Amnistía Internacional (AI) ha acusado a las fuerzas de seguridad de Bahréin de utilizar "fuego real y fuerza extrema" durante la represión de las manifestaciones, lo cual ha causado la muerte de al menos ocho personas, y ha asegurado que, en el periodo 2006-2010, España exportó a Bahréin armas por valor de casi 19 millones de euros, por lo que ha instado al Gobierno español a suspender "de forma inmediata" toda transferencia de armamento a este país.
La organización hizo públicas este jueves las conclusiones del equipo de investigación -formado por dos investigadores de la organización y un médico estadounidenses especializado en atención de urgencia y salud pública- de Amnistía Internacional que visitó Bahréin entre el 20 y el 26 de febrero.
El informe, que se basa en entrevistas a testigos de los violentos sucesos de mediados de febrero, víctimas y familiares de víctimas, personal hospitalario y del depósito de cadáveres, funcionarios del Estado y activistas de Derechos Humanos, denuncia el "uso brutal y excesivo de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad "para reprimir las manifestaciones pacíficas en el país".
La publicación del informe, titulado 'Sangrando pero incólumes: violencia estatal injustificada contra manifestantes bahreiníes", coincide con el incremento de la violencia en el país, agravada por la reciente incursión militar de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y por la declaración del estado de emergencia por parte del rey.
Asimismo, el documento demuestra que "las fuerzas de seguridad utilizaron munición real y fuerza extrema contra los manifestantes sin previo aviso y pusieron obstáculos y agredieron a personal médico que intentaba ayudar a los heridos", aseguró AI.
"Es alarmante ver cómo las autoridades de Bahréin recurren de nuevo a las mismas tácticas que utilizaron contra los manifestantes en febrero, pero a una escala aún mayor", declaró el director de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y África del Norte, Malcolm Smart.
"Parece que el Gobierno ha decidido que la manera de hacer frente a las protestas es a través de la represión violenta, una posición totalmente insostenible y un ejemplo inquietante en una región donde otros Gobiernos se enfrentan también a manifestaciones populares que piden un cambio", prosiguió.
"Las autoridades deben ejercer el debido control sobre las fuerzas de seguridad y respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, incluido el derecho de manifestación pacífica", advirtió Malcolm Smart.
MUNICIÓN REAL A CORTA DISTANCIA
Según el médico estadounidense Hani Mowafi, que formaba parte del equipo de Amnistía Internacional, las heridas graves y mortales que mostraban las víctimas de la violencia en febrero revelan que las fuerzas de seguridad "habían utilizado munición real a corta distancia, disparado balas de mediano y gran calibre con fusiles muy potentes y apuntado, aparentemente a la cabeza, el pecho el abdomen de los manifestantes". También se dispararon balas de calibre mediano a grande con fusiles de alta potencia el día 18 de febrero.
El episodio más violento se produjo el 17 de febrero de madrugada, cuando murieron cinco personas. Algunos testigos contaron a Amnistía Internacional que los carros de combate habían bloqueado el acceso a la glorieta de La Perla, en Manama, mientras la Policía utilizaba munición real y escopetas, además de gas lacrimógeno, porras y balas de goma, para dispersar a los manifestantes, muchos de los cuales estaban acampados allí.
Un testigo contó que la Policía antidisturbios disparaba desde distintos ángulos, incluido un puente que se eleva sobre la glorieta, mientras al gente corría desesperada para ponerse a cubierto. Entre los heridos, según el informe, había trabajadores médicos "claramente identificables como tales", que fueron atacados por la Policía mientas atendían a los heridos en la glorieta o cera de ella.
El pasado 3 de marzo, el ministro de Desarrollo Social de Bahréin, de visita en Londres, aseguró a Amnistía Internacional que su Gobierno había abierto una investigación sobre los homicidios, de la que se informaría directamente al rey, y que dos miembros de las fuerzas de seguridad habían sido puestos bajo custodia. Amnistía Internacional pide una investigación independiente que sea transparente y rigurosa.
"Todas las acciones de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes desde febrero deben ser plena e independientemente investigadas", advirtió Smart. "No debe haber impunidad ante los homicidios indiscriminados, agresiones y otros abusos contra los manifestantes y el personal médico", agregó.
ARMAS EXTRANJERAS Y ESPAÑOLAS
Entre los proyectiles identificados por el equipo de Amnistía Internacional tras el asalto del 17 de febrero a la plaza de La Perla s apreciaron botes de gas lacrimógeno de fabricación estadounidense, balas goma de 37 mm de fabricación estadounidense, granadas de gas lacrimógeno de fabricación francesa y granadas de "dispersión" de goma de fabricación francesa, que se parten en 18 trozos y producen un fuerte efecto sonoro.
Por ello, Amnistía Internacional ha pedido a los Gobiernos que suministran armas a Bahréin "que suspendan de inmediato la transferencia de armas, munición y material conexo que puedan utilizarse para cometer nuevas violaciones de Derechos Humanos y revisen con urgencia todas las operaciones de suministro de armas y adiestramiento al Ejército, las fuerzas de seguridad y la policía de Bahréin".
Tras el uso por parte de las fuerzas de seguridad bahreiníes de fuerza injustificada contra manifestantes, recordó AI, el Gobierno británico ha anulado algunas licencias de exportación de armas a Bahréin, y las autoridades francesas han suspendido la exportación de equipo de seguridad al país.
Por otra parte, datos oficiales del Ministerio de Industria citados por Amnistía indican que España ha exportado armas a Bahréin por valor de 18.971.067 euros entre los años 2006 y 2008 en la categoría 4 (Bombas, torpedos, cohetes, y misiles). En 2009 y primer semestre de 2010 no hubo exportaciones. Todavía no se han hecho públicos los datos del segundo semestre de 2010.
Ante la situación que vive Bahréin, en la que se han documentado el uso excesivo de la fuerza y gravísimos abusos a manos a las fuerzas de seguridad, Amnistía Internacional insta al Gobierno español a "suspender de forma inmediata toda transferencia de armamento a este país, incluyendo municiones y explosivos, y otros materiales utilizados por la policía antidisturbios y las fuerzas de seguridad en Bahréin".
La organización también solicita que se lleve a cabo una revisión "urgente e integral" de todas las transferencias de armas y formación a las fuerzas militares, policiales y de seguridad de Bahréin, con el objetivo de asegurar que no se autoriza ninguna transferencia si existe un riesgo sustancial de que pueda ser utilizada para la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos.
