Los primeros anuncios de Javier Milei, presidente electo de la Argentina, confirman que el modelo de Estado cambiará radicalmente a partir del 10 de diciembre. Sufrirá un ajuste severo y empezará con casos emblemáticos. Los medios de comunicación públicos -Radio Nacional, Televisión Pública y agencia de noticias Télam, que tienen un total de 3.400 empleados- fueron los primeros señalados por Milei para ser privatizados, alegando que son un “mecanismo de propaganda”. Pero la lista será larga y también figura en cabeza la petrolera estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), que tiene una larga historia pasando de manos del estado a privados durante la presidencia de Carlos Menem, y de vuelta al Estado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
En la misma situación está Aerolíneas Argentinas, que Milei dice entregará a los trabajadores para que la gestionen “y ellos mismos hagan la depuración” para que la compañía compita libremente. Consideró que el personal de la línea aérea de bandera es muy cualificado, pero señaló que el problema es “la contaminación política”. La empresa nació estatal, fue privatizada por Menem y reestatizada en el gobierno de Cristina Kirshner. En los 16 años de los sucesivos gobiernos peronistas -con la interrupción del gobierno de Mauricio Macri- la empresa fue entregada llave en mano a La Cámpora, corriente interna del kirchnerismo.
Los sindicatos de trabajadores estatales están ya en estado de alerta ante la certeza de que los planes de Milei supondrán la pérdida de miles de puestos de trabajo. En los últimos años, mientras el sector privado formal no conseguía crear empleo, el Estado en todos sus niveles -estatal, provincial y municipal- era el único que permitía acceder a un trabajo de cierta calidad, aunque el acceso estuvo siempre condicionado por la militancia política. El 37 % de los trabajadores formales de la Argentina trabaja para el Estado y hay provincias en las que hay más trabajadores estatales que privados.
La misma preocupación por el futuro inmediato tienen las llamadas organizaciones sociales, que agrupan a piqueteros, integrantes de cooperativas y una multitud de organizaciones que reciben y manejan planes sociales. El Movimiento Evita, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Frente Popular Darío Santillán, el Polo Obrero, entre otros, adelantaron que combatirán en la calle los planes de Milei si cumple con sus promesas electorales de acabar con las ayudas a los sectores más necesitados. No hay que olvidar que para Milei “la justicia social es una aberración”.
El nuevo esquema del gobierno -que se reducirá a solo 8 ministerios-, prevé un Ministerio de Capital Humano, donde se integrarán como subsecretarías Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social, que hasta ahora tenían la categoría de ministerios.
Durante el gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019) ya se vivieron situaciones de máxima tensión con estos grupos, que paralizaron las calles cotidianamente. Pero no solo en el gobierno Macri se siguió esta práctica, que complica la vida cotidiana en Buenos Aires. En 2022, se registraron más de 9.000 piquetes en la capital, y este año la cifra ya se superó. Uno de los referentes más duros del mundo piquetero, Eduardo Belliboni (Polo Obrero), declaró: “Vamos a salir a la calle con toda nuestra fuerza para combatir las propuestas anti derechos de Milei”.
El líder de la Corriente Clasista y Combativa, Carlos Alderete, le dijo a Clarín: “Vamos a estar en la calle, convencidos de lo que tenemos que enfrentar. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades. El pueblo votó enojado y tiene razón, pero va a salir a defender los derechos”.
El presidente electo afirma que no tolerará las protestas: “En mi gobierno voy a meter presos a los piqueteros. Hay que cumplir la ley, la calle es para transitar”
Pero el presidente electo ya dijo que no tolerará estas protestas: “En mi gobierno voy a meter presos a los piqueteros. Hay que cumplir la ley, la calle es para transitar”, anunció en la campaña. Acudió incluso a una frase histórica de Perón: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”. Y aseguró que mantenía conversaciones con el alcalde electo de Buenos Aires, Jorge Macri (primo del ex presidente), para garantizar el orden en las calles de la capital.
Entretanto, el presidente electo comunicó este lunes que no tenía todavía prevista ninguna reunión con el presidente saliente, Alberto Fernández, al parecer por diferencias sobre el lugar y el horario del encuentro. Añadiendo que hasta el 10 de diciembre, el presidente y el ministro de Economía, Sergio Massa, “son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos”. Esta referencia es una respuesta a las palabras del candidato derrotado, Sergio Massa, el mismo domingo por la noche, en las que responsabilizaba a Milei por los posibles vaivenes en la economía en este período de transición. Tal alusión fue considerada como “una canallada” por parte de Milei. El presidente electo también consideró una gran irresponsabilidad la idea de Massa de abandonar el barco antes del 10 de diciembre, pidiendo una licencia como ministro de Economía. Al reconocer derrota, Massa llegó a anunciar su salida adelantada del gobierno pero volvió atrás en su decisión.
No se sabe todavía quién será el futuro ministro de Economía y Milei dijo que solo se sabrá el 10 de diciembre, cuando asuma el gobierno. Dijo que tiene el nombre decidido, pero no lo hará público para no exponerlo a presiones. Otros nombres del futuro gabinete sí se han filtrado, pero el esquema general del gobierno lo negocia con el ex presidente Mauricio Macri y su competidora en las elecciones, Patricia Bullrich, que se sumaron a su espacio después de la primera vuelta del 22 de octubre.
