En unos días se cumplirán 10 meses de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso y aún no es posible vislumbrar sobre qué bases se podría conseguir un final negociado o un alto el fuego temporal. Ucrania se juega su existencia como Estado soberano y el régimen de Putin, su supervivencia; por eso es tan difícil establecer un punto de encuentro. No parece que las armas puedan vencer al enemigo ni que la diplomacia permita diseñar un acuerdo aceptable; al menos, en un futuro próximo previsible.
La gran víctima de esta guerra no es la verdad, sino algo mucho más tangible e indiscutible: el pueblo ucraniano está pagando en vidas, destrucción de sus hogares y ciudades y masivos desplazamientos internos y hacia otros países, su determinación de defenderse y defender su soberanía y la integridad territorial de su país. Pero, tras ese funesto lugar prominente que ocupa Ucrania, hay más víctimas visibles y cuantificables.
En primer lugar, por la magnitud de la crisis humanitaria que supone, los cientos de millones de personas que en los países más pobres del mundo se han incorporado a la población que padece hambre por la falta y el encarecimiento de alimentos básicos.
En segundo lugar, el pueblo ruso y las naciones que constituyen la Federación Rusa (21 Repúblicas y otros 61 sujetos federales), que ya han comenzado a sufrir el cierre antidemocrático y militarista del régimen de Putin en su afán de multiplicar el esfuerzo bélico para consolidar la ilegal ocupación del territorio ocupado.
Y, en tercer lugar, en los aledaños del escenario bélico, los impactos económicos que acarrea la guerra en el bienestar de los 447 millones de personas que viven en los 27 Estados miembros de la UE y la relevancia que pueden llegar a tener en el futuro del proyecto de unidad europea.
Establecido este breve parte general de los daños causados y los principales damnificados por la guerra, enfocaré la mirada en sus consecuencias sobre la economía española y sobre las estrategias de política económica que barajan los decisores políticos comunitarios, ya que es impensable que se resuelvan los problemas que afectan a la economía española sin la estabilidad y las herramientas que pueden ofrecer las instituciones comunitarias.
Interesan más los problemas inmediatos que las causas últimas. Preocupan más los síntomas y consecuencias de la guerra que la guerra misma
Los problemas de la economía española derivados de la guerra
Los impactos económicos de la guerra que afectan directamente a las condiciones de vida, la capacidad adquisitiva y la tranquilidad de los hogares han escalado a los más altos niveles de preocupación de la ciudadanía española. En todos los sondeos de opinión, los problemas asociados a la crisis económica (inflación, desigualdad de rentas, poder adquisitivo, pobreza, paro, calidad del empleo, abastecimiento energético…) concentran las preocupaciones.
Interesan más los problemas inmediatos que las causas últimas. Preocupan más los síntomas y consecuencias de la guerra que la guerra misma. Quizás, porque los impactos de la guerra tienen una fuerte incidencia real e inmediata en nuestras vidas sobre los que se puede actuar y porque sus causas parecen lejanas o fuera del alcance de la mano, ajenas a lo que se diga o se haga desde la sociedad o el Estado español.
Lejos de las grandes preocupaciones que detectan las encuestas, permanecen difuminados los grandes problemas y proyectos decisivos relacionados con la modernización de especializaciones productivas y la transición energética, cuya financiación se está sustentando, casi exclusivamente, en unos fondos europeos que se ejecutan con gran lentitud.
No se aprecia una suficiente comprensión de la importancia de impulsar los proyectos estructurales que suponen un cambio modernizador o de completar los fondos europeos con una mayor financiación nacional pública y privada. España requiere de una mayor holgura presupuestaria para, además de aumentar el gasto social y mantener niveles suficientes de calidad de los sistemas públicos de sanidad y educación, atender las necesidades de un crecimiento económico sostenible y una descarbonización lo más rápida posible de la actividad económica. Pero las controversias económicas se reducen cada vez más a un intercambio de consignas y fabulaciones que no tienen una conexión real con las complejas y caras reformas económicas modernizadoras que hay que acordar, diseñar y llevar a cabo. Así, se degrada el debate público y todo se resume en puro relato.
España requiere de una mayor holgura presupuestaria para, además de aumentar el gasto social (…), atender las necesidades de un crecimiento económico sostenible
Cuesta entender, con tanto ruido político, incertidumbre y mensajes catastrofistas, lo poco que se ha resentido la economía española, como ya ocurrió con la pandemia, de los impactos destructivos de la guerra: el crecimiento de la actividad económica ha sido más que importante (el PIB de 2022 crecerá alrededor de un notable 4,5%) y se ha visto acompañado de un fuerte crecimiento del empleo (3,3%) y la reducción del paro, la temporalidad y la precariedad laboral.
La evolución más preocupante ha sido la de la inflación (IPC), como en todo el mundo, que ha llegado a situarse por encima del 10% (unos niveles desconocidos desde la primera mitad de los años 80 del pasado siglo por la economía española y el conjunto de los países capitalistas desarrollados); pero las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición progresista han sido muy efectivas en su paulatina reducción desde julio. Al terminar este año 2022, la pérdida media del poder adquisitivo de los salarios será de alrededor del 5%, aunque observada más de cerca, en los 2 deciles con los ingresos más bajos (un 20% de la población), la pérdida puede llegar a multiplicar por 2 y hasta por 3, ese retroceso medio de los ingresos reales.
Afortunadamente, los efectos más perniciosos de la pérdida de poder adquisitivo han sido compensados por las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición progresista, que han descargado a los hogares y trasladado a las arcas públicas una parte del aumento del coste de la vida. De ahí que la demanda nacional y el gasto en consumo final de los hogares (aunque de forma decreciente a lo largo del año) hayan seguido contribuyendo al crecimiento del PIB. Y por eso, la mayoría de los hogares (45,7%) ha seguido ahorrando cada mes un poco o bastante de sus ingresos, según la encuesta de 40dB para ‘El País’, y otra buena parte (37,3%), llega a fin de mes sin tener que endeudarse o tirar del ahorro acumulado durante la pandemia.
Los efectos más perniciosos de la pérdida de poder adquisitivo han sido compensados por las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición progresista
Que la situación económica en 2022 no haya sido tan mala como habría cabido suponer o como los partidos de derechas hubieran querido no significa que no exista un porcentaje relativamente importante de la población, alrededor del 15% (hogares de menor renta, parte de la pequeña empresa y algunas ramas industriales muy intensivas en el consumo de energía), que ha sido duramente golpeada por el aumento de los precios energéticos y de los alimentos. Los problemas que afectan a la economía y la sociedad española siguen siendo graves y pueden agravarse aún más en 2023.
Parece imprescindible, para poder afrontar lo que pueda venir, que una mayoría social y las organizaciones que la representan sean conscientes de la importancia de la continuidad y mejora de las medidas económicas que se han aplicado, para atajar la crisis del Covid-19 y los impactos económicos de la invasión rusa de Ucrania, por parte del Gobierno de coalición progresista.
Las encrucijadas estratégicas de la política económica comunitaria
En la UE se está produciendo una dura pugna estratégica sobre qué políticas económicas son más adecuadas para superar las vulnerabilidades puestas en evidencia por la guerra, afrontar los problemas económicos derivados de la invasión militar de Ucrania y, más concretamente, conseguir en 2023 dos objetivos contradictorios, reducir la inflación y evitar la recesión.
Una de las estrategias en disputa prioriza un control rápido de la inflación mediante un fuerte y rápido aumento de las tasas de interés oficiales del BCE para anclar las expectativas y comportamientos de los agentes económicos a un escenario de rápido cumplimiento del objetivo de inflación del 2%. El gran problema de esta estrategia es que acabe desencadenando una recesión intensa y prolongada, por el hundimiento de la demanda interna y la grave situación de insolvencia financiera de hogares y empresas que puede ocasionar y que podría arrastrar a una delicada situación a parte del sistema bancario.
El gran problema de esta estrategia [control rápido de la inflación] es que acabe desencadenando una recesión intensa y prolongada
La otra estrategia pone el acento en el objetivo de evitar o minimizar la recesión, abogando por el mantenimiento de bajas tasa de interés, para no ahogar el consumo de los hogares ni la inversión empresarial y facilitar que se mantenga un gasto público importante destinado a impulsar la inversión pública en la transición energética, preservar la cohesión social y territorial y aumentar la protección a los grupos sociales más vulnerables. El gran problema de esta opción es que se prolonguen los altos niveles de inflación, lo que acabaría dañando el poder de compra de los salarios, la demanda interna y la planificación inversora privada, además de dificultar la consecución de niveles aceptables de desequilibrio en las cuentas públicas.
No se trata sólo de un debate teórico de política económica; tampoco, aunque a veces lo parezca, de una pugna de relatos que alimentan una confrontación ideológica entre partidarios de versiones simplistas y simplificadoras de un liberalismo o un keynesianismo inútiles para abordar los problemas actuales de la economía comunitaria. Se trata, más bien, de una compleja pugna entre estrategias de política económica que encierran todo un mundo de concepciones y posibilidades diferentes sobre la Europa y la globalización que están por venir.
Por ahora, las instituciones comunitarias mantienen un pragmatismo que combina una política monetaria menos estricta que, por ejemplo, la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, con subidas más pausadas y menos intensas de las tasas de interés por parte del BCE, y una política fiscal relativamente expansionista que permite cubrir los gastos públicos imprescindibles que necesita la economía. Con esta estrategia intermedia, los presupuestos públicos, a través del endeudamiento, soportan buena parte de la pérdida de renta que sufren unas economías comunitarias sustancialmente dependientes de la importación de energía y los altos niveles de inflación causados por los precios de la energía importada, la depreciación del euro y la existencia de mercados oligopolistas con capacidad de trasladar a precios y a beneficios el aumento de costes.
Es una compleja pugna entre estrategias de política económica que encierran todo un mundo de concepciones y posibilidades diferentes sobre la Europa y la globalización que están por venir
¿Por cuánto tiempo podrá mantenerse esta vía intermedia o actitud pragmática por partes de las instituciones comunitarias? No lo sabemos, aunque todo indica que los riesgos y dificultades políticas que conllevan las otras dos opciones de política económica son mayores y no cuentan por ahora con los apoyos suficientes para imponerse. Cabe pensar que esta vía intermedia se prolongará en 2023, por lo que la inflación seguirá contribuyendo a una ligera reducción de la proporción de la deuda pública respecto al PIB y las bajas tasas de interés permitirán financiar el inevitable déficit público sin aumentar significativamente los costes financieros.
De proseguir esa vía estratégica intermedia, sería imprescindible, como hasta ahora, que la acción de las instituciones comunitarias siga impidiendo un aumento inasumible de las primas de riesgo de las deudas públicas de los países del sur de la eurozona, se prorrogue la suspensión de las reglas fiscales o las sustituya por normas más realistas y razonables y apruebe nuevas fórmulas de mutualización de la deuda y de financiación comunitaria de proyectos estratégicos de interés europeo.
En todo caso, de la pugna entre estas dos opciones estratégicas y de su resolución dependerán en gran parte, más allá de 2023, las posibilidades de que se superen o agraven los problemas que afectan a las economías y las instituciones comunitarias y, por tanto, a las economías de los Estados miembros. Tan importante como facilitar que los desequilibrios de las cuentas públicas no alcancen niveles inmanejables es que la mayoría de los hogares y empresas puedan preservar su solvencia y que la pugna política democrática, el diálogo social y la negociación colectiva definan en cada Estado miembro un acuerdo socialmente aceptable de recuperación de los salarios reales perdidos en 2022 y de reparto justo del inevitable empobrecimiento. Tan necesario es el aumento de las inversiones de modernización productiva y transición energética como el compensar y proteger a los sectores sociales vulnerables que van a sufrir especialmente las consecuencias de la inflación, el esfuerzo modernizador y la transición ecológica.
No hay un futuro de progreso para España que no pase por la mejora y el reforzamiento del proyecto de unidad europea
Europa es hoy parte de la posible solución a los problemas que amenazan a la economía española. Las instituciones y las políticas comunitarias no fueron en 2020 ni en 2022 obstáculos para la recuperación económica, como sí lo fueron con las medidas de austeridad y devaluación salarial impuestas entre 2010 y 2014 para afrontar la crisis financiera global de 2008; al contrario, han demostrado que pueden ser un componente fundamental de la solución.
No hay un futuro de progreso para España que no pase por la mejora y el reforzamiento del proyecto de unidad europea. No hay sostén para la soberanía del Estado español que no suponga un impulso de la soberanía y la integración comunitarias. Sin que tales afirmaciones supongan desdeñar las posibilidades de afirmación de escenarios en los que un mal diseño o desempeño de las políticas comunitarias puedan profundizar las crisis que sufren la UE, sus Estados miembros y, más en general, los modelos neoliberales de capitalismo y globalización que han sido hegemónicos en las últimas décadas. Crisis que, de profundizarse, acabarían arruinando el proyecto de unidad europea y su papel en la configuración de una nueva globalización, dejando expedita la vía a que sea la confrontación entre China y EEUU la que diseñe un mundo más sombrío y cargado de incertidumbres y peligros que el actual.
De buena parte de estos importantes asuntos asociados a los impactos de la guerra sobre la economía española se debatirá y reflexionará el próximo lunes, 19 de diciembre, en el Ateneo de Madrid. Un acto organizado por la Agrupación Europeísta Cuidar el Futuro que pretende ser una conversación distendida y abierta entre Carlos Berzosa (presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y catedrático de Economía Aplicada de la UCM) y Sara Ladra (miembro de la Junta Directiva de Economistas Frente a la Crisis), que expondrán un amplio y abierto panorama de los problemas en busca de solución y de las posibles soluciones. Y que responderán a las dudas planteadas por las personas interesadas que asistan al debate.
