jueves 27/1/22
sanchez consejo europeo
Pedro Sánchez en la última reunión del Consejo Europeo del pasado mes de diciembre. (Foto: La Moncloa)
 

Las más recientes estimaciones sobre el crecimiento de la economía española en 2021 rondan el 5%. El aumento de la actividad económica fue, además de notable, muy intensivo en la generación de empleo, lo que ha permitido recuperar todos los empleos perdidos a causa de la crisis multidimensional desatada por la covid-19. El paro registrado en 2021 disminuyó en 782.232 personas, que es el mayor retroceso de toda la serie histórica iniciada en 1996, y el número de altas en la Seguridad Social sumó 776.478 nuevos empleos. Pues da igual, el pesimismo está sobrevalorado y al leer o escuchar a bastantes economistas, políticos y tertulianos podría pensarse que la recuperación económica aún no ha comenzado. Insuficiencias reales y riesgos latentes les permiten pasar por encima de los logros efectivos.   

El gasto de los hogares y la inversión en bienes de equipo tiraron con fuerza de la actividad económica, pese a las diferentes variantes y olas de contagio que se han ido sucediendo y al desarrollo en el último trimestre del año de obstáculos que trabaron, como en todo el mundo capitalista desarrollado, la recuperación: la importante subida de los precios de las materias primas energéticas importadas, que ha impulsado la inflación y ha comenzado a debilitar el poder adquisitivo de salarios y pensiones, o los problemas de abastecimiento de componentes industriales procedentes de países de bajos salarios, que frenan la producción en actividades industriales claves.

Pese a los obstáculos, los fuertes aumentos del producto y el empleo reflejan las grandes reservas de crecimiento que mantiene la economía española tras el estrepitoso hundimiento del PIB (-10,8%) en 2020. Ese potencial de crecimiento fue protegido por las políticas de expansión monetaria y presupuestaria comunitarias puestas en marcha, que minimizaron la destrucción de factores productivos y renta disponible de los hogares y mantuvieron intacta buena parte de la base productiva, lo que permitió la notable y rápida alza de la actividad económica. Naturalmente, esas políticas expansivas han provocado efectos secundarios negativos, pero lograron sus objetivos principales de reducir los impactos destructivos de la pandemia, reanudar el crecimiento y generar muchos empleos.   

Con los datos en la mano de la reactivación económica lograda, cuesta entender las exageraciones apocalípticas de las derechas

Con los datos en la mano de la reactivación económica lograda, cuesta entender las exageraciones apocalípticas de las derechas. Más aún cuando se observa que desde 1975 a 2020 sólo en tres ocasiones (1987, 1988 y 2000) el crecimiento del PIB superó por décimas el 5%. Tasa que, probablemente, vuelva a lograrse en 2022, según indican las últimas previsiones del FMI, que sitúan el crecimiento del PIB para el año en curso en un 5,8%. Poco importa, los malos augurios gozan de un gran prestigio; especialmente entre los sectores sociales que pastorea una oposición derechista que abusa de los relatos agónicos contra la acción política del Gobierno de España. En la oposición extremista que practican Abascal, Ayuso o Casado es costumbre desentenderse de los datos y convertir riesgos en catástrofes anunciadas.  

La estrategia de ingobernabilidad que practican las derechas lleva a negar la recuperación económica de 2021 y las muchas posibilidades de que continúe en 2022. Y para blindar su estrategia frente a los datos embisten con las palabras y acuchillan con sus críticas. Lo que siendo detestable ética y democráticamente, afianza sus bases políticas y electorales: su griterío político favorece las expectativas electorales de los que más gritan y a los que utilizan la confrontación para atrincherarse en un mundo paralelo, lo que acaba beneficiando a la extrema derecha de dentro y de fuera del PP.

Sin embargo, hay muchos más argumentos para esperar que la recuperación económica prosiga en 2022 que para defender visiones catastrofistas: primera razón, los expansivos Presupuestos Generales del Estado de 2022 han sido aprobados por una amplia mayoría parlamentaria; segunda, la reforma laboral acordada recientemente por sindicatos, patronal y Gobierno de España permitirá reducir la precariedad y la temporalidad, dar aire a la negociación colectiva, y ensanchar el campo del diálogo social, lo que acarreará un funcionamiento menos desequilibrado y polarizador del mercado de trabajo; tercera, los fondos europeos de recuperación y transformación comienzan a llegar, debilitando la restricción financiera que dificultaba iniciar los cambios productivos e impulsando la actividad económica; cuarto, Europa mantendrá, al menos un año más, las políticas monetarias y presupuestarias expansivas y la suspensión de las reglas fiscales que ya favorecieron en 2021 la recuperación; y quinto, la vacunación avanza a buen ritmo y se mantienen los comportamientos responsables de gran parte de la ciudadanía, pese al mucho cansancio y enfado acumulados y a una acción política gubernamental poco ambiciosa en las tareas de reforzar la atención primaria y mejorar el sistema público de salud.

Razones que invitan a abandonar el estéril debate entre optimistas y pesimistas y a pensar que la economía española, a pesar del grado de polarización social y confrontación política existentes, y este Gobierno de España, a pesar de sus carencias, disponen de los recursos y están en condiciones de superar un año más los innegables riesgos que amenazan la recuperación económica. Los partidarios del cuanto peor mejor van a tener, muy probablemente, otro mal año.

Pero, dicho esto, conviene aclarar que no se puede descartar que las amenazas existentes se acaben plasmando en imponderables de carácter geoestratégico, climático, político o pandémico que resulten ingobernables o se muestren inmanejables. La incertidumbre es mucha en esta situación de acumulación de crisis y cambios estructurales que ya han comenzado y de los que no podemos conocer todavía su curso ni en qué escenario desembocarán. En realidad, nadie puede saber cómo terminará la pandemia, qué tiempo llevará superarla o controlar suficientemente sus impactos más negativos o cómo nos afectará individual y colectivamente su continuidad o su final. Del mismo modo que tampoco podemos conocer hoy los escenarios sociales y políticos o el modelo capitalista que terminarán asentándose a lo largo de esta década.

En 2022 la senda de continuidad de la recuperación económica es transitable y está más despejada de lo que estaba en 2021

En definitiva y con todas las preocupaciones que vienen al caso, se puede afirmar que en 2022 la senda de continuidad de la recuperación económica es transitable y está más despejada de lo que estaba en 2021. Lo que no autoriza a desdeñar la importancia de la dirección política y la gestión técnica de esa recuperación, tanto para lograr que sus efectos beneficiosos lleguen al conjunto de la ciudadanía como para que comience a traducirse en cambios modernizadores; tampoco puede llevar a creer que la continuidad del crecimiento económico basta para definir a favor de las fuerzas progresistas una pugna política, cultural y electoral que seguirá tensionándose hasta que se celebren las elecciones generales y se conozca sus resultado.    

Lo decisivo en 2022 no es lo que parece   

Ni la reconstrucción del empleo destruido en el año cero de la pandemia, objetivo ya alcanzado en 2021, ni la recuperación de la actividad económica perdida en 2020, que se logrará a finales de este año o en los primeros meses de 2023, son los retos principales que afronta la economía española. Porque la reconstrucción del empleo ha estado asociada a la continuidad de todas las lacras de precariedad y temporalidad que han caracterizado los contratos laborales de la última década; y lo mismo cabe decir de la base productiva, que sigue siendo similar a la de 2019 y necesita de una gran transformación que será la tarea más compleja y decisiva en esta década.  

El proyecto de país y las propuestas de las fuerzas progresistas y de izquierdas no pueden identificarse con crecer más o con reconstruir las estructuras productivas del pasado y, por tanto, una presión permanente a la baja sobre los costes laborales y fiscales de las empresas, además de altas tasas de paro y de empleos indecentes, inaceptables bolsas de pobreza y una creciente desigualdad de rentas y patrimonios. La tarea fundamental no es crecer más o de cualquier manera en el corto plazo, sino modernizar las estructuras y especializaciones productivas y construir un nuevo modelo de crecimiento que, a lo largo de esta década, permitan multiplicar el empleo decente, superar la baja gama de la oferta productiva y la escasez crónica de inversión innovadora y reducir la fragmentación territorial, las desigualdades sociales y de género o el consumo abusivo de materiales y energía. Y al servicio de esos objetivos hay que poner los fondos europeos Next Generation EU que llegarán hasta 2026, a los que habría que añadir un paulatino ensanchamiento de nuestra base fiscal y un sistema tributario más justo en el reparto de las cargas impositivas que permitan impulsar los cambios productivos con la imprescindible financiación nacional.    

Que el PIB crezca unas décimas o dos puntos porcentuales de más o de menos no es lo decisivo. Lo determinante es si se dota a la economía española de las estructuras que permitan promover los empleos decentes, la productividad global de los factores y una competitividad sustentada en la innovación y el empleo cualificado. El objetivo no es crecer sin más matices ni cuanto más mejor, sino construir un nuevo modelo de crecimiento económico que sea a la vez inclusivo socialmente y compatible con el mantenimiento de los equilibrios ecológicos básicos.

No es posible defender la soberanía nacional de los Estados miembros al margen de un nuevo impulso de la soberanía comunitaria

Para lograrlo, no sólo hay que hacer la mejor gestión posible de los Fondos Europeos, sino también llevar a cabo las reformas internas pendientes e influir en el gran debate sobre las políticas, las instituciones y los presupuestos comunitarios que necesita el proyecto de unidad europea para ser útil y arraigar en las nuevas generaciones. Ese debate ya está en la agenda europea y su relevancia pública aumentará en los próximos meses. No hay posibilidades de dotar a la economía española con un nuevo modelo de crecimiento compatible con la lucha contra el cambio climático y con la mejora y ampliación de los bienes públicos y el Estado de bienestar que no pase por profundizar y reforzar las medidas aprobadas en mayo de 2020 por las instituciones comunitarias. No es posible defender la soberanía nacional de los Estados miembros al margen de un nuevo impulso de la soberanía comunitaria (lo que pasa por algún tipo de horizonte federalista) que permita una mayor influencia de Europa en la definición de los nuevos modelos de capitalismo y globalización que sustituirán a los que han sido hegemónicos en las últimas décadas.  

Sería un grave error por parte de la UE utilizar la alta inflación importada, que tiene un fuerte componente temporal, y el alto endeudamiento público, que es perfectamente gestionable y absorbible, para apoyar las voces y propuestas de economistas y fuerzas neoliberales que ya están preparando el terreno y los argumentos para acabar con las políticas monetarias y presupuestarias expansivas, restablecer las reglas fiscales suspendidas y evitar que se repitan las medidas de mutualización de deuda pública o las transferencias comunitarias hacia las economías más frágiles de la eurozona. Para dar esa batalla política y de opinión pública, las fuerzas progresistas tendrán que acumular más confianza de la ciudadanía, ofrecer certezas posibles y mantener comportamientos más fiables. Y para ganar la Europa del futuro tendrán que sumar sus fuerzas a las del conjunto de corrientes europeístas que apoyan un proyecto abierto, solidario y democrático de unidad europea. Pero este asunto requiere un análisis y un debate que merecen un capítulo aparte y un próximo artículo.

La economía española en 2022