La conselleira de sanidad gallega es una firme defensora de las privatizaciones. Presenta su proyecto de Áreas de Gestion Clínica (AGC) como una oportunidad de mejora y de participación de los profesionales pero la gran mayoría de los trabajadores consideran que se trata de una auténtica amenaza para el sistema y una trampa para todos ellos.
La Xunta ya publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el Decreto 36/2014 que regula la creación de AGC en el Sergas, y que fué aprobado en el Parlamento, por vía de urgencia, con los únicos votos del Partido Popular el pasado 20 de marzo, con la oposición de todas las demás fuerzas políticas. También se muestran contrarios todos los sindicatos, que ya han comenzado a realizar acciones unitarias para expresar su discrepancia radical con esta norma. La publicación de este decreto de forma tan apresurada (con Núñez Feijóo de viaje, una vez más, por Hispanoamérica, y con las fuerzas sindicales pendiente de nuevas reuniones para discutir el texto) resulta muy difícil de explicar. Tampoco son tranquilizadoras las palabras pronunciadas por el vicepresidente Rueda, quien manifestó: "Las áreas carecerán de personalidad jurídica propia, con lo cual, al menos en principio, resultarán imposibles de privatizar...”.
Pero resulta aun más alarmante saber que el Consejo Consultivo de Galicia entregó al gobierno del PP, el día 23 de enero, un informe jurídico en el que afirma de forma rotunda: "El Pleno del Consejo, por unanimidad de sus miembros con derecho a voto, dictamina que el proyecto de decreto por el que se regulan las AGC del Sergas resulta contrario al ordenamiento jurídico". El Consejo Consultivo es un órgano de carácter técnico-jurídico, "al servicio de las administraciones públicas y tiene como fin último velar por la legalidad de los actos y las disposiciones administrativas". Aunque sus decisiones no son vinculantes resulta asombroso que el gobierno ocultara este informe, emitido hace dos meses, y que, además, no tenga en absoluto en cuenta su dictamen y sus consideraciones.
La Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública (AGDSP) publicó un comunicado en el que denuncia la falta de transparencia y las formas antidemocráticas utilizadas por el gobierno gallego para imponer esta norma, que despierta cada vez más recelos entre los profesionales y que tiene a todas las fuerzas sindicales en contra. La Xunta de Galicia impone una norma que vulnera la ley y que es rechazada por la mayoría de los profesionales.¿ Qué oscuros intereses se esconden detrás de esta decisión? Tampoco tranquiliza conocer la nueva composición del equipo asesor de la Conselleira, integrado, casi en su totalidad por varones de edad avanzada (solamente hay dos mujeres) que además tienen, la mayoría, fuertes vínculos con el sector privado y presentan evidentes conflictos de interés.
La tramitación de esta norma está cargada de incertidumbres. No aporta ninguna seguridad para el sistema ni para los profesionales. Mas bien al revés: deja el camino sembrado de preguntas. ¿Por qué la Xunta no acató el informe negativo del Consejo Consultivo? ¿Por qué llevaron este decreto al DOG con tanta rapidez, sin respetar el debate parlamentario ni las aportacións de los sindicatos? ¿Tiene algo que ver el equipo asesor de la conselleira y sus intereses privados, con esta premura? Tiene prisa el gobierno por mejorar la sanidad pública o, por el contrario, dicta normas que puedan beneficiar a otros intereses?