El coordinador federal de IU y presidente del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Cayo Lara, cree que la propuesta de reforma de las pensiones que habría puesto sobre la mesa el grupo de expertos constituido para estudiar la regulación del factor de sostenibilidad tiene como último objetivo "beneficiar a las aseguradoras y a la banca" empujando a los ciudadanos a contratar planes privados de pensiones ante las dudas de la sostenibilidad del sistema público.
Así lo ha expresado en declaraciones a los medios, tras conocerse que el informe de este grupo de expertos podría abogar por desvincular la revalorización de las pensiones del IPC y por aplicar el factor de sostenibilidad ya en 2014.
En esta "nueva vuelta de tuerca", Cayo Lara ve un intento por "justificar una medida de recorte en pensiones", que ya se había producido con la decisión de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años a partir de 2027
"Y lo más importante: el Gobierno quiere que vayamos a planes privados de pensiones y que se beneficien los sectores de las aseguradoras, especialmente la banca. Ése es el gran objetivo del Gobierno y nosotros nos pondremos frente a eso, porque hay salidas diferentes a recortar pensiones, como son generar empleo e invertir en el sistema de la Seguridad Social por lo menos la media de lo que se invierte en la UE", ha añadido el diputado.
EL PROBLEMA ES EL PARO
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha exigido al Gobierno que le diga a la Comisión Europea (CE) "con toda claridad" que la política de pensiones es nacional, no comunitaria, por lo que "no tiene nada que decir sobre el presente o el futuro" del sistema español.
Además, ha defendido que la sostenibilidad del sistema depende fundamentalmente del "paro y la recesión económica", por lo que "no se remedia con recortes en la Seguridad Social" sino "apostando por el crecimiento económico y el empleo".
"Ése debería ser el mensaje, en vez de intentar buscar alternativas de recorte que aumentan el sufrimiento, la angustia y la incertidumbre de la población. Hay que lanzar un mensaje inequívoco a la CE de que la política de pensiones es nacional y que, por tanto, no deben inmiscuirse en ella. Y hay que recordarle que existe un acuerdo en vigor con menos de seis meses de desarrollo y hay que esperar a que produzca los efectos deseables", ha zanjado el sindicalista.
