@jgonzalezok | Sergio Massa, que este miércoles asumió la cartera de Economía, Producción y Agricultura, anunció una batería de medidas para enfrentar la gravísima crisis que enfrenta Argentina. Todas apuntan a un ajuste, un tabú para el peronismo, que alimenta la idea de que ellos son la izquierda nacional y popular. La vicepresidenta Cristina Kirchner ya dijo una vez que a su izquierda solo estaba la pared, aunque sea el populismo lo que más se ajusta al peronismo, incluso en su versión kirchnerista.
Lo anunciado por Massa se refiere a medidas de orden fiscal, buscando además aumentar el superávit comercial y el fortalecimiento de las reservas, actualmente en un paupérrimo nivel, de unos 2.000 millones de dólares. Además, se dará impulso a la quita de subsidios a la energía -incluso en una mayor proporción de lo que se había manejada hasta ahora-, que venía siendo resistida por el kirchnerismo. Como declaración voluntarista se anunció un desarrollo con inclusión, que promete mantener la protección para los casos de vulnerabilidad.
La principal promesa es que se cumplirá con el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de bajar este año el déficit al 2,5 % del PIB. El otro anuncio importante es que, en lo que queda del año, no se utilizarán Adelantos del Tesoro, es decir, se frenará la impresión desenfrenada de moneda sin respaldo. Se decide, además, congelar la contratación de nuevos trabajadores en el Estado -hace años que Argentina no crea empleo privado, solo público- y se tratará de poner orden en la maraña de planes asistenciales, gestionados por diferentes organizaciones sociales, sin un control efectivo por parte del Estado.
Es decir, medidas que marcan un cambio de rumbo importante, de signo ortodoxo y conservador. El giro es más que sorprendente si se tiene en cuenta que la reciente caída del primer ministro de Economía de Alberto Fernández, Martín Guzmán, fue consecuencia de la oposición del kirchnerismo a la firma del acuerdo con el FMI. Ahora se acepta cumplir con una de sus principales exigencias.
Pero a nadie debería sorprender este cambio de rumbo puesto que Sergio Massa, uno de los tres dirigentes de la actual coalición de gobierno (con Cristina Kirchner, vicepresidente, y el devaluado Alberto Fernández, presidente) si bien hace años milita en el peronismo, empezó su carrera política en la UCD, partido neoliberal que tuvo su pequeño minuto de gloria durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
Massa fue jefe de Gabinete en el primer gobierno de Cristina Kirchner durante un año (julio de 2007-julio de 2008), y poco tiempo después rompió con el kirchnerismo. Su reconciliación política se produjo poco antes de las elecciones del 2019 y en la negociación se aseguró que él sería el presidente del Congreso. Fue un acuerdo de conveniencia política, porque Massa siguió siendo un hombre con sólidos contactos en el empresariado y con importantes relaciones en el establishment, tanto nacional como internacional. Es decir, todo lo que rechaza el kirchnerismo.
Cómo se llegó a esta situación, después de que Cristina Kirchner le hiciera la vida imposible al presidente Alberto Fernández, que se resistía a las medidas populistas que ahora quiere enfrentar Massa, se explica por la profundidad de la crisis. El populismo sin recursos se ha demostrado inviable y mantener el rumbo conducía al abismo. Se ignoran los detalles de la negociación que sin duda hubo con la vicepresidenta, que no asistió a la asunción como ministro, aunque lo recibió la víspera en su despacho del senado, dando así un doble mensaje: apoyo, pero no cheque en blanco. Nunca va a atar su suerte al nuevo ministro, que además tiene aspiraciones políticas propias y eventualmente contrarias a las del kirchnerismo, y Cristina no asumirá un eventual fracaso, aunque formen parte del mismo gobierno.
En cualquier caso la vicepresidenta tiene ahora otro frente abierto que es prioritario, por encima de la crisis del país. Desde el lunes tiene que asistir al informe del fiscal en una de las causas por presunta corrupción, que la tienen como principal imputada. En la primera audiencia -se prevén un total de nueve-, la del lunes 1 de agosto, el fiscal Diego Luciani comenzó a desarrollar su acusación, que está siendo demoledora para Cristina Kirchner y el resto de los 11 acusados. Imputó a la actual vicepresidenta de encabezar una asociación ilícita de características singulares, “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”. La organización La Cámpora, que encabeza el hijo de Cristina, sacó un video amenazando: “Si la tocan a Cristina, qué kilombo (lío) se va a armar”, se escucha cantar a los jóvenes militantes.
Otra incógnita ante las medidas de ajuste del nuevo superministro de Economía es cómo van a reaccionar los movimientos sociales, que administran millones de planes sociales, ante la idea de que el Estado empiece a fiscalizar estos fondos. Y es que estos grupos, como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y otros, utilizan la gestión de los planes de dos maneras: por un lado, recaudan una suma millonaria, ya que les cobran -ilegalmente- una parte del magro beneficio a cada uno de los agraciados, pero también tiene una masa de gente con la que hacer clientelismo, miles de personas disponibles para movilizaciones con las que presionar al gobierno.
Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y líder del Frente Patria Grande (que integra la coalición de gobierno), amenazó con romper con el oficialista Frente de Todos en desacuerdo con las medidas anunciadas. Aunque tiene solo tres diputados, son vitales para mantener la mayoría en la cámara baja. Si se van el oficialismo dejaría de ser la primera minoría, pasando a tener 115 miembros, uno menos que el opositor Juntos por el Cambio. La resistencia a las nuevas medidas del gobierno también será fuerte entre otros movimientos de la izquierda trotskista, con una representación política insignificante, pero que tienen gran capacidad de movilización en la calle.
Falta poco más de un año para las elecciones (octubre del 2023) y el desafío es llegar enteros. El ministro de Economía del presidente Frondizi, el neoliberal Álvaro Alsogaray, lanzaba hace 63 años una consigna que se hizo famosa y que todo argentino recuerda: “Hay que pasar el invierno”. Ahora, Massa tiene un desafío mayor, deberá pasar algo más que el invierno, pero su fórmula no será muy distinta de la que aplicó Alsogaray en su momento.
