Dos reformas
A decir de los líderes de los principales partidos políticos mexicanos en el Senado, esta semana se aprobará en la Cámara Alta una serie de iniciativas como parte de la una y otra vez aplazada reforma política de México. Siguiendo las declaraciones del priista Manlio Fabio Beltrones, la miscelánea aprobada no consistirá en el decálogo planteado por el gobierno de Felipe Calderón en 2009 ni coincidirá totalmente con las propuestas de la oposición, sino que será una especie de solución de compromiso que mostraría una voluntad de acuerdo entre los partidos que hay que celebrar (sin estridencia). Una de las iniciativas que serán previsiblemente aprobadas antes del viernes es un tema reclamado desde hace años como forma de romper el monopolio partidista de los cargos de elección popular en el país: las candidaturas independientes.
"Los narcocandidatos son una posibilidad real"Al mismo tiempo, el lunes 25 de abril, ocupó primeras planas una declaración del abogado José Luis Vargas Valdéz, titular de la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales): "los narcocandidatos son una posibilidad real", un titular que provocó que hoy mismo un columnista que usa pseudónimo titulara su columna como "los narcos quieren votar".
Aunque no es la primera vez en el año que la FEPADE llama la atención sobre la posibilidad de que los narcos "sitien los comicios" de 2012, creo que estas declaraciones del fiscal Vargas serán las que más eco provoquen por su coincidencia con la inminente reforma política, pues seguramente repercutirán en el nivel de aceptación o rechazo del nuevo tipo de candidaturas planteado. Y así, el debate sobre la relación entre elecciones y narcotráfico vuelve a detonarse.
Las candidaturas independientes: beneficios y riesgos
El reclamo por los llamados candidatos ciudadanos o independientes consiste básicamente en poder postular candidatos ajenos a los partidos. Quizá para el lector español parezca una discusión hasta cierto punto ociosa, pues no se trata de algo nuevo, pero lo cierto es que como apunta el politólogo Fernando Barrientos, en democracias en proceso de consolidación este tipo de candidaturas (salvo excepciones) no han traído tan buenos resultados, lo que llama al debate, aún al margen de las declaraciones del fiscal Vargas Valdéz.
Entre los argumentos a favor de la iniciativa, el más fuerte es el del fin del monopolio de la representación política. Es francamente difícil defender la exclusividad del derecho a competir por cargos de representación popular para los individuos que militen en un partido político. Como señala la profesora María Amparo Casar, "puede armarse un razonamiento sólido para demostrar que la prohibición de las candidaturas independientes constituye una limitación no válida a los derechos políticos de un individuo".
En términos concretos, creo que este instrumento puede liberar tensiones entre la ciudadanía y brindar mayor legitimidad al sistema político. Además, como señala el analista Fernando Dworak, el ingreso de candidatos independientes a la competencias política haría que los partidos tengan que aclarar y enriquecer sus planeamientos y ofertas.
Con todo, es evidente que estas candidaturas no son la solución a la crisis de representación mexicana, y habría que ser muy ingenuos para asumir que estos candidatos "ciudadanos" serán, por el simple hecho de no pertenecer a ningún partido, mejores legisladores o gestores (o, yendo ya a por todas, mejores personas). Lo que sí se ha mostrado en la experiencia internacional es que estos candidatos pueden ser muy exitosos en cargos ejecutivos y locales pero no tanto como legisladores, dado que los parlamentos suelen descansar en grupos políticos partidistas que son los que deciden la asignación de espacios, recursos y lugares en comisiones.
Por el lado de las críticas a estas candidaturas, estas han venido especialmente de tres frentes. Apuro los dos primeros y me centro en el último.
En primer lugar, cabe preguntarse ¿a quién representa un independiente? Fernando Barrientos responde: o puede aducir representar solo a un sector muy reducido de la población (cosa que no lo diferenciaría gran cosa entonces de cualquier otro político), o a ese ente prácticamente imposible de identificar denominado "el pueblo" y pasar a convertirse en un outsider que interpreta la voluntad popular a su modo, un caso raro pero muy dañino para la democracia cuando llega a presentarse.
En segundo lugar, un tema más concreto: ¿cómo controlar o evaluar a un independiente? La no pertenencia a un partido vuelve más difícil la rendición de cuentas de un independiente en un sistema como el mexicano en el que la reelección consecutiva como herramienta para el premio y el castigo no está permitida. Sin reelección, la forma más sencilla de "castigar" a un mal representante es no votar por su partido en la siguiente elección. Pero si el político en cuestión no tiene un partido detrás, hasta este recurso, tan difuso como es, se desvanece.
La financiación de los independientes: ¿puerta abierta al narco?
El último frente de la crítica es por medio del cual podemos entrar de lleno en el tema de la relación entre democracia y narcotráfico: la financiación de los independientes.
¿Quién financiaría la campaña de un candidato independiente? A falta de los reglamentos de la medida todavía no aprobada, parece sensato suponer que buena parte del financiamiento habrá de correr por cuenta del propio candidato. Si este no cuenta con dinero suficiente para sufragar su campaña (situación más que probable dado sus elevados costos) tendrá que recurrir a terceros. Entre estos financiadores estarán seguramente sus allegados, quienes confían en él y comparten su proyecto, y finalmente quienes lo financian porque esperan algo a cambio de su apoyo económico.
Es por esta tercera categoría de financiadores que se ha argumentado que los independientes pueden terminar por ser representantes directos de lo que en México hemos venido llamando los "poderes fácticos": televisoras, empresas, grupos políticos semilegendarios, y cómo no, el crimen organizado.
Siendo el crimen organizado y el narco poderes fácticos ineludibles, el riesgo de su infiltración en la institucionalidad por medio de candidatos independientes es real. Basta pensar en lo que ocurrió en Italia, ejemplo que utiliza Barrientos, donde la Mafia y la Camorra se infiltraron en los gobiernos locales por medio, aunque no exclusivamente, del financiamiento de independientes, especialmente en comunidades pequeñas, aisladas de las grandes ciudades. Comunidades de ese tipo, necesitadas de infraestructura y servicios a donde el Estado no llega más que en la forma de uniformados armados, hay muchas en México. No solo en territorios fronterizos como Ciudad Juárez o Tamaulipas, sino en zonas de añeja producción de droga como Michoacán y la cuenca del río Balsas, en el suroeste, prácticamente aisladas del resto del país por la falta de vías de comunicación.
Ahora bien, el contraargumento de los defensores de las candidaturas independientes no es menos efectivo: ¿qué candados hay que aseguren que los actuales legisladores o presidentes municipales no estén ya "maiceados" por los poderes fácticos y el crimen organizado? El razonamiento es sencillo y aplastante: es imposible desligar el fenómeno del crimen organizado con los procesos electorales no solo futuros sino presentes; luego, el problema, aunque implicaría a las eventuales candidaturas independientes, las trasciende. Ejemplos: hay quien dice que la empresa Televisa tiene ya su propia bancada en el Congreso; la poderosa líder vitalicia del Sindicato Nacional de Maestros ha creado su partido, al que maneja como a su feudo particular; y después de todo, uno de las justificaciones de la guerra de Calderón fue que la penetración del narco en las instituciones había llegado ya a cotas inadmisibles...aunque no se haya detenido a ningún político de peso hasta la fecha. Cuando se realizó una operación tan mediática como la detención de decenas de funcionarios michoacanos la cosa derivó en un zafarrancho con fabricación de pruebas incluida y terminó con la liberación de todos los acusados menos uno.
¿Qué se puede hacer? Trabajar en la transparencia y fiscalización de la financiación pública y privada de partidos y candidatos independientes, eso es seguro. Y ¿atribuir más facultades a la FEPADE? Volvamos al fiscal Vargas Valdéz.
La ampliación de facultades de la FEPADE: ¿conveniente y factible?
El titular de la fiscalía afirma que el crimen organizado es un poder fáctico que busca influir y colocar candidatos en los procesos electorales. Como respuesta propone algo ambicioso: ampliar el margen de delitos electorales perseguibles por la fiscalía de 168 a 553 para los comicios presidenciales del 2012. Se justifica: estima (no explica en qué se basa) que en 2012 habrá un incremento del 100 por ciento respecto a los delitos electorales denunciados en las elecciones de 2010, más de dos mil en total.
Algo de razón tiene: en los 16 años que lleva funcionando la fiscalía, los delitos electorales se han sofisticado más rápido que el código que los tipifica y la institución que los persigue. Los delitos relacionados con el crimen organizado en las elecciones (intimidación en las casillas por medio de rondines de hombres armados, robo de urnas a por la vía armada, y el que nos ocupa preferentemente en este artículo: la aportación de recursos ilegales a campañas) son solo una de las aristas del grupo de ilícitos actualmente no contemplados.
Sin embargo, me gustaría plantear dos cuestiones: ¿esta ampliación de facultades es conveniente? ¿Es factible?
Lo primero. La Fiscalía, que tiene como mandato perseguir a los delincuentes electorales, tiene una historia de parcialidad e irresponsabilidad ante los delincuentes poderosos, especialmente durante 2006, cuando su titular era María de los Ángeles Fromow. Una muestra de ello fueron los millones (al menos 7) de correos electrónicos con propaganda negativa hacia un candidato presidencial enviados desde dependencias públicas, ante los cuales la fiscalía se declaró incompetente y quedaron sin sanción. Lo anterior lo afirma Sergio Aguayo, pero no es el único. Los investigadores Fox y Haight, en un estudio sobre el uso de programas sociales para fines electorales, concluyen que la FEPADE carece de capacidad para responder a las denuncias ciudadanas y que muy pocas de estas terminan en sanciones. El mensaje era claro ya en 2006: denunciar delitos electorales no produce resultados y sí un riesgo considerable. Ahora imaginemos esta mecánica en una elección con un clima de violencia e inseguridad como el previsible en 2012. En resumen, sí, la FEPADE tiene serias limitaciones jurídicas, pero también ha demostrado una falta de compromiso para cumplir con lo esencial de su mandato que dificultará justificar ante la opinión pública una ampliación importante de sus facultades.
Lo segundo. Termina el mes de abril y el periodo ordinario de sesiones en el Congreso está a punto de agotarse. Todo ello disminuye las posibilidades de votar y aprobar esta reforma de tercera generación para la FEPADE, para que esta se aplique en las elecciones de 2012. Precisamente la cercanía de estos comicios juega en contra de la reforma, pues su proximidad hace que los partidos pierdan incentivos para colaborar. Como tantas otras, la reforma que busca dotar a la FEPADE de más herramientas (sin que por el momento se debata su autonomía) puede muy bien quedarse en el congelador.
En suma, aunque los problemas que causa la coexistencia entre violencia, crimen organizado y elecciones son graves y los intentos de atajarlos antes de 2012 son celebrables, las soluciones con las que contamos distan mucho de ser ideales. Por lo demás, la aprobación o el rechazo de las candidaturas independientes y de la reforma de la FEPADE dependerán no solo de la presión que los ciudadanos hagamos en uno y otro sentido, sino de los acuerdos entre los legisladores. Seguramente pronto sepamos la respuesta. Esperando lo mejor, la experiencia suele dar la razón en estos casos a los escépticos y cautelosos.
