La comarca de Ferrol (Ferrolterra) está viviendo una pesadilla que se alarga en el tiempo y en el padecimiento de sus gentes de los peores efectos de la crisis, y de su “crisis”. Su crisis eterna, la que afecta a su motor económico, que es la actividad de sus astilleros públicos (antes, Astano y Bazán; ahora, Navantia), al que no se le dota de carga de trabajo, y del que dependen más de 20.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, y por esa razón afecta a todas las familias de la zona.
Ese dique que es una solución desesperada para que los astilleros tengan actividad, ante la nula capacidad de Navantia y de los responsables políticos para conseguir encargos y carga de trabajo
El último episodio se está viviendo con la respuesta negativa de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea a la consulta realizada por la SEPI (propietaria de Navantia) sobre la construcción del dique flotante. Ese dique flotante que lleva años en boca de los responsables políticos de Ferrol, Galicia y del estado, especialmente cuando se aproximan elecciones, y que permitiría diversificar la actividad de los astilleros de Fene y Ferrol y atender una demanda cada vez mayor. Ese dique que es una solución desesperada para que los astilleros tengan actividad, ante la nula capacidad de Navantia y de los responsables políticos para conseguir encargos y carga de trabajo, para unos astilleros y una plantilla que están dotados y preparados para atender las demandas de trabajo más exigentes.
Todo esto tiene que ver con lo que desde Europa se entiende como “ayudas públicas” para una actividad como la de los astilleros y que no están permitidas. En opinión de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea la construcción de ese dique precisaría de inversión pública superando los porcentajes permitidos del 15% (en el caso del dique parece que el proyecto exigiría según los responsables de Competencia europeos más del 50% de inversión pública), siendo obligatoriamente privada el resto de la inversión. Pero también habría consideración de “ayudas públicas” cualquier tipo de financiación pública con tipos inferiores a los del mercado.
El proyecto del dique flotante tendría un presupuesto próximo a los 200 millones de euros
El proyecto del dique flotante tendría un presupuesto próximo a los 200 millones de euros, y generaría casi 2 millones de horas de carga de trabajo sólo durante los 29 meses de su construcción, con una estimación de ocupación de dique de entre 280 y 300 días anuales en los siguientes 25 años, cuyo rendimiento económico amortizaría el coste del dique. En definitiva, el dique flotante sería el “salvavidas” de los astilleros de Ferrol y Fene, y de la actividad económica de la comarca. Emplearía a toda la plantilla, daría trabajo a las empresas auxiliares y permitiría asumir reparaciones de buques de manera competitiva, ante la ausencia de carga de trabajo de construcción de buques.
Carga de trabajo que en la actualidad para Ferrol y Fene son el flotel encargado por PEMEX, que apenas da trabajo a unas 300 personas de una plantilla total de cerca de 3.000, y que su puesta en marcha se hizo coincidiendo con la campaña de las pasadas elecciones europeas, y el anuncio de la adjudicación de dos buques para la Armada española (uno para Cadiz y otro para Ferrol), que en el caso de Ferrol tampoco dará trabajo para toda la plantilla.
Y a eso hay que añadir el “veto” europeo que impide la construcción naval civil en Fene hasta 2015, como sanción por las ayudas públicas recibidas en décadas pasadas. Por lo que el dique flotante es la única vía que permitiría mantener la actividad económica de estos astilleros, de las empresas auxiliares, de la comarca. Es el salvavidas de Ferrolterra.
La instrumentalización electoral de esta situación es evidente y no es nueva
Pero está difícil situación tiene mucho recorrido hecho y aún por hacer, que se complica con la intervención de los responsables políticos de la gestión de los astilleros públicos gallegos. Concretamente, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, justo antes de las elecciones generales de noviembre de 2011 garantizó la construcción del dique flotante, como también anunció la contratación de dos floteles de PEMEX en plena campaña de las elecciones gallegas de octubre de 2012 (que sólo se han concretado en 2014, de manera que en Ferrol sólo se construirá uno). La instrumentalización electoral de esta situación es evidente y no es nueva. Pone de manifiesto la importancia electoral de Ferrol y su comarca, una zona muy movilizada y comprometida, y que parece las peores tasa de desempleo de Galicia (por encima del 30%), pero que no consigue que se la tome en serio, a pesar de la general implicación social y ciudadana con la situación, planteando alternativas y exigiendo no ser utilizados como cobayas de la complicada situación legal y económica del sector naval internacional, condicionada por la pujanza asiática y por la influencia de Holanda en las sanciones al naval español.
Da la impresión que el gobierno de la Xunta sólo está interesado en la situación de los astilleros ante las elecciones
Da la impresión que el gobierno de la Xunta sólo está interesado en la situación de los astilleros ante las elecciones. Que su interés se diluye cuando pasan, y que incluso ponen dificultades a que se puedan conseguir soluciones. Eso se desprende cuando desde Navantia (que depende del Ministerio de Industria, es decir, del PP, como la Xunta de Galicia), se procede a realizar la consulta a la Dirección General de la Competencia, cuando no era necesaria. Han sido muchos meses de gestiones, comunicaciones y documentación para alcanzar el resultado que se podía conocer, que no era otro que recibir un “no” como respuesta a la consulta, ampliado con la definición de todos los casos que se considerarían “ayudas públicas”. En otras palabras, pareciera que se quería conseguir ese ”no” y por eso se realizó la consulta. De esta manera opinan desde la oposición parlamentaria (PSdeG-PSOE, Alternativa Galega de Esquerda-AGE y Bloque Nacionalista Galego-BNG) que exigen conocer los términos de la consulta ante la sospecha de que la propia consulta fuera la razón a la negativa obtenida desde las instituciones europeas.
Desde el comité de empresa de Navantia Ferrol comparten la sospecha de que el “no” recibido es fruto de la consulta mal gestionada, y denuncian la falta de seriedad de los responsables políticos de la Xunta, de Navantia y del Ministerio de Industria en la defensa de los intereses de los astilleros públicos gallegos, y la sumisión que mantienen antes las instituciones europeas con el asunto del dique y del veto a la construcción naval civil, y no como actúa Holanda “que lo hace de forma seria y firme”.
Pero las sospechas sobre el “desinterés” del gobierno de la Xunta se acrecientan cuando, inmediatamente después de conocer el “no” europeo, el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde afirmaba que "la responsabilidad llama a que no se ponga en marcha la construcción de un dique flotante en la ría de Ferrol para aumentar la capacidad del área de reparaciones de Navantia, después de la respuesta negativa de Bruselas a la consulta realizada por el Gobierno de España”. Luego reconocía la importancia de conseguir reforzar la capacidad y la carga de trabajo para los astilleros, que la Xunta está trabajando duro en ese sentido, y para acabara con el recurrente “Ferrol y su comarca son una prioridad para la Xunta de Galicia”.
Desde la Xunta de Galicia se podría hacer más. Se podría presionar realmente a Navantia y al gobierno para que se tomen en serio esta situación. Se podría haber analizado la situación que se puede generar con la construcción del dique flotante, ante la gravísima situación que se vive en Ferrolterra, y que repercusiones podría tener haberlo hecho sin consultarlo (sin pedir un permiso que se sabía que se iba a denegar). Se podría haber planteado que la propia norma comunitaria permite excepciones para ayudas públicas en casos homologables al que se padece en Ferrol y su comarca (con un desempleo del 30% y miles de familias sin ingresos), como también han denunciado desde la oposición parlamentaria y la plantilla de Navantia.
Incluso, se podrían haber empleado a fondo todas las instituciones públicas implicadas (ayuntamientos, diputación, Xunta, Navantia, Gobierno) para conseguir una solución política en las instituciones europeas a la situación de los astilleros públicos gallegos, como hacen otros países. Según el PP, en Europa por fin se nos vuelva a tener en cuenta, pero debe referirse a la palmadita que nos dan en la cabeza al seguir al dictado las políticas de recortes que nos imponen desde la Troika (Banco Central Europeo, Eurogrupo y FMI).
Tiene que acabar la actitud del PP de culpar a herencias recibidas y otras estupideces, por su mala gestión de la crisis
Es evidente que desde el PP a todos los niveles (local, Galicia, estado) se prefiere aguantar como sea hasta las próximas elecciones, para volver a “instrumentalizar el asunto de los astilleros públicos, y que el esfuerzo lo sigan haciendo las gentes de Ferrolterra, sin saber cada mes como poder cubrir los gastos mínimos de cualquier familia. Prefieren responsabilizar a Almunia como Comisario Europeo de la Competencia, como responsable de la situación, (y seguro que tiene responsabilidad en esta situación), pero tiene que acabar la actitud del PP de culpar a herencias recibidas y otras estupideces, por su mala gestión de la crisis, que empobrece a quienes viven de su trabajo y enriquece a quienes especulan (aunque seguro que para éstos últimos la gestión del PP es “buenísima”).
Nada distinto a lo que ya hacen desde los distintos niveles de gobierno en manos del PP aplicando todo tipo de recortes a las políticas públicas, a la sanidad, a la educación, a la dependencia.
Pero en esta ocasión si no hay dique flotante, desde el PP no van a poder ocultar su responsabilidad. E igual va a pasar cuando no se consiga levantar el veto a la construcción naval civil en Fene.
