La dictadura impuesta en Chile por Augusto Pinochet dejó un saldo de 40.179 víctimas, entre ellos niños y adolescentes. Campos de concentración, tortura y exterminio fueron parte del plan sistemático implementado con el fin de eliminar cualquier disidencia. Sin embargo, al cumplirse 50 años del golpe que derrocó a Salvador Allende, existen quienes reivindican al dictador, añorando aquel Chile en el que, según sostienen, “había orden y trabajo”.
El 11 de septiembre de 1973 Pinochet encabezó el golpe contra el gobierno democrático de Allende. A partir de ese mismo momento comenzaría una feroz represión que se extendería a lo largo de diecisiete años.
En la evocación de este nuevo aniversario se han escuchado los testimonios de cientos de familiares de víctimas del régimen de Pinochet; pero también de aquellos que pretenden reivindicar la figura del genocida con alabanzas o justificaciones a lo que no tiene justificante. Según las encuestas de consultoras chilenas, existe un 36 por ciento de chilenos que defienden y añoran los años pinochetistas. Pero aún a pesar de este porcentaje de nostálgicos de los años de plomo, las conclusiones sobre las atrocidades cometidas por Pinochet se han mantenido invariables respecto al informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991.
La presión de entidades y organismos de Derechos Humanos había comenzado mucho antes de que acabase la dictadura. La necesidad de que se conociera lo que sucedía en Chile se manifiesta por primera vez, a escala internacional, en 1978, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas instaba al gobierno de facto a “cesar las violaciones de derechos humanos, entre ellas, las desapariciones y las torturas por motivos políticos.
En la extensa lista de desaparecidos también se recoge un total de 1.198 personas que fueron lanzadas al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile, o sepultados en lugares ignorados
A 50 años del golpe, el presidente Gabriel Boric lanzó el primer programa oficial para encontrar a las más de 1.000 víctimas que siguen desaparecidas. Boric solicitó a Estados Unidos que haga públicos los documentos que revelen el rol que jugó Washington en el golpe.
Según cifras del Ministerio de Justicia, en la actualidad hay 1.300 procesos criminales activos por violaciones de derechos humanos, y 150 condenados están cumpliendo sentencia en Punta Peuco, un penal exclusivo para los militares que actuaron durante la dictadura.
LAS VICTIMAS ESPAÑOLAS
Hay una treintena de víctimas o familias de víctimas españolas de la dictadura de Augusto Pinochet que han recibido una compensación económica, aunque simbólica. El dinero oscila entre 138 y 900 euros. Ésa es la cuantía que la Fundación Presidente Allende logró en 2006 para 22.000 muertos o torturados en Chile desde 1973, tras el golpe de Estado. Pero sólo algunos de estos afectados españoles pudieron acceder a una pensión por parte del Estado chileno. Esto les daría derecho a percibir unos 170 euros mensuales durante toda su vida.
El Informe Rettig, equivalente en Chile a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) de Argentina, recoge cinco casos de españoles asesinados durante el régimen de Pinochet. Entre estos, tres de dimensión internacional: el diplomático Carmelo Soria y los sacerdotes Joan Alsina Hurtos y Antonio Llidó Mengual.
Según el informe, “el 16 de julio de 1976 fue muerto por agentes de la Dina -servicio secreto de la dictadura- el economista español y funcionario de las Naciones Unidas, Carmelo Luis Soria Espinoza, militante del Partido Socialista. Había sido detenido el día anterior. Su automóvil fue arrojado por algunos agentes dentro del canal El Carmen, con las llaves en el contacto, las puertas cerradas, algunos cristales rotos, sin radio ni asientos, salvo el del conductor y una botella de pisco para simular un accidente. El cadáver de Soria fue arrojado en el mismo canal, y su cuerpo fue hallado al día siguiente a un kilómetro del lugar en que se encontró el auto”.
La reconstrucción de la muerte de Soria es una más en los cientos de casos que relató la comisión creada bajo el Gobierno de Patricio Aylwin. El informe detalla, además, cómo la dictadura tenía en su mira a la Iglesia, institución que combatió el régimen durante los 17 años que Augusto Pinochet ostentó el poder. “Joan Alsina Hurtos, español de 31 años, sacerdote católico, ejercía su ministerio en la parroquia San Ignacio de San Bernardo y se desempeñaba como jefe de Personal del Hospital San Juan de Dios. Fue ejecutado el 19 de septiembre de 1973”.
El sacerdote estuvo detenido en las catacumbas del hospital santiagueño durante varias horas para terminar siendo ajusticiado a orillas del río Mapocho. Su cuerpo fue hallado una semana después. El certificado de defunción da fe de su muerte por múltiples heridas de bala y lesiones apergaminadas en la cara.
Antonio Llidó Mengual, español, miembro del Grupo Cristianos por el Socialismo, estaba vinculado al Gobierno de Salvador Allende. El Informe Rettig no logró esclarecer las circunstancias de su captura pero establece conexiones entre el sacerdote y presuntos miembros del MIR. Según sus estimaciones, el cura fue secuestrado alrededor del 24 de septiembre de 1974, un año después del golpe de Estado.
Gracias a testimonios de supervivientes, pudo saberse que en su periplo previo a la muerte hizo escala en los sótanos de la Dina y en un par de centros clandestinos de detención: “Tenía grandes dificultades para moverse -relata un compañero de cautiverio- a consecuencia de los golpes y la aplicación de electricidad en todo el cuerpo. Tenía su camisa manchada de sangre y hemorragias internas y desgarros musculares (...). Mantuvo siempre una presencia de ánimo sorprendente y aún encontraba fuerzas para consolar a sus compañeros de celda con los que compartía lo poco que tenía para comer”
El informe Rettig concluye que el titular de la Dina, Manuel Contreras, fue el principal responsable de su asesinato. El entonces presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, envió una carta a Pinochet solicitándole una investigación exhaustiva, entregado a una Mesa de Diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001.
En la extensa lista de desaparecidos también se recoge un total de 1.198 personas que fueron lanzadas al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile, o sepultados en lugares ignorados.
