@jgonzalezok / El candidato favorito en las elecciones generales argentinas del próximo 27 de octubre, el peronista Alberto Fernández, dijo hace unas semanas en un viaje a Madrid: “Todos están preocupados por saber qué vamos a hacer con la deuda. Vamos a cumplir y honrar las deudas, pero no nos pidan que lo hagamos a costa de más deterioro de nuestra gente y postergando más a los argentinos, porque ya mucha postergación tienen los argentinos”. El candidato también dijo que más ajuste del que hizo Mauricio Macri es imposible.
Argentina está en campaña y, lógicamente, un candidato que se considera ganador no puede asustar a sus posibles votantes. Pero la realidad llegará el 11 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente. Y la situación económica y social es de tal gravedad, que no son posibles los milagros. Posiblemente Fernández esté actuando como su antecesor, también peronista, Carlos Menem, que tras la elección de 1989 confesó que si decía en campaña lo que iba a hacer no lo votaba nadie. Y lo que hizo fue una política neoliberal que incluyó un amplio programa de privatizaciones de empresas del Estado.
En una reciente gira por España y Portugal, Fernández mostró su interés en una salida a la portuguesa y se entrevistó con el primer ministro de este país, António Costa. Pero a los argentinos les contó el final de la historia, no habló de las durísimas medidas de ajuste impuestas por la troika comunitaria. Esta receta supuso, entre otras cosas: congelación del salario mínimo, reducción de los suelos de los funcionarios públicos de hasta un 23% y del 15% en el sector privado, reducción de un 20% en la planta de empleados públicos, reforma laboral, reducción de las indemnizaciones por despido, aumento del número de las horas de trabajo, aumento de las tarifas de los servicios públicos, aumento de la edad de jubilación, suspensión de las jubilaciones anticipadas y privatizaciones diversas. Esto supuso que 760.000 portugueses fueron empujados a la emigración y que un tercio de la población ingresó en la pobreza.
Poco después Fernández prefirió evocar la posibilidad de seguir otro modelo, el del vecino Uruguay. En una reunión ante empresarios, Fernández habló de la necesidad de una negociación con el FMI seria, sensata y sin quitas, con un alargamiento de los plazos de pago, para que le dé tiempo al país a crecer. Una “refinanciación amigable”, según la caracterizó el candidato.
El economista Carlos Steneri, que negoció en 2003 el canje de la deuda uruguaya, evitando el default o suspensión de pagos, alertó que la salida uruguaya incluyó una brutal devaluación de casi el 100% y una rebaja del 10% en los salarios, tanto los públicos como los privados. Se tuvo que rebajar el déficit fiscal de forma que la deuda pudiera ser financiable. Este ajuste lo hizo el presidente Jorge Batlle, del conservador Partido Colorado, que fue castigado en las urnas en la primera oportunidad. Pero el izquierdista Frente Amplio, que lo sucedió, mantuvo las mismas políticas, que acabarían posibilitando una vuelta al crecimiento, el aumento del empleo y la vuelta de las inversiones extranjeras.
Otro economista uruguayo, el doctor en Historia Económica Gabriel Oddone, declaró a este cronista que era importante no perder de vista que cualquier solución sobre endeudamiento tiene que tener un plan financiero creíble y consistente en el tiempo. Y que Argentina va a tener que pasar por un conjunto de ajustes antes de llegar a ese momento en que se pueda perfilar con éxito la deuda.
Argentina, efectivamente, va a tener que renegociar con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar su deuda y alargar los plazos de pago. En junio del año pasado el FMI le concedió un crédito de 50.000 millones de dólares -el más grande en la historia del organismo-, que en septiembre se ampliaría en otros 7.100 millones. De todo ese dinero quedan por entregar 5.400 millones, que el Fondo debería haber depositado en septiembre, pero que prefirió guardar hasta que se defina la elección. La historia nos dice que Argentina cayó ocho veces en suspensión de pagos, dos de ellas en el presente siglo, y nadie quiere que la historia se repita.
El país tiene un problema crónico de déficit fiscal, que financia con emisión o con deuda; también de crecimiento y de inflación. Argentina lleva prácticamente ocho años seguidos de estanflación (estancamiento más inflación), correspondientes al gobierno de Macri -aunque en el 2017 creció un 2,7 %- y el segundo de Cristina Fernández de Kirchner. El PBI por habitante en 2019 será muy parecido al del 2009. Se espera una inflación a fin de año del 55 %. El déficit fiscal, a corto plazo, solo puede ser enfrentado mediante emisión monetaria, que seguirá alimentando la inflación. La confianza de la población en el peso es nula, al punto de que ni las elevadas tasas que ofrecen los depósitos a plazo fijo pueden evitar la caída de estos depósitos. A esto hay que sumar unas reservas en el Banco Central cayendo de forma continuada.
Inmediatamente después de las elecciones primarias del pasado 11 de agosto, Fernández hizo declaraciones muy duras contra el FMI, al que responsabilizó, junto con el gobierno de Macri, de todos los males que padece el país
Inmediatamente después de las elecciones primarias del pasado 11 de agosto, Fernández hizo declaraciones muy duras contra el FMI, al que responsabilizó, junto con el gobierno de Macri, de todos los males que padece el país. A partir de ahí la postura evolucionó hasta asegurar que Argentina cumpliría con sus compromisos. Un nuevo incumplimiento argentino tendría consecuencias globales, como advirtió recientemente el profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Nouriel Roubini: “se generaría una fuga generalizada de capitales de los países emergentes, en un efecto dominó difícil de detener”.
Dado que el período de transición es prolongado, Alberto Fernández espera que sea el presidente Macri quien tome las medidas más duras y cargue con el costo político correspondiente. Y si gana las elecciones quizá pueda contar con el apoyo del macrismo derrotado para llevar adelante una política de ajuste ortodoxo. Porque, como dijo el economista Guillermo Calvo, “cuando la izquierda ajusta, la derecha acompaña”.
No hay que olvidar, tampoco, que fue el gobierno del presidente provisional, Eduardo Duhalde (2002-2003), el que asumió la tarea más ingrata para salir de la crisis que acabó con el gobierno de Fernando De la Rúa en diciembre de 2001. La recuperación ya estaba en marcha cuando asumió Néstor Kirchner, en mayo de 2003, en cuyo gobierno estaba Alberto Fernández como jefe de Gabinete.
