Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han remitido este miercoles una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al presidente de CEOE, Juan Rosell, y a los Grupos Parlamentarios una carta con su último documento de propuestas anticrisis y una oferta para retomar el diálogo social.
En la misiva, ambos líderes recuerdan que hasta la fecha ha habido una "ausencia de la mínima predisposición al diálogo y la concertación social" y que ello ha llevado al movimiento sindical a promover y apoyar numerosas movilizaciones sociales.
En la carta remitida, ambos sindicatos insisten en que los sindicatos han presentado alternativas económicas y sociales para enfrentar la crisis desde el primer momento, "con la vocación de contribuir a amortiguar sus consecuencias, a que sus costes se repartiesen equitativamente y a preservar los derechos laborales y sociales".
"Pese a ello se han impuesto las políticas centradas exclusivamente en el ajuste cuyas consecuencias económicas y sociales son de sobra conocidas sin que, por otra parte, se hayan dado ninguno de los resultados que en apariencia las justifican", señalan.
Por otro lado, Toxo y Méndez aseguran en la misiva que el movimiento sindical "siempre se ha caracterizado por su voluntad de negociación y por presentar alternativas razonables para la misma".
LAS PROPUESTAS DE LOS SINDICATOS
Ambos líderes presentaron la pasada semana el contenido del documento hoy remitido, bajo el título 'Propuestas sindicales para promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social, ante la crisis de la economía española'.
Según explicaron, es preciso crear un nuevo marco europeo con un nuevo calendario para el cumplimiento de los objetivos que impone Bruselas, de forma que se permita a España ampliar el plazo para reducir su déficit público hasta el 3% del PIB hasta al menos 2016.
Según los sindicatos, una vez se lograse más margen temporal para cumplir con Bruselas, se debería emplear en desarrollar políticas fiscales para incrementar los ingresos, recuperando impuestos como el de patrimonio o sucesiones, y con una lucha decidida contra el fraude.
Asimismo, CC.OO y UGT consideran que es preciso sanear la banca para que fluya el crédito y convertir los bancos nacionalizados en una banca pública y emplear su 'stock' de viviendas para crear un parque social en alquiler.
La viabilidad del sistema no avala eliminar la jubilación anticipada
Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, sostienen que la sostenibilidad y equidad del sistema público de pensiones "no avala" la desaparición de las distintas figuras de jubilación anticipada, que "dan cobertura a colectivos muy desfavorecidos".
En un artículo de opinión publicado en el diario 'El País', ambos líderes coinciden en señalar que la jubilación anticipada "no atenta contra la viabilidad ni la equidad" del sistema público de pensiones, sino que "da cobertura a colectivos muy desfavorecidos de trabajadores que han perdido su empleo, y que por su edad es casi imposible que consigan otro".
En este sentido, el Gobierno podría aprobar antes de que acabe el año un Real Decreto para incorporar a la reforma de las pensiones que entrará en vigor el 1 de enero de 2013 un endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y parcial, ante las dificultades para alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo.
Así, aunque el acercamiento de la edad real de jubilación a la de acceso ordinario puede "ser un objetivo aparente", Toxo y Méndez destacan que actualmente la edad de jubilación anticipada no cuestiona "la sostenibilidad financiera, al no generar mayor coste" al sistema de pensiones. "Los objetivos estéticos no refuerzan el sistema de pensiones", apostillan.
LAS PENSIONES, DESLIGADAS DE "RAZONES COYUNTURALES"
A renglón seguido, los líderes sindicales aseveran que la experiencia acumulada" en lo que respecta al sistema público de pensiones "de larga duración" desaconseja tomar "decisiones estructurales por razones coyunturales".
"No se deben recortar las prestaciones cuando disminuyen los ingresos por la destrucción de empleo, a la que han contribuido las dos últimas reformas laborales, y que es preciso revertir", remachan.
En cuanto a los rumores que señalan que el Ejecutivo está estudiando un cambio en la forma de actualizar las pensiones, reconocen que esta medida "podría reducir el coste" del sistema público de pensiones, pero que también "perjudicaría a todos los beneficiarios".
"El sistema de pensiones debe cuidar un trato equitativo de las personas que cumplen las mismas condiciones, contribuyen a la solidaridad, cohesión y justicia social sin descuidar la sostenibilidad y equidad del sistema", recuerdan.
Por último, apuestan por "analizar y añadir" otras variables, como la evolución de las bases de cotización, la evolución de PIB, etc., a la hora de confeccionar los factores que generan sostenibilidad al sistema público de pensiones, que a su parecer debe ser objeto de "continuo seguimiento y evaluación".
