Sorprende lo inédito que resulta una jurisprudencia que ha durado poco más de dos semanas y que ha generado una crisis de credibilidad en la Justicia española sin precedentes
“Los españoles no volverán a pagar el impuesto hipotecario”, dijo Pedro Sánchez en la inesperada rueda de prensa que convocó el miércoles pasado tras la polémica sentencia del Tribunal Supremo. Un día después, el jueves, el Gobierno aprobó un decreto ley para que sean los bancos, y no los hipotecados, quienes tengan que asumir el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Ahora bien, ¿qué consecuencias tendrá este cambio legal? Según nuestras estimaciones, 450.000 nuevos hipotecados se ahorrarán más de 1.100 millones anuales, a una media de 2.500 euros de AJD por hipoteca.
El cambio legislativo, que entrará en vigor cuando se publique en el BOE -el viernes-, sirve para aclarar una norma de difícil comprensión morfosintáctica y semánticamente, en el sentido apuntado por las sentencias cuestionadas el martes por el Supremo. En cualquier caso, las sentencias del alto Tribunal estaban muy fundamentadas desde el punto de vista técnico-tributario cuando señalaban a las entidades financieras como obligadas al pago de este tributo. Y sorprende lo inédito que resulta una jurisprudencia que ha durado poco más de dos semanas, que ha dividido por completo al Supremo y que ha generado una crisis de credibilidad en la Justicia española sin precedentes.
Para mayor gravedad, el cambio de criterio del alto Tribunal y la divergencia de opiniones de los magistrados crea inseguridad jurídica y ahonda el descrédito de algunas instituciones públicas, lo que en última instancia podría traducirse en una desconfianza de los ciudadanos en torno a la independencia del poder judicial.
1,5 millones de contribuyentes han visto frustradas sus expectativas de recuperar el dinero abonado por este impuesto. Pero son miles los ciudadanos que asisten perplejos a este bochornoso espectáculo protagonizado por los que cosen y descosen sin máquina de costura, ni dedal.
Y aunque el presidente del Gobierno haya apelado a la responsabilidad del sector bancario para que no encarezca las hipotecas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debería vigilar con lupa a las entidades para evitar que acuerden conjuntamente trasladar a los clientes el coste de este impuesto –que varía en función de las comunidades autónomas-.
Contesta Carlos Cruzado
