No siempre el juego de la competencia es de suma cero, en el que lo que ganan unos países lo pierden otros; en este caso, la probabilidad de que la suma tenga un resultado negativo es muy grande
Lo han anunciado casi al mismo tiempo el próximo presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May: reducirán el impuesto sobre sociedades al 15%. Cuando lo hagan, los tipos impositivos del impuesto sobre los beneficios empresariales serán la mitad o menos de lo que eran en 2007, antes del estallido de la crisis global. Y esa reducción de la presión fiscal a las empresas incorpora una lógica de extensión a otros países de una alocada carrera a la baja de los costes fiscales soportados por las empresas que, en las condiciones actuales de las economías capitalistas desarrolladas, puede acabar perjudicando significativamente a las mayorías sociales de todos los países obligados a competir en ese terreno.
No siempre el juego de la competencia es de suma cero, en el que lo que ganan unos países lo pierden otros; en este caso, la probabilidad de que la suma tenga un resultado negativo es muy grande. Todos acabarán perdiendo; también las empresas de los países que se adelanten y obtengan beneficios extraordinarios coyunturales, hasta que se generalice la reducción de impuestos y se igualen a la baja. Solo la cooperación internacional permitiría resultados de suma positiva para todos los países cooperantes.
1. La poderosa tendencia de favorecer la rentabilidad empresarial
La presión a favor de la reducción del impuesto de sociedades viene de muy lejos. Ahora cambia la coartada. Tras el estallido de la crisis en 2008, la justificación era impedir la profundización o cronificación de la recesión. El problema actual es otro, se prevé en 2017 una desaceleración del crecimiento del producto, que sigue situado en tasas muy bajas sobre la que pesa, además, la amenaza de una situación generalizada de muy altos niveles de endeudamiento público y privado. Y a ese problema general hay que sumar, en el caso de la eurozona, unas debilidades e incoherencias institucionales que Alemania no quiere afrontar y que impiden una política económica más razonable en la utilización del exceso de ahorro interno para impulsar la modernización productiva, mejoras significativas de la eficiencia energética y aumentos de la productividad global de los factores.
Los países de la OCDE se prestan a dopar la actividad económica. También, los que se encuentran atrapados en los dogmas de la austeridad y el equilibrio presupuestario. La presión sobre los costes laborales va a continuar, pero razones electorales y de estabilidad sociopolítica desaconsejan que la incrementen. Va a cobrar protagonismo, por tanto, la tendencia a la reducción de los costes fiscales a las empresas, ya que hay mayores márgenes para llevarla a cabo. Por mucho que los compromisos de consolidación fiscal exijan, de forma extraordinaria y muy coyuntural, el mantenimiento de la presión fiscal a las empresas.
Las razones y prioridades cambian, pero el principio de rebaja de los costes fiscales de las empresas está sólidamente anclado en el pensamiento de la derecha y de buena parte de los economistas. Éste es, más o menos, el núcleo de su justificación ideológica: lo que es útil para las empresas viene bien a la actividad económica y acaba trasladándose al conjunto de la sociedad; primero, en forma de inversión productiva y empleos; después, con un pequeño retraso, hasta que se absorbe el exceso de desempleo, de incrementos salariales. Da igual que los responsables de las políticas de desregulación del mercado laboral llevadas a cabo no contemplen dar ni un paso atrás, porque son conscientes de que la desregulación lograda supone una herramienta clave para dificultar la recuperación de los salarios, especialmente en las actividades de servicios poco sofisticados que no están expuestos a la competencia externa y en los que la presencia sindical o la negociación colectiva se han deteriorado o están en trance de de desaparecer.
Esa futura recuperación de los salarios es, en realidad, una de tantas promesas inocuas para un futuro indeterminado. Nunca se recuperarán los salarios si no es por la acción política y sindical de la mayoría social. Las reformas laborales se han llevado a cabo con el ánimo evidente de reducir los costes laborales de forma permanente y debilitar la negociación colectiva y la presencia y la acción sindical. Recuperar empleos y salarios decentes requiere desmontar las últimas reformas laborales.
2. La sinrazón de las razones esgrimidas para bajar impuestos a las empresas
La justificación de la reducción de la presión fiscal sobre las empresas es tan simplista como falaz. En una situación económica en la que hay motivos de peso que explican la reducción del crecimiento potencial a una tasa media anual del 1,5% en los países de la OCDE (aproximadamente la mitad de los niveles medios acreditados antes del estallido de la crisis), reducir los tipos impositivos del impuesto de sociedades (o las cotizaciones a la seguridad social a cargo de las empresas u otros impuestos a la producción) no va a generar mayor actividad económica. Por un lado, por las limitaciones que impone la insuficiencia de la demanda interna que provocan las políticas de austeridad y devaluación salarial; por otro, por la inexistencia de incentivos económicos para incrementar la inversión productiva privada, por innecesaria para ampliar márgenes o aumentar una oferta productiva que no se puede sustentarse en inexistentes expectativas de mejora significativa de la demanda pública o privada.
Los factores estructurales que explican la reducción del crecimiento potencial están vinculados a diversas tendencias, entre las que tienen especial peso las tres siguientes: primera, la disminución del peso relativo de la industria manufacturera en las economías capitalistas desarrolladas; segunda, la bipolarización del mercado laboral, que se expresa en la concentración de empleos en los extremos, tanto en los de más alta renta, en servicios a las empresas y en las finanzas, como en los poco cualificados de bajos ingresos; tercera, la deformación de la economía a favor de los servicios a las personas, que requieren menores niveles de inversión productiva y son muy intensivos en empleos de baja cualificación, remuneración y productividad.
Así, la rentabilidad de las empresas ha aumentado sustancialmente a partir del estallido de la crisis. En España, de forma espectacular: en los años previos a la crisis, los beneficios empresariales (después de impuestos, intereses y dividendos) representaban en torno al 10% del PIB, ahora rondan el 18%. Es decir, sin mayores niveles de PIB los beneficios de las empresas españolas acaparan 80.000 millones de euros más que antes de la crisis. Los principales perjudicados por este acaparamiento de renta son, en primer lugar, los ingresos públicos y, como consecuencia, la capacidad de las administraciones públicas para invertir y seguir ofreciendo los mismos bienes públicos que antes; y en segundo lugar, las rentas del trabajo, especialmente las de los trabajadores excluidos del mercado laboral o privados de unas condiciones de empleo dignas.
Un 18% del PIB que conviene comparar con los niveles que hoy alcanzan los beneficios empresariales respecto al PIB en Alemania o Japón (14%), EEUU (12%), Francia (11%), Reino Unido (10%) o Italia (9%). La ganancia de renta acaparada por las empresas, especialmente los grandes grupos empresariales, se ha producido a costa de recortar bienes públicos y transmutar rentas del trabajo en rentas del capital. El poder económico, las elites y estratos reducidos de las clases trabajadoras han ganado, la mayoría social ha perdido. Gobiernos e instituciones gestionados por las elites se han despreocupado de desatascar la productividad y el crecimiento, se han ocupado de poner las instituciones al servicio de los intereses a corto plazo de los grandes grupos empresariales, produciendo empobrecimiento, desigualdad, recortes de bienes públicos y multiplicando empleos indecentes y salarios indignos.
La prioridad de las fuerzas del cambio sigue siendo democratizar las instituciones públicas para que dejen de estar al servicio exclusivo de los intereses y la rentabilidad de los grandes grupos empresariales
Si la bajada de impuestos a las empresas ha permitido recuperar su rentabilidad y va a producir nuevos aumentos suplementarios de sus beneficios netos sin que aumenten en paralelo sus necesidades de inversión ni su oferta productiva, ¿a qué dedicarán los beneficios suplementarios? En primera instancia, a lo que lo vienen haciendo en los últimos años: distribuir más dividendos, comprar acciones propias, autofinanciar sus inversiones de sustitución del capital productivo obsoleto o financiar su expansión externa a través de fusiones y adquisiciones. En una segundo lugar, a inflar una nueva burbuja especulativa de carácter financiero que, hasta que se produzca su estallido, aumentará rentas y patrimonios bursátiles de los inversores. Destinos que no sirven en nada o en muy poco para impulsar el crecimiento potencial o la demanda interna. Con el agravante de que, además de fragilizar las finanzas públicas por el lado de los ingresos, no abordan la tarea de modernizar las estructuras y especializaciones productivas que, especialmente en los países del sur de la eurozona, es imprescindible.
El cambio político significa, en este ámbito, democratizar la toma de decisiones de política económica, hacer que las instituciones aprueben leyes y reglas útiles en la solución de los problemas que tiene la mayoría social y revertir esos injustos e ineficientes procesos de aumento de las rentas del capital a costa de los bienes públicos y las rentas salariales. Y tanto o más importante, desbaratar las causas (las políticas de austeridad para la mayoría social, las reformas desreguladoras del mercado laboral y el desmantelamiento de bienes públicos) del enorme trasvase de renta que se ha producido en los últimos años y se sigue produciendo en beneficio de una minoría social. Una minoría que es bastante mayor de ese tópico y publicitado 1%, ya que está compuesta por un número significativo de perceptores de rentas del capital y un creciente sector de directivos, cuadros y trabajadores de alta cualificación y renta que han visto mejorar su bienestar a costa del bienestar de la mayoría y de provocar una desconocida extensión de la pobreza y la exclusión social entre una amplia capa de personas desempleadas o que solo pueden aspirar a conseguir empleos indecentes.
En el último año, la tarea de seguir impulsando el cambio político ha aumentado su complejidad y dificultad. Requiere mayores niveles de madurez, conocimiento y trabajo paciente a largo plazo. Exige también que las fuerzas políticas y sociales que podrían promover ese cambio dejen de estar ensimismadas. Es urgente que dejen de priorizar la lucha por desacreditar al enemigo interno y su objetivo de arrinconarlo. Y en esto no hay paciencia que valga.
La prioridad de las fuerzas del cambio sigue siendo democratizar las instituciones públicas para que dejen de estar al servicio exclusivo de los intereses y la rentabilidad de los grandes grupos empresariales. Desmontar la confusión interesada que identifica los beneficios empresariales con los intereses y necesidades de la ciudadanía. Impulsar medidas y acciones útiles que logren revertir las políticas antisociales aprobadas y transformen el sistema político y económico en beneficio de la mayoría social.
