La última encuesta sobre intención de voto en Nicaragua da un apabullante 56,5 % a Daniel Ortega, que pretende reelegirse en las elecciones del próximo 6 de noviembre. El sondeo, que se hizo público este lunes, 25 de julio, fue efectuado por la firma M&R Consultores y marca una progresión de Ortega, ya que en abril contaba con un 47,8 %. Le siguen Fabio Gadea, de Unidad Nicaragüense por la Esperanza, con 14,1 % y el ex presidente conservador Arnoldo Alemán, con apenas un 5,8 %.
De mantenerse estas cifras, Ortega ganaría sin tener que recurrir a una segunda vuelta: la ley dice que es suficiente tener un 40 % de los votos, o 35 por ciento y cinco puntos de ventaja sobre el segundo. Ortega logró optar a un segundo mandato consecutivo gracias a que magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia declararon inaplicable la norma constitucional que prohíbe la reelección inmediata y, en cualquier caso, un tercer mandato, impedimentos que le cabe en ambos casos.
Estas elecciones son sumamente controvertidas no solo por la cuestión de la legalidad de la candidatura de Ortega, sino también por la transformación del sandinismo en un orteguismo cada vez más personalista. De los comandantes históricos que ganaron la Revolución hace 32 años, solo Tomás Borge (embajador en Perú) y Bayardo Arce (asesor de Ortega), continúan al lado del mandatario.
Importantísimas figuras del sandinismo histórico, como Sergio Ramírez, los hermanos Ernesto y Fernando Cardenal, Mónica Baltodano, Henry Ruiz, Víctor Hugo Tinoco, Dora María Téllez, Herty Lewites, o Víctor Tirado López, integran agrupaciones como el Movimiento Renovador Sandinista y el Movimiento de Rescate del Sandinismo, llegando a denunciar a Ortega por usurpar el nombre del FSLN.
Lo cierto es que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se han desecho de cualquier opositor interno y han construido una estructura de poder político, mediático y empresarial que parece muy lejos de los ideales que sirvieron para derrotar la sangrienta dictadura de Anastasio Somoza. “A veces el orteguismo supera al somocismo”, dijo recientemente Henry Ruiz, uno de los comandantes históricos, añadiendo que Ortega es tan dictatorial como el hombre al que derrocó. Mónica Baltodano, otra dirigente histórica, señalaba por su parte que el de Ortega es la continuación de anteriores gobiernos neoliberales, con la diferencia de que éstos al menos habían aceptado el principio de la alternancia en el poder.
Sirva como ejemplo el imperio mediático de la familia Ortega. Con la compra reciente del Canal 13, controlan seis de las ocho frecuencias de televisión abierta del país y tiene asignadas dos frecuencias de cable. Además controlan cuatro estaciones de radio en Managua, revistas y portales de Internet. Todos, manejados por la numerosa prole de la pareja presidencial.
Rosario Murillo, la esposa de Ortega, ejerce un creciente poder desde su despacho, situado al lado del de su marido. Controla organizaciones como los Consejos del Poder Ciudadano, con presencia en todos los municipios del país, que son los encargados de distribuir la ayuda social, básicamente el dinero que llega de Venezuela y que no tiene ningún tipo de fiscalización. Lógicamente, también se ocupa de movilizar a los receptores de esta ayuda, como lo indica el manual clásico del clientelismo.
“Es prácticamente la Primera Ministra de mi gobierno”, llegó a admitir Daniel Ortega. En un reciente informe de la revista Envío, editada por la Universidad Centroamericana de Managua (jesuita), se afirma que coordina toda la comunicación del gobierno, es portavoz oficial de la presidencia, coordina las sesiones del gabinete ministerial, la estructura partidaria y las acciones del gabinete social. También tiene el poder para deshacerse de competidores internos, como demuestra la caída en desgracia de Lenín Cerna, responsable del aparato electoral del Frente, pero que antes fue todopoderoso responsable de los servicios secretos y un viejo amigo de Daniel Ortega, con el que compartió largos años de cárcel durante el somocismo.
Como telón de fondo, nadie oculta el temor al fraude. Rodrigo Barreto, ex secretario general del CSE (Consejo Supremo Electoral), admitió que lo hubo en las elecciones municipales del 2008, lo que era vox populi, y en las regionales del 2010 en la Costa Atlántica. El gobierno todavía estudia si aceptar observadores electorales de la Unión Europea y definitivamente rechaza los de la OEA.
