La reducción del consumo de fármacos esenciales elevan los costes totales del sistema ya que las personas con menor renta realizan un 78% más de visitas a urgencias como consecuencia de la reducción del consumo farmacéutico
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública asegura que el copago farmacéutico como el introducido en Cataluña, es, además de injusto, ilegal dado que “vulnera la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud que establece que el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del SNS, son los que tienen competencias para regular el catálogo de prestaciones farmacéuticas”. Es decir, que ninguna comunidad autónoma tiene capacidad legal para establecer condiciones de acceso a las prestaciones farmacéuticas distintas a las que rigen en el conjunto del Estado.
En España, el gasto farmacéutico supone el 28-30% del total del gasto sanitario frente al 17% de los países de la UE, pero la FASDP considera que hay otras medidas de control del gasto con mayor impacto como promover el uso racional de los medicamentos, la utilización de genéricos, la financiación por grupos terapéuticos equivalentes, etc.
“Si nuestro gasto farmacéutico per cápita fuera el del promedio de países de la OCDE se ahorrarían 5.000 millones euros anuales”, afirma.También recuerda que, excepto en los casos de Francia y Portugal, la recaudación por copagos es poco importante con relación al gasto total.
El copago contribuye a incrementar el gasto sanitario total, en lugar de reducirlo
La reducción en el consumo de fármacos esenciales asociados a la introducción del copago tendría un elevado coste-oportunidad: Se ha comprobado un aumento del 78% en las visitas a urgencias relacionadas directamente con la reducción del consumo farmacéutico en la población con menores recursos económicos, sostiene.
También se pone de manifiesto que los copagos farmacéuticos reducen la utilización de medicamentos esenciales y de analgésicos, especialmente entre los jóvenes, las personas con peor estado de salud, y las de menor nivel educativo y renta.
