@jgonzalezok / El año termina en Argentina con una nueva y grave crisis institucional, que enfrenta al gobierno y a la Justicia, un clásico en los distintos gobiernos peronistas, especialmente en su versión kirchnerista.
El presidente Alberto Fernández anunció que no acatará un fallo de la Corte Suprema relativo a fondos que sustrajo a la ciudad de Buenos Aires, señalando que era de imposible cumplimiento, y anunciando que recurrirá. Para alguien que hace gala de su condición de jurista de la Universidad de Buenos Aires es peligroso que no sepa que el máximo tribunal del país es la última instancia y que no cabe sino acatar sus fallos.
Su anuncio de que recusaría a los jueces también es improcedente, ya que la ley establece que tal cosa solo se puede plantear antes de la sentencia.
La Corte estableció que el gobierno central debe restituir a la ciudad autónoma de Buenos Aires -gobernada por la oposición- los millonarios fondos de los que fue despojada hace algo más de dos años por decreto, poniendo en cuestión los principios del federalismo establecidos en la Constitución. Los recursos en disputa son parte de lo que se llama fondos de coparticipación federal: determinados impuestos, recaudados por el Estado, se reparten entre el propio Estado central -que se queda con el 50 %- y el resto los reparte en porcentajes más o menos proporcionales, entre el resto de las provincias.
Entre los argumentos de la Corte Suprema figura que la reducción drástica de recursos a la capital federal se dio sin acuerdo previo
Cuando el presidente decidió cambiar las reglas de juego para la ciudad de Buenos Aires, en lo que hace al reparto de estos fondos, la provincia de Buenos Aires vivía un motín policial por motivos salariales. Fernández, entonces, decidió que el tema se resolvía haciendo esa maniobra. Ahí mataba dos pájaros de un tiro: solucionaba la protesta policial, dando al gobernador los fondos que precisaba para pagar los sueldos de los policías, y castigaba al principal reducto político de la oposición. Tanto entonces como ahora son visibles las huellas de la vicepresidenta en tan polémicas medidas.
El porcentaje que le correspondía a la ciudad de Buenos Aires en el reparto de los impuestos coparticipables estaba establecido tradicionalmente en el 1,4 %. Pero en el año 2016, durante el gobierno de Macri, la ciudad autónoma de Buenos Aires se hizo cargo de la seguridad pública en materias no federales, asumiendo la totalidad del personal, organismos, competencias, servicios y bienes. Para financiar esto, se le aumentó a la ciudad el monto de impuestos coparticipables, de 1,4 % a 3,75 %, ajustándose el año siguiente al 3,5 %. El dinero salía de partidas nacionales, no de las otras provincias.
Entre los argumentos de la Corte Suprema figura que la reducción drástica de recursos a la capital federal se dio sin acuerdo previo, en partidas destinadas a un servicio esencial que la ciudad no puede dejar de prestar, como es el caso de la seguridad. Y rechaza que los fondos que deban volver a la ciudad sean del resto de las provincias, que seguirán recibiendo el porcentaje estipulado.
Con el anuncio de que el gobierno no acatará el fallo del máximo tribunal, el presidente está poniendo en riesgo el orden legal y está actuando según la lógica de Cristina Kirchner, su vicepresidenta, que tiene en la provincia de Buenos Aires su principal bastión electoral, y prosigue su ofensiva sin cuartel contra la Justicia, que ya la condenó por corrupción. El editor general del diario Clarín, Ricardo Roa, escribió: “Como no podía ser tanta alegría (en referencia al mundial de fútbol), el gobierno inventó otra crisis”.
El constitucionalista Alejandro Carrió recordó que las sentencias de la Corte son inapelables: “La Constitución Nacional dice en sus artículos 116 y 117 que la Corte Suprema tiene la última palabra, no hay reclamo posible. Si quieren romper las reglas de la República todo se volvería ingobernable. Si quieren pagar ese precio, adelante, pero es un precio muy alto”.
No solo en el campo político se suman las expresiones de preocupación por la postura del gobierno. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que “todo el edificio de la República” reposa en la obligación de respetar las decisiones del Poder Judicial. Y alumnos de derecho de la agrupación Franja Morada (que responde al partido de oposición Unión Cívica Radical), hicieron público un comunicado pidiendo su suspensión como profesor de la Facultad, donde da clases como profesor adjunto interno de la materia Teoría general del delito: “No respetar un fallo porque no le gusta lo que dispone es incompatible expresamente con el artículo 36 de la Constitución” y un atentado contra el orden constitucional y la vida democrática.
Alberto Fernández, además, olvida todo lo que dijo cuando no estaba subordinado a Cristina Kirchner, en los diez años transcurridos desde que dejó su gobierno -era jefe de Gabinete- hasta ser ungido por la ahora vicepresidente. Dijo, por ejemplo, en un mensaje en Twitter, el 11 de junio de 2013: “Si CFK (por Cristina Fernández de Kirchner) no entiende por que (sic) la Corte es un contrapoder deberíamos averiguar quien la aprobó en Derecho Constitucional. Basta de sofismas”. Poco antes había asegurado en una entrevista que Cristina buscaba subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
El Presidente Alberto Fernández, el Ministro del Interior Wado de Pedro, el Jefe de Gabinete Juan Manzur, el Ministro de Economía Sergio Massa y otros funcionarios ya han sido denunciados penalmente por dirigentes opositores por cargos como sedición, desobediencia judicial, alzamiento e incumplimiento de deberes de funcionario público: “Resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultad adverso a sus pretensiones”, se afirma en una de las denuncias.
También fue acusado Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco -antiguo jefe de Gabinete de Cristina Kirchner-, por instigar al presidente a desconocer el fallo del Supremo. Dicho gobernador había dicho en declaraciones a un canal de televisión: “El presidente debe desconocer ese fallo, esto implica conflicto de poderes y también implica discutir un juicio político a los miembros de la Corte Suprema (…) Es lo que corresponde porque no puede la Corte Suprema seguir funcionando como el resguardo del poder corporativo”.
No es la primera vez que un gobierno peronista ignore a la Corte Suprema
El gobierno viene cosechando una serie de derrotas en el campo judicial, que sirven para alimentar el discurso de la confrontación. Empezando por la condena a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el primer caso que enfrenta por corrupción. Hace unos días, la Corte Suprema también confirmó la condena a 13 años de prisión para la dirigente kirchnerista Milagro Sala, en una de las causas que tiene abiertas. Y la Corte falló en contra de la maniobra que orquestó en el Senado el gobierno para tener más representantes de los que le corresponde en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona a los jueces.
No es la primera vez que un gobierno peronista ignore a la Corte Suprema. En 1995, ocho años antes de llegar a la presidencia y cuando Néstor Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz, desplazó al procurador general (fiscal) Eduardo Sosa, que le estaba siendo incómodo porque investigaba al propio gobernador. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia, primero, y la Corte Suprema después, dictaminaron en cuatro ocasiones que debía ser repuesto en el cargo, cosa que nunca sucedió.
La Corte Suprema, a la que el gobierno acusa de ser un instrumento político de la oposición, también perjudicó al presidente Macri al comienzo de su gobierno. Solo unos días después de asumir la presidencia, la Corte falló a favor de tres provincias por otro decreto del 2001 -gobierno de Fernando De la Rúa-, que les bajaba los recursos coparticipables. Los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner (2003 a 2015) no hicieron lugar a los reclamos de dichas provincias. Ante el fallo de la Corte, Macri no solo lo acató, sino que extendió el beneficio al resto de las provincias, que no habían judicializado el caso, a pesar del alto costo fiscal que representaba.
