cambiará drásticamente el panorama de los medios audiovisuales, al punto que unas 400 emisoras de radio y televisión podrían cerrar de aquí al 2017. La ley otorga el 33 % del espectro electromagnético (o frecuencias de radiodifusión) al Estado, otro tanto al sector privado, un 17 % a organizaciones sociales y otro 17 % a organizaciones indígenas.

Dada la naturaleza del actual gobierno de Evo Morales, la oposición sostiene que, en la práctica, el actual gobierno controlará el 66 % de las emisoras. Las organizaciones sociales e indígenas son mayoritariamente controladas por el gobierno y dependerán de él para financiar sus proyectos mediáticos. Actualmente, el sector privado tiene 680 radioemisoras, lo que supone el 90 % del total. A partir del momento en que venzan sus licencias, la mayoría en el 2017, el panorama será sustancialmente distinto.

Para la oposición y los medios privados, esta ley busca controlar la información y se muestran especialmente críticos con uno de los aspectos de la misma, que permite escuchas telefónicas “en casos de (peligro para la) seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres”. Los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de la información estarán obligados a cooperar cuando las autoridades así lo requieran. Un artículo que para muchos críticos abre la posibilidad del espionaje y amedrentamiento a los medios.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa le ganó al ex editor de opinión del diario El Universo y tres de sus ejecutivos, un juicio por calumnias. Los periodistas fueron condenados a pagar una indemnización de 40 millones de dólares. Casi al mismo tiempo entró en su fase final la discusión en la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Comunicación, que tiene entre sus puntos de conflicto la creación de un Consejo Regulador de la Comunicación.

En el articulado del proyecto del gobierno se establece que los medios serán responsables civil y administrativamente por la información que no sea atribuida a un autor específico. Y en su artículo 15 se consagra la responsabilidad solidaria: “el medio, sus propietarios, accionistas, directivos y representantes legales, serán solidariamente responsables por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar por incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados su derecho a la réplica y de respuesta”.

En Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en octubre del 2009, fue una de las principales batallas políticas de la actual presidencia. Y se lanzó después de la guerra del campo, cuando los medios tradicionales como Clarín y La Nación se situaron contra el gobierno. La ley todavía no está en plena vigencia por diversas disposiciones de la justicia y algunos opositores prometen derogarla si hay cambio de gobierno tras las elecciones de octubre. La ley busca acabar con el presunto monopolio de Clarín, que además del diario controla el Canal 13 de televisión, radio Mitre y Cablevisión, entre otros negocios.

Frente a esta concentración mediática del grupo Clarín, el gobierno tiene una serie de medios afines, entre ellos el canal 7, Radio Nacional, Radio Cooperativa, la Radio de las Madres, la 650, Radio América, los diarios Tiempo Argentino, Página 12, más alguna revista y portales de Internet.

Otro aspecto polémico de la ley argentina es el uso de la cadena nacional, que obliga a todas las emisoras de radio y televisión a transmitir actos y discursos del presidente. Según la ley el uso de este recurso está limitado a “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”. Pero entre el 21 de junio y el 29 de julio, la presidente Cristina Fernández la usó 6 veces, siendo la primera ocasión cuando anunció que se postulaba a la reelección.

El último informe de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), señala que este año está siendo trágico para la prensa del continente, por la violencia del crimen organizado y el acoso judicial y legal al que están sometidos los periodistas independientes. La SIP calificó como “hipócrita y nefasta” la política de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que en los últimos años han concentrado gran cantidad de medios de comunicación que usan como órganos de propaganda.

Pero no solo la SIP, que al representar a los dueños de las empresas es naturalmente parcial y defiende sus intereses, otras voces han mostrado también su preocupación. Reporteros sin Frontera, por ejemplo, ha criticado el cierre de emisoras en Venezuela y lamentó la sentencia contra el diario ecuatoriano El Universo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA), consideró innecesario y desproporcionado que el presidente Correa recurriese a la justicia para tratar este caso, advirtiendo que esa práctica puede llevar a la censura indirecta por su efecto amedrentador. Human Right Watch (HRW), afirmó que esta condena viola las obligaciones internacionales de derechos humanos de Ecuador.

La condena penal de quienes critican al presidente es un ataque frontal a la libertad de expresión”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Igual situación puede suscitarse en Venezuela, donde la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión prohíbe la transmisión de mensajes que puedan incitar y promover el odio y la intolerancia por razones políticas.

Proliferan las leyes de medios en América Látina
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