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viernes. 07.10.2022
pedro sanchez

El ataque de la Rusia de Putin a Ucrania ha traído como consecuencia la tercera crisis económica en el planeta, tercera tras la Gran Recesión originada en USA en el 2007 y la originada por el covid en el 2019. Afortunadamente los gobiernos de los países más importantes –por el peso del PIB– escarmentaron de la demostrada falacia de la austeridad expansiva y rectificaron en la segunda crisis; rectificaron los bancos centrales favoreciendo la expansión moderada de la oferta monetaria, el dinero se abarató y permitió aminorar algunas de las consecuencias de las crisis anteriores que hubiera dado lugar a una depresión como la del año 29 del siglo pasado. Los gobiernos, imbuidos aún por las ideas neoliberales cínicas, obligaron a los ciudadanos a soportar una crisis de un decenio de duración. Y la única defensa que estos gobiernos en las democracias es la de que parte de los ciudadanos apoyaron en las elecciones a partidos que practicaron la austeridad, practicaron el que no hubiera déficits, el pagar menos impuestos –no ocurrió ninguna de las dos cosas–, el que “cuanto menos Estado mejor”. Y es cínica porque estos partidos de derechas –y de extrema derecha algunos– simultáneamente no tuvieron recato en dar o pedir que se dieran ayudas, subvenciones millonarias a empresas y bancos en crisis. De ahí lo de neoliberalismo cínico. En España estos partidos fueron y son el PP, Ciudadanos y VOX y algún nacionalista de derechas. Y también ocurre que hubo ciudadanos, asalariados y autónomos, que votaron y siguen votando a estos partidos en contra de sus intereses económicos.

Por centrarnos en España, pero dentro de este contexto de realidad, de ideología y de política económica del planeta, el gobierno español –de la mano de su presidente Pedro Sánchez– ha desgranado el día 29 de marzo un plan llamado “plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania”. Es verdad que responden a la consecuencia más nefasta de la tercera crisis –la derivada del ataque a Ucrania– que es la subida del precio de la energía, sobre todo de la derivada y como consecuencia derivada del gas y el petróleo. En términos cuantitativos y globales, el tamaño de las medidas se cifra en 16.000 millones, de la cuales 10.000 se centran en la prórroga del ICO en la devolución del principal de los créditos concedidos y 6.000 millones en ayudas y subvenciones. Por tratar de enumerarlas son: la subvención de 15 céntimos (1) de euros en las gasolinas –en sus diversas variantes– para todos los ciudadanos y no solo para los transportistas, el límite por 3 meses de la subida de los alquileres a un máximo del 2%, que durante 3 meses no se podrá despedir por causa objetiva derivada de la subida del precio de la energía, se aumentará un 15% el ingreso mínimo vital y se extenderá el bono social a 600.000 familias. También se prorrogará las medidas fiscales que ya se tomaron sobre el precio del megawatio-hora, se darán ayudas a empresas con dificultades especiales derivadas del aumento del precio de la energía, ayudas a la agricultura, subvenciones específicas a los transportistas aparte de la bajada general de los 20 céntimos. Todas estas medidas y sus cuantías han salido en la prensa y expuestas por el propio presidente de gobierno. Estos 6.000 millones representan un 0,5% del PIB y un 1,5% de los presupuestos, lo cual parece una cifra modesta pero que podría valer en un primer arranque contra la crisis y que, lógicamente, aumentan consecuentemente el déficit (2) y la deuda pública.

La derecha de este país, en su doble frente que son los partidos tenidos como tales y los medios de comunicación, que son abrumadoramente de derechas, han atacado las medidas de varias formas: por su tardanza –no más que la mayoría de los gobiernos europeos dada la fecha del Consejo Europeo–, porque han considerado improvisadas –no se puede ser a la vez rápidas y maduradas a la vez–, porque no se ha contado con ellos como en el caso del PP o de algunos partidos de la mayoría gubernamental por insuficientes por algunos partidos de la mayoría gubernamental. Pero lo más curioso es el ataque a las medidas de la derecha porque no son suficientes, porque no rebajan la fiscalidad y, simultáneamente, porque no se subvenciona lo suficiente, cayendo como siempre la derecha en el populismo incoherente; también porque el banco de España ha dicho que las rebajas solo favorecen a las clase medias (El Mundo), lo cual es falso porque las tomadas contra los posibles despidos, la rebaja de los 20 céntimos es a todos los ciudadanos, o porque la contención de los alquileres solo afecta a los dueños de más de 10 pisos en alquiler. Eso sí, dicho con perífrasis para que no se note la estulticia, ignorancia e incoherencia de algunas de estas críticas. Es el caso del ABC con un editorial titulado “Otro plan Sánchez con trucos”, es la crítica del clásico plumilla –ahora con ordenador– de derechas ignorante de todo, que escribe también de todo y no sabe de nada. Y es solo un botón de muestra.

Parece un acierto la búsqueda de la excepcionalidad ibérica –España y Portugal– para descolgarse del mecanismo absurdo e infernal de fijar el precio del megavatio-hora por el precio obtenido mediante el procedimiento más caro –de momento es el gas pero puede cambiar– en las subastas, lo cual va en contra, por cierto, de todos los principios liberales de economía de mercado. Volvemos por ello a hablar de neoliberalismo cínico, porque lo que se demanda es intervencionismo de parte y con exclusividad. Pero lo que es una excepcionalid ibérica –fijación de un máximo del precio del megavatio-hora– temporal ha de convertirse en un cambio definitivo y europeo. Este mecanismo da origen a rentas ricardianas que se llevan las empresas que producen energía mediante otros procedimientos más baratos sin ningún mérito, sin ningún riesgo, sin ninguna inversión adicional. El mecanismo de fijación de precios en el mercado mayorista debe ser el llamado de tanteo –tatônnement walrasiano–, es decir, con la casación de la oferta y la demanda mediante subasta. De lo contrario, da origen a asignaciones ineficientes y a estas rentas indeseables mencionadas. Y si a eso no se llega, al menos debe aumentarse la fiscalidad a las eléctricas y otras para que esas rentas ricardianas vuelvan a los ciudadanos, especialmente a los de menor renta. El mecanismo puede ser directo en la fase última o puede ser indirecto, variando la fiscalidad de rentas, patrimonios y herencias. El análisis microeconómico de los impuestos nos dice que el impuesto de sociedades es el ideal para estas devoluciones de las rentas ricardianas por dos motivos: porque no distorsiona la asignación privada de los recursos –en condiciones de competencia real o por simulación de competencia mediante el mecanismo de tanteo en las subastas– y porque no pueden las empresas zafarse del impuesto reasignando recursos. Solo lo pueden eludir temporal y legalmente con algunas medidas contables tipo reservas excepcionales o amortizaciones aceleradas, aunque no todas posibles sin caer en delito.

Tampoco gusta –no nos gusta– a los economistas la fijación de precios porque sabemos que es preferible actuar sobre la oferta, pero en el caso de la energía es ineludible fijar un máximo del precio del kwh para el consumidor, sea ciudadano o empresa. Es verdad que ello, si se mantuviera en el tiempo, supondría un peligro para la energía obtenida por medios gasísticos, del petróleo o del carbón, pero es que no queda más remedio que introducir cambios estructurales en los métodos de obtención porque en ello nos va la salida de la crisis actual y el mantenimiento moderado de posibles aumentos de precios. Energía barata, buenas comunicaciones físicas y digitales, seguridad jurídica de los negocios, tecnología ahorradora de trabajo –aunque vaya en contra del empleo directo–, comercio exterior, son “la verdadera causa de la riqueza de las naciones” del mundo actual.

Y políticamente la izquierda se la juega en esta ocasión porque sabemos –como demuestra la historia de las democracias– que muchos ciudadanos votan en contra de sus intereses económicos, sea por otros motivos o por ignorancia, cuando llegan las elecciones. Para muestra véase lo ocurrido en las autonómicas de las comunidades de Madrid y de Castilla y León. En éstas ha ganado la derecha a pesar de la recuperación de los convenios para los asalariados, la indexación de las pensiones de acuerdo con el coste de la vida o de los aumentos notables del salario mínimo, medidas todas del gobierno de coalición actual. La estulticia no conoce clases sociales.

El tema de la energía, su obtención, su distribución, sus mercados y sus precios ya no aguanta más sus estructuras y formas actuales. La guerra en Ucrania lo ha puesto en evidencia y lo ha agravado, pero ya era un enfermo. Ha de cambiarse mal que le pese a las eléctricas, a consejeros de las mismas venidos de la política –como Aznar y González– y aunque tenga que cambiarse el peso relativo de sus formas de obtención y comercialización. El precio que están pagando en Alemania e Italia y pueden llegar a pagar es insoportable. Y también el resto de Europa aunque, en algunos países como el nuestro, tengamos alguna ventaja importadora y solar.


(1) Más 5 céntimos que pagan las petroleras.

(2) A pesar de lo cual el monto total del déficit se reducirá por el aumento de los ingresos públicos previsto para este año.

Guerra en Ucrania, consecuencias y medidas del Gobierno