@jgonzalezok / No ha pasado aún una semana desde el asalto de golpistas a la sede de los tres poderes en Brasilia, y las investigaciones llegan ya al ex presidente Jair Bolsonaro.
La Procuraduría General de la República (Fiscalía General), pidió al Tribunal Supremo, que aceptó el requerimiento, incluir al ex presidente en las investigaciones sobre los actos violentos del domingo 8 y quiénes instigaron los mismos. La iniciativa de la fiscalía se produjo después de que 80 de sus integrantes se lo plantearan al titular del organismo, Augusto Aras, que durante los 4 años de gobierno de Bolsonaro impidió que prosperaran todas y cada una de las acusaciones contra el entonces presidente.
Recuerdan los fiscales el historial de Bolsonaro, impulsando campañas de desinformación sobre las instituciones brasileñas y el proceso electoral del país, acusando sin pruebas de que las urnas electrónicas eran propensas al fraude.
La firmeza con la que la Justicia brasileña está encarando el caso queda de manifiesto en una parte del escrito del juez Alexandre de Moraes, al aceptar investigar a Bolsonaro: “La democracia brasileña no soportará más la repugnante política de apaciguamiento, cuyo fracaso fue ampliamente demostrado en la tentativa de acuerdo del entonces primer ministro inglés, Neville Chamberlain con Adolf Hitler”. El magistrado achacó también a Bolsonaro sostener falsas narrativas de fraude en el recuento de votos “pocos días después del acto de terrorismo doméstico ocurrido en la Explanada de los Ministerios”.
Esta medida es consecuencia del video que Bolsonaro publicó en sus redes sociales este pasado martes, con nuevas mentiras sobre las elecciones y el sistema electoral. En la grabación, un hombre identificado como el doctor Felipe Gimenez atacó la seguridad de las urnas electrónicas, sin ninguna prueba y contra todas las evidencias. Y se escucha que Lula no fue elegido por el pueblo, sino por el Supremo Tribunal Federal y el Tribunal Supremo Electoral. El video fue eliminado poco después.
Otro hecho de suma gravedad es el documento encontrado en la casa del que fuera su ministro de Justicia, Anderson Torres. Se trata de la minuta con un borrador de un decreto -que debía firmar Bolsonaro- para cambiar el resultado de la elección de octubre. El decreto preveía instaurar el Estado de Defensa -que la Constitución prevé para casos de grandes desastres naturales o de gran conmoción institucional- para cambiar el resultado electoral. Se aplicaría al Tribunal Superior Electoral (TSE), el organismo que defendió la limpieza de las elecciones frente a los intentos de deslegitimación del gobierno de Bolsonaro.
En un desayuno con periodistas este viernes, Lula dijo estar convencido de que la puerta del palacio fue abierta por alguien desde dentro, y que “el acceso de los golpistas fue facilitado por personas responsables de la protección de lugar”
El documento citaba de manera falsa abuso de poder y medidas ilegales por parte del TSE y determinaba la corrección de los resultados. Impediría el acceso de los integrantes del tribunal a la sede del mismo y autorizaba a quebrar el sigilo telefónico y de correspondencia de los jueces.
Se estima que el decreto podría haber sido pensado para después de la explosión de un camión tanque en el aeropuerto de Brasilia, el pasado 24 de diciembre, que afortunadamente fue descubierto a tiempo. Atentado que buscaba crear el caos y provocar una intervención militar. Todo lleva a pensar que Bolsonaro no dio el paso por no tener el apoyo que buscaba en los militares.
Para el ministro de Justicia, Flavio Dino, este documento es una pieza relevante y un elemento más en los planes golpistas, que comienzan el 30 de octubre, fecha de la segunda vuelta de las elecciones, en las que se produjo la derrota de Bolsonaro, y los sucesos del 8 de enero en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.
El ex ministro bolsonarista, cuya detención ha pedido la justicia por su presunta complicidad en los sucesos del 8 de enero, negó que hubiera intención de hacer realidad ese decreto. Torres pasó del ministerio de Justicia a la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia, aunque inmediatamente después viajó de vacaciones a los EE.UU.Tras conocer la orden de detención anunció que se entregaría a la Justicia, a su vuelta a Brasil. Su sucesor en el ministerio de Justicia, Flavio Dino, le dio un plazo hasta el lunes 16 para entregarse, bajo la amenaza de activar los mecanismos para su extradición.
Para la Justicia, el ex ministro de Bolsonaro fue cómplice, junto con el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha -apartado por 90 días por decisión judicial-, y con el comandante de la Policía Militar: “La omisión de las autoridades públicas, además de potencialmente criminal, es aterradora, pues los actos de terrorismo se revelan como una verdadera tragedia anunciada, por la absoluta publicidad de la convocatoria de las manifestaciones ilegales por las redes sociales y aplicaciones de mensajería”, señaló el auto del juez Moraes.
Entretanto, este viernes pidió declarar ante la Justicia el apartado gobernador Ibaneis Rocha, también sospechoso de complicidad en los acontecimientos del domingo 8. En su exposición complicó más a su subordinado, al asegurar que la responsabilidad de garantizar la seguridad ese día era de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Torres, y que él no fue informado de ningún riesgo. Dijo estar seguro que hubo sabotaje e hizo otra acusación que tiene incluso un mayor calado. Afirmó que el Ejército impidió la remoción del campamento golpista que llevaba semanas instalado frente al Cuartel General del Ejército, donde se gestó el asalto del domingo.
Se sabe que el presidente Lula está indignado con la actitud de los militares y, en concreto, con el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), responsable del Batallón de la Guardia Presidencial, unidad del Ejército responsable de la seguridad del Palacio de Planalto.
En un desayuno con periodistas este viernes, Lula dijo estar convencido de que la puerta del palacio fue abierta por alguien desde dentro, y que “el acceso de los golpistas fue facilitado por personas responsables de la protección de lugar”. Hay evidencias de que la víspera de la invasión el GSI redujo los efectivos militares en el lugar. Solo había 40 hombres para proteger el palacio, frente a los 700 invasores que lograron llegar al segundo piso. Los responsables, además, no reaccionaron de inmediato pidiendo refuerzos.
El presidente exigió que las Fuerzas Armadas cumplan como corresponde su papel de defensa de la soberanía y del pueblo brasileño, como establece la Constitución. Y añadió que las FF.AA. “no son el poder moderador, como ellas piensan que son”.
