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viernes. 19.08.2022
SE ANUNCIAN MOVILIZACIONES

Aguirre recorta 125 millones de euros a la educación pública

La Comunidad de Madrid prescindirá de 3.200 interinos que trabajan como docentes en centros públicos de secundaria, un 12% de la plantilla. 

Aguirre en la toma de posesión del rector de la Universidad Carlos III, Daniel Peña
Aguirre en la toma de posesión del rector de la Universidad Carlos III

El Gobierno de Esperanza Aguirre prevé reducir en más de 125 millones de euros el presupuesto de la Comunidad de Madrid dedicado a la enseñanza pública, lo que “va a suponer el despido de unos 3.200 interinos”, según denuncia el sindicato Fete-UGT, que emprenderá acciones legales y otras movilizaciones contra la medida.

La rama de enseñanza de UGT de Madrid rechaza las medidas anunciadas en las instrucciones para el curso escolar 2011-2012 por la Consejería de Educación del Gobierno autonómico de Madrid. A su juicio,  el “recorte” va a suponer el despido de unos 3.200 interinos, lo que obligará al profesorado a aumentar el número de horas lectivas y elevará el número de alumnos por aula, así como el número de grupos asignados a cada profesor.

El sindicato, que prevé una merma de la plantilla de un 12 por ciento en secundaria, ha solicitado la “retirada inmediata” de las instrucciones, que representan “un ataque brutal” a las condiciones laborales de los docentes y a la calidad del sistema educativo regional.

UGT, que acusa al gobierno Aguirre de “contravenir la legislación vigente” con esta medida, señala además que la “descapitalización” que pretende el Gobierno Regional hace “muy difícil” la gestión de los centros educativos, al dejar “sin disponibilidad horaria” al profesorado e “incrementar” el número de alumnos por aula, así como “el número de alumnos por profesor”.

“En un momento de crisis como el actual, señala UGT, la apuesta tiene que ser la formación de los alumnos para cualificarles y aumentar  sus posibilidades en el mercado laboral”, señala la central madrileña.

El sindicato ha anunciado que recurrirá por la vía judicial las instrucciones para el próximo curso y propondrá un calendario de movilizaciones, junto al resto de las organizaciones sindicales, en la asamblea prevista el miércoles 31 de agosto.

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