El colectivo pide al Gobierno investigar el origen de lo defraudado por si procede de actividades delictivas
La amnistía aprobada a finales de marzo por el Ejecutivo y finalizada el pasado 30 de noviembre sólo exigía el pago del 10% del patrimonio oculto fruto de la evasión de impuestos, lo cual supone un agravio comparativo para las empresas y contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 30% en Sociedades y del 52% en el IRPF -llegando al 56% en Cataluña-, señalan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
La confianza en mantener oculto el patrimonio en paraísos fiscales, así como las dudas generadas con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo socialista y la necesidad de presentar complementarias de IVA y del Impuesto de Patrimonio, ha provocado que la recaudación final de esta medida se haya reducido a 1.191 millones de euros -menos de la mitad de lo previsto por Hacienda-, de los que el 93% se ha recaudado en el mes de noviembre.
Además, el monto total del patrimonio aflorado sólo supone un 3,9% de los impuestos evadidos en los tres ejercicios de 2008, 2009 y 2010 (*) en los que la pérdida de ingresos tributarios por la evasión asciende a 148.000 millones de euros en los tres años, según estimaciones de Gestha.
Este dato revela que esta medida, que el Gobierno denomina eufemísticamente como "regularización de activos", no ha servido para reducir la economía sumergida, al igual que ocurrió en las tres amnistías anteriores realizadas en 1977, 1984 y 1991. Además, ha tenido un efecto negativo en otros ingresos tributarios, que a 30 de octubre ha provocado una disminución del 20% de la recaudación inducida, que engloba aquellas declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones.
Investigar el origen del dinero evadido
Aparte de un menor gravamen para el dinero oculto, los defraudadores evitaron el pago de intereses, recargos y sanciones, así como la imputación penal por los presuntos delitos fiscales cometidos. Además, el Gobierno ha garantizado a esos evasores un plus de confidencialidad sobre el resto de contribuyentes, de forma que no se abrirán inspecciones a estas personas, ni la plantilla de la AEAT podrá acceder al contenido de esas declaraciones.
Precisamente, para evitar que la amnistía sirva para blanquear dinero procedente de actividades delictivas, los Técnicos de Hacienda piden al Gobierno que les permita realizar una investigación económica sobre el origen de los patrimonios aflorados para descartar que procedan de actividades delictivas.
En ese caso, los resultados de la investigación se incluirían en un informe que se remitiría a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) o a la Fiscalía del Estado, que determinarían si existen sospechas, indicios o pruebas de una operación de blanqueo.
Además, esta investigación, que no serviría para reclamar impuestos a las personas y empresas acogidas a la amnistía, permitiría conocer con detalle dónde se concentra el fraude fiscal, lo cual contribuiría a mejorar la eficacia en la lucha contra la economía sumergida en los próximos años.
Para reducir la economía sumergida, Gestha considera necesario aplicar la ley a quien defrauda sin excepciones, además de reorganizar en profundidad el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias en la lucha contra el fraude a toda la plantilla, especialmente a los 8.000 técnicos de Hacienda para, en una segunda fase, aumentar los efectivos. Además, debería dedicarse más esfuerzo en perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar el 80% de los recursos a investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados.
* Se descarta el ejercicio 2007 porque las declaraciones de Renta y Sociedades de ese año prescribían, respectivamente, en junio y julio de 2012, y los ingresos de la amnistía se han concentrado en noviembre.
