jueves. 28.03.2024

El Gobierno elude responder a Izquierda Unida cuestiones muy concretas sobre los medios públicos que el Estado ha puesto a disposición de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga personal del rey Juan Carlos y más conocida como princesa Corinna, durante sus reiteradas estancias en nuestro país. En dos respuestas entregadas al mismo tiempo a sendas preguntas parlamentarias registradas por el diputado de IU Ricardo Sixto los pasados 14 de enero y 1 de marzo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy deja en blanco las cuestiones planteadas sobre qué alojamiento utilizó cuando vivió en Madrid, el coste de estas estancias, quién sufragó éstas además de sus gastos de manutención y viajes, o qué dispositivos de seguridad se pusieron a su servicio y quién se encargó de ellos.

En lo que sí se muestra taxativa Moncloa -además por partida doble sobre ambas iniciativas por escrito de Sixto- es en indicar que “la persona a la que hace referencia la pregunta no ha recibido encargo alguno por parte de este Gobierno”, cuando se plantea si la princesa Corinna ha participado en tareas de asesoría el Ejecutivo español, como ella misma ha dicho públicamente en varias entrevistas con medios de comunicación.

La negativa es también rotunda a la pregunta de si a la ciudadana zu Sayn-Wittgenstein le fue concedido en algún momento pasaporte diplomático español: “no ha estado nunca en posesión de un pasaporte diplomático español”, se responde

Los problemas de transparencia del Gobierno del PP en sus respuestas a Izquierda Unida comienzan cuando se indaga sobre las cuestiones concretas de sus estancias en Madrid. Así, el diputado Ricardo Sixto preguntó en enero de forma muy concreta si “¿usa en la actualidad o ha usado esta señora recursos del Estado, como por ejemplo vivienda, parque móvil o servicios de secretaría? En su caso ¿qué Ministerios se han hecho cargo de estos gastos?”.

El Ejecutivo contesta con un genérico “respecto al uso de medios del Estado como vehículos u otros medios, éstos se asignan a las autoridades y altos cargos establecidos en la normativa reguladora correspondiente en función de sus responsabilidades oficiales”.

A la pregunta similar hecha por Sixto en marzo, pero aportando más datos, sobre si Corinna ha utilizado “alguno de los alojamientos situados dentro del recinto de El Pardo cuyo mantenimiento y gastos corren a cargo del erario público” el Gobierno vuelve a dar una larga cambiada al señalar que “la Ley 23/1982, de 16 de junio, de Patrimonio Nacional, define e identifica los bienes integrantes del mismo como los afectados al uso y servicio de la Jefatura del Estado. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional tiene legalmente encomendada la conservación, mantenimiento, mejora, administración y seguridad de todos estos bienes”.

Junto a ello, deja la puerta abierta a futuras indagaciones y al hecho de que instalaciones de este tipo sí pudieron ser utilizadas realmente por la princesa Corinna cuando añade que “de conformidad con esta Ley y con su Reglamento de desarrollo, existen determinados bienes de Patrimonio Nacional que son susceptibles de compatibilizar la función antes indicada con otro tipo de actividad, que entraña el acceso del público a los mismos, y de los que el Consejo de Administración puede aportar información”.

Con posterioridad a que fuera registrada esta pregunta a comienzos de marzo diversos medios de comunicación informaron que la amiga del rey vivió durante cuatro años en la finca ‘La Angorrilla’. Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), estas instalaciones están ubicadas en Mingorrubio, una colonia de El Pardo, ubicada en la zona del madrileño Monte de El Pardo en unos terrenos de Patrimonio Nacional vallados, de acceso restringido y conectados directamente con el recinto de La Zarzuela, que se encuentra a apenas ocho kilómetros.

En esta “estrategia de desinformación del Gobierno”, tal y como la califica el diputado Ricardo Sixto tras haber recibido ahora las dos respuestas, se comprueba que el Ejecutivo del PP sólo muestra algún esfuerzo cuando se trata de desmentir las cuestiones que le han sido planteadas con especial detalle. Así, en la pregunta registrada en marzo ya se concretó y se pidió información en esta misma línea sobre si “¿Tiene conocimiento el Gobierno del uso de las instalaciones de la Quinta del Duque del Arco y de su Palacio, ubicado en El Monte de El Pardo, o alguna otra de las instalaciones de Patrimonio del Estado ubicadas en dicho monte, para la realización de reuniones o eventos relacionados con labores de alto asesoramiento o mediación en las que haya intervenido Corinna zu Sayn-Wittgenstein?

“Dentro de esta categoría –señala de forma específica la respuesta del Gobierno- se encuentra el predio denominado “la Quinta” (artículo 4 de la Ley de Patrimonio Nacional), cuyas características permiten alquilarlo para la celebración de eventos. De la información disponible en el organismo resulta que, examinadas las entidades (públicas y privadas) y objeto para las que se ha cedido el uso del inmueble, no se ha alquilado para los fines y personas que plantea la pregunta”.

La opacidad total del Ejecutivo de Mariano Rajoy se pone de nuevo de manifiesto cuando se plantean otras cuestiones para conocer si Corinna dispuso de apoyo de personal o medios públicos en nuestro país. Así, se pregunta si “¿Han sido en algún momento sufragados gastos de estancia, manutención o viajes a Corinna zu Sayn-Wittgenstein con dinero público? En su caso: ¿Qué organismo o institución se hizo cargo de los mismos? ¿A cuánto ascendieron?” o sobre si “¿Han tenido que preparar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en algún momento operativos especiales de seguridad para la protección de Corinna zu Sayn-Wittgenstein? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuáles han sido los motivos para tener que organizar dispositivos de protección de su persona por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado?”

A las anteriores cuestiones concretas planteadas en la pregunta parlamentaria registrada por Ricardo Sixto en el mes de marzo el Gobierno no dedica ni una sola línea.

Por último, otra de las cuestiones que desde Moncloa sí se apresuran a negar es sobre las posibles relaciones comerciales de Corinna con la Administración Pública. Sixto preguntó si “¿Ha recibido la empresa Apollonia Associates o la empresa de armas Boss&Co. algún tipo de adjudicación pública o han facturado por algún motivo al Estado español, al Ministerio de Defensa o a cualquiera de sus organismos, entes o empresas públicas?”

La respuesta del Ejecutivo indica que “consultado el Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado, Organismos Autónomos, Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos adheridos al mismo, y el Registro de Contratos del Sector Püblico no figuran los terceros ni ninguna de las empresas que se solicita información: Corinna zu Say-Wittgenstein, Apollonia Asociates, y Boss&Co”.    

El Gobierno sobre Corinna, no sabe, no contesta