sábado 27/11/21
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

El Gobierno argentino intervine la empresa del presunto testaferro del vicepresidente

La imprenta había sido contratada por la Casa de la Moneda para imprimir los billetes con la cara de Evita.
Cristina Fernández presentando el nuevo billete de 100 pesos que lleva la imagen de Evita.

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el gobierno de Cristina Fernández declaró “de utilidad pública y sujeta a expropiación” a la Compañía de Valores Sudamericana, más conocida con su antiguo nombre de Ciccone Calcográfica, que ha estado en los últimos meses en el centro de uno de los grandes escándalos de este gobierno. Ya se ha enviado al Senado un proyecto de ley para la expropiación, que se empezará a tratar esta misma semana. Entretanto, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, encabecerán la intervención de la empresa.

Las razones esgrimidas por el Ministerio de Economía no hacen referencia al escándalo, sino “a la necesidad de recuperar competencias indelegables e insustituibles del Estado”, como es la acuñación de moneda. “El Estado debe mantener la soberanía monetaria y por ello es imprescindible concentrar la fabricación de dinero circulante”, señala un comunicado. Unas razones contradictorias, ya que hace solo cuatro meses la empresa había empezado a fabricar los nuevos billetes de 100 pesos con la cara de Evita.

La imprenta, que tuvo una maquinaria avanzada capaz de fabricar documentos legales, billetes de lotería y notas bancarias, tiene una larga historia, pero entró en quiebra después de una operación fallida con China. Sus dueños pidieron moratorias fiscales que no les fueron concedidas y tuvieron que vender. Los nuevos responsables, por el contrario, sí encontraron todo tipo de facilidades para el saneamiento y la continuidad del negocio. El problema surgió cuando se denunció que los nuevos dueños estaban ligados al vicepresidente, Amado Boudou. Laura Muñoz, una exesposa despechada denunció que Alejandro Vandenbroele, cabeza visible de un desconocido fondo de inversión, era un testaferro del vicepresidente, que habría actuado a favor de la empresa cuando era ministro de Economía.

A partir de esta denuncia, a principios del pasado mes de febrero, comienzan a surgir evidencias que llevan a la justicia a investigar a la segunda autoridad del estado argentino por negociaciones incompatibles con su función y enriquecimiento ilícito. Vandenbroele y Boudou aseguran no conocerse, a pesar de tener un amigo común, José María Núñez Carmona, reconocido por el vicepresidente como su socio en varios negocios. Pero hay más indicios: Vandenbroele ocupó y pagó el alquiler de un piso en Puerto Madero, propiedad del vicepresidente. El hermano del vicepresidente y su mujer hicieron varios viajes pagados por la empresa ahora intervenida. Y el propio Boudou le alquila un piso –más grande que el de su propiedad- a una empresa ligada a Ciccone en el mismo barrio de Puerto Madero.

El caso se llevó por delante al Procurador General de la República, Esteban Righi, horas después de que la justicia allanase uno de los pisos de Boudou, en busca de evidencias. Allí encontraron que Vandenbroele había pagado el teléfono y algunas otras cuentas del piso que ocupa el vicepresidente. También está involucrado e investigado por la justicia el titular de la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos), Ricardo Echegaray, que fue quien concedió las ventajas fiscales a los nuevos dueños, pero con la aprobación de Boudou.

En concreto, en 2010 la AFIP le otorgó a la empresa una moratoria para pagar sus deudas fiscales de 148 cuotas (12 años, un período excepcionalmente largo) con un interés del 0,5 %. En un país con el 25 % de inflación, las condiciones fueron más que privilegiadas.

También fueron apartados de la causa el juez y el fiscal, después de una conferencia de prensa –que no fue tal, porque al final no admitió preguntas- en la que Boudou denunció que todo era una operación mediática. Ni el vicepresidente ni nadie del gobierno respondieron sobre el caso a ningún periodista independiente. Y hasta se llegó a modificar las normas para el acceso al Registro de la Propiedad Inmueble, hasta ahora públicos, una vez que el diario Clarín intentó conocer datos sobre los bienes del vicepresidente y su familia.

Aunque había al menos tres proyectos de ley de la oposición para expropiar la ex Ciccone, algunos dirigentes opositores denuncian ahora que se podría tratar de una maniobra para encubrir u ocultar la corrupción que envuelve al caso. Y se subraya que Katya Daura, titular de la Casa de la Moneda y co-interventora de la empresa hasta que se concrete la expropiación, es amiga personal del vicepresidente.

El escándalo ha tenido un costo político importante para el gobierno. El vicepresidente se ha convertido en un pasivo para la imagen gubernamental, aunque todavía aparece en los numerosos actos de la presidente en primera fila, siempre sonriente e inmune a todos los cuestionamientos.

El Gobierno argentino intervine la empresa del presunto testaferro del vicepresidente
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