Mientras que en la mayoría de los países europeos las leyes de Transparencia llevan décadas en vigor, en España son muy recientes, lo que ha provocado que los españoles no se preocupen como deberían por el debate presupuestario
La lluvia de escándalos de corrupción ha empantanado España. Ha provocado que el Gobierno de Rajoy haga aguas y ha desembocado en el aterrizaje de Sánchez en La Moncloa. La gota que ha colmado el vaso fue la sentencia del caso Gürtel, en la que se da como probado que las empresas de Correa y el Partido Popular tejieron "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido". Esta resolución se convirtió en el detonante de la moción de censura planteada por el PSOE y que ha terminando tumbando al ya expresidente Rajoy. Sin embargo, todavía hay quien minimiza los daños y perjuicios económicos que originan las prácticas corruptas y fraudulentas.
De hecho, el recientemente saliente gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirmaba esta semana, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado, que la corrupción no ha tenido un coste económico apreciable. No obstante, lo cierto es que más allá de los considerables sobrecostes en las obras adjudicadas en tantos casos a cambio de donaciones y comisiones ilegales y del “botín” directamente robado de las arcas públicas a través del desvío de subvenciones y otras fórmulas, existe una estrecha relación entre el nivel de corrupción de un país y el fraude fiscal.
Además, los Correa, Bárcenas, Sepúlveda y compañía contribuyen a empeorar la conciencia fiscal, ya que ésta está relacionada con la falta de transparencia y la corrupción que, a la vista de los casos que van saliendo a la luz, se ha situado en niveles sensiblemente altos. Así, mientras que en la mayoría de los países europeos las leyes de Transparencia llevan décadas en vigor, en España son muy recientes, lo que ha provocado que los españoles no se preocupen como deberían por el debate presupuestario.
Pero los aeropuertos sin aviones; las estaciones de alta velocidad sin pasajeros; los maletines, sobres y bolsas de basuras repletas de billetes en los altillos de las habitaciones; los papeles y manuscritos con anotaciones de pagos en negro; los cursos ficticios de formación; las cuentas en Andorra, Suiza o Panamá; las tarjetas black…, un sinfín de escándalos que han convencido de que los gestores han estado despilfarrando e incurriendo sin escrúpulos en casos de corrupción. Y ello ha alejado a los españoles de esa preocupación por saber el destino de lo que se recauda a través de los impuestos que pagan.
Es más, del análisis que hicimos en nuestro informe de economía sumergida de los miembros de la OCDE, llegamos a la conclusión de que los países con mayores cotas de transparencia y, por tanto, con menor corrupción, son a su vez los que cuentan con menores tasas de economía sumergida y fraude fiscal, a pesar de contar con mayores presiones fiscales.
Pues bien, la falta de ejemplo de las élites políticas y económicas en relación con los fraudes y delitos fiscales no ayuda, en absoluto, a mejorar la conciencia fiscal de los ciudadanos. Asimismo, tampoco facilitan esa concienciación medidas como la amnistía fiscal que se aprobó en 2012 y a la que, según van desvelando los medios, se acogieron tantos involucrados en casos de corrupción. O como la regulación que de los delitos económicos, y en especial del delito fiscal, se hace en el Código penal.
En definitiva, y a pesar de la caída del Gobierno popular, los españoles tienen en demasiadas ocasiones la sensación de que la corrupción sale muy barata y de que los mangantes que se han llevado el dinero a manos llenas no son perseguidos y castigados como merecen. Y es que tan cierto es que el poder corrompe como que en España los escándalos han dejado de oler, apestan.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
