La brutalidad del gobierno ultra de Javier Milei quedó demostrada durante tres días consecutivos en los que la gendarmería reprimió salvajemente a quienes manifestaban pacíficamente su rechazo a la Ley Ómnibus en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Entre los heridos de bala de goma hay periodistas y jubilados. Tras estos hechos, diversas organizaciones no gubernamentales y sindicatos de prensa presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que solicitan “medidas cautelares a favor de los trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes en Argentina, individualizados para evitar futuras represiones por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.
A solo cuarenta y cinco días de mandato, el ojo de la prensa internacional está puesto en la violencia institucional que ejerce el nuevo gobierno en pos de acallar lo que a todas luces es un atentado contra los derechos fundamentales tales como techo, trabajo y comida. Desde los barrios más carenciados del conurbano bonaerense habían llegado también cientos de familias vulnerables para solicitar a Sandra Pettovello, Secretaria de Desarrollo, nada más ni nada menos que alimentos. La respuesta del gobierno llegó mediante palos y gas pimienta, unos cuántos detenidos y las siempre inverosímiles voces de los representantes de La Libertad Avanza.
Diversas organizaciones no gubernamentales y sindicatos de prensa presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
“Debido a la gravedad de la situación, y ante la inminencia de nuevas represiones frente a otras protestas, solicitamos ahora el otorgamiento de las medidas cautelares a favor de trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes”, reza el texto presentado ante el organismo internacional, que se suma a otras presentaciones previas recibidas por la CIDH respecto a las diversas medidas represivas contra la población adoptadas por el Gobierno asumido el pasado 10 de diciembre.
Además se cuestionan duramente las reformas propuestas por Milei en su proyecto de Ley Ómnibus tendientes a penalizar y sancionar las manifestaciones públicas. “La protesta social es objeto de múltiples restricciones que amplían las vías para la criminalización de las manifestaciones públicas y de la organización social y política en forma amplia”, se afirma en la denuncia.
La protesta social es objeto de múltiples restricciones que amplían las vías para la criminalización de las manifestaciones públicas
Lo cierto es que la prensa internacional también registró la violencia ejercida por la gendarmería contra los jubilados y jubiladas, muchos de ellos heridos por la brutalidad institucional.
Es la primera vez en la historia de la democracia argentina que, en tan sólo cuarenta y cinco días de administración, un organismo internacional de Derechos Humanos le hace un llamado de atención a un gobierno en funciones. “La protesta social no es un delito sino un derecho”, le advirtieron desde la Comisión a la Ministra de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich, la misma sobre quien pesan las desapariciones seguidas de muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahueldurante el mandato de Mauricio Macri.
