El porcentaje de los impuestos que abonan las personas sobre la recaudación total ha aumentado en casi 9 puntos desde 2007, pero ha caído en más de 10 puntos en el caso de las empresas
La recaudación del Impuesto sobre Sociedades no ha marchado al compás de la evolución de los beneficios empresariales. Y es que los ingresos por este tributo acumulan un desplome de casi el 50% desde 2007, siendo el único impuesto que aún no ha logrado el nivel de recaudación previo a la crisis. Y ello a pesar de las medidas implantadas por los sucesivos Gobiernos, como las limitaciones de la deducción de determinados gastos financieros o de la compensación de bases imponibles negativas o el pago a cuenta mínimo de las grandes sociedades.
Es decir, el Impuesto sobre Sociedades no está cumpliendo el principio constitucional de hacer contribuir a las empresas conforme a su capacidad económica para sostener los gastos públicos. En otras palabras, las compañías no pagan a Hacienda tanto como deberían.
En cifras contantes y sonantes, las sociedades en España pagaron durante el ejercicio pasado 22.000 millones de euros menos que 10 años antes, como consecuencia de que la carga real del Impuesto que soportan las compañías en nuestro país se encuentra casi en la mitad del tipo nominal en las pymes y por debajo de la cuarta parte en los grupos empresariales.
Las grandes compañías tributan en España al 6% de tipo efectivo, frente al tipo general del 25%. Pues bien, el Gobierno pretende aplicar un tipo mínimo del 15% sobre los resultados contables de las grandes corporaciones para ingresar unos 4.000 millones de euros. Sin embargo, esta recaudación podría escalar por encima de los 6.500 millones, según nuestros cálculos.
Sea como fuere, la contribución de las sociedades a las arcas públicas resulta inversamente proporcional a su tamaño. Osea que cuanto más grandes menos pagan, por paradójico que pueda parecer. Y ello se debe a que las mayores compañías del país concentran la mayor parte de las ventajas fiscales del impuesto.
De esta manera, a pesar de los abultados beneficios de las grandes corporaciones empresariales y que partían de tipos impositivos superiores a los de las empresas de reducida dimensión de 5 y 3 puntos porcentuales de 2007 a 2014 y en 2015 respectivamente, e igualando el tipo impositivo general al 25% en 2016, soportan un tipo real sobre el beneficio por debajo de la mitad que el soportado por las Sociedades no integradas en grupos, generalmente pymes, desde 2013; pero, antes, en 2008 y entre 2010 y 2012 los grupos empresariales disfrutaron de tipos reales por debajo de un tercio que el que soportaron el resto de sociedades.
En cualquier caso, muchas de estas grandes empresas abaratan sus facturas fiscales mediante esas triquiñuelas que les permiten aprovechar las lagunas que presentan las regulaciones de los distintos estados donde operan, derivando beneficios a territorios de escasa o nula tributación. Por otra parte, algunas sacan provecho de los activos fiscales diferidos por las aportaciones a los planes de pensiones de sus empleados, las mayores provisiones, en el caso de los bancos, o la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores; de manera que tributan a tipos muy bajos, e incluso al 0%, como es el caso de algunos de los grandes bancos.
Y los damnificados de que estas grandes empresas no apoquinen como deberían somos nosotros, los ciudadanos de a pie, quienes soportamos casi el 90% del peso impositivo, mientras que sobre las sociedades recae poco más del 10%.
En este sentido, el porcentaje de los impuestos que abonan las personas sobre la recaudación total ha aumentado en casi 9 puntos desde 2007, pero ha caído en más de 10 puntos en el caso de las empresas.
Finalmente, resulta evidente que para aumentar el gasto público al nivel de los países más desarrollados y mantener la calidad de nuestro Estado del Bienestar es necesario reequilibrar esa balanza, así como abordar una gran reforma del sistema fiscal en su conjunto. No es una cuestión de perjudicar a las empresas, que evidentemente crean empleo y tiran de la economía. Es una cuestión de justicia, que beneficiaría a todos.
Carlos Cruzado 
