Un plan para la inserción laboral de los jóvenes

El Gobierno socialista aprobó el pasado 7 de diciembre el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 para la inserción laboral y la formación de los jóvenes, que es el resultado del diálogo con los interlocutores sociales- CEOE, CEPYME, CCOO y UGT- y con las Comunidades Autónomas. Con este Plan se pretenden superar las graves secuelas que los jóvenes vienen padeciendo desde la crisis económica y a causa de los efectos de las políticas de austeridad, los recortes y la reforma laboral: la elevada tasa de desempleo, la precariedad, el subempleo y el éxodo que afectan a la juventud.

Pese al proceso de recuperación económica que se viene produciendo desde hace más de cuatro años los jóvenes siguen padeciendo graves problemas en el ámbito laboral. La recuperación no está llegando a la mayoría de la población, se está excluyendo a los jóvenes de la salida a la crisis económica y se ha producido una mejora relativa por la reducción de la tasa de desempleo y la creación de empleo. Pero la situación general es alarmante, se ha perdido población joven y en nuestro mercado de trabajo hay menos jóvenes ocupados y más desempleo juvenil.

Seis de cada diez jóvenes ocupados desempeñan trabajos que requieren cualificaciones inferiores de las que han obtenido en el sistema educativo

Así es, actualmente hay menos jóvenes por distintas razones demográficas: los Censos de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que desde 2008 a 2017 el número de jóvenes entre 16 y 29 años se ha reducido en nuestro país, pasando de 8,2 millones de personas a 6,5 millones, lo que representa una disminución de 1,7 millones de jóvenes de esas edades. Según la Encuesta de Población Activa (INE), los jóvenes ocupados en 2008 eran 4,5 millones y en 2017 han descendido a 2,5 millones de jóvenes lo que ha supuesto una disminución de 2 millones. En 2017 había 1.063.098 jóvenes desempleados, cifra que superaba en 50.961 personas el paro juvenil existente en 2008.

Seis de cada diez jóvenes ocupados desempeñan trabajos que requieren cualificaciones inferiores de las que han obtenido en el sistema educativo. La tasa de temporalidad juvenil en 2017 rozaba el 60% frente una tasa de temporalidad general del 27%. Además, el salario de entrada en el mercado laboral de los jóvenes ha caído un 15% entre 2008 y 2016. Esta situación ha provocado un gran aumento de las desigualdades y de los trabajadores pobres y conduce a que los jóvenes sean quienes sufran mayoritariamente unas condiciones de trabajo precarias y con bajos salarios, de modo que se generan  cada vez mayores dudas sobre el futuro de sus carreras de cotización a la Seguridad Social.  

Las alternativas que se les han ofrecido hasta ahora a los jóvenes son empleos precarios, tiempo parcial involuntario, el autoempleo - en muchos casos son contratados como falsos autónomos -  o tener que ir a buscar trabajo fuera de nuestro país. Ante este panorama, es necesario superar esta herencia de los Gobiernos del PP y lanzar una verdadera iniciativa para rescatar a una generación que siente la amenaza de quedar excluida del progreso personal y profesional. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso el pasado 17 de julio para presentar su Agenda del Cambio, anunció la próxima puesta en marcha de un Plan de Choque para crear empleo juvenil.

Plan de Choque por el Empleo Joven

ministras

Las ministras Valerio, Celaá y Maroto el pasado 7 diciembre en La Moncloa

El Plan establece compromisos que van encaminados a posibilitar nuevas oportunidades a los jóvenes para su inserción laboral, mejorar su formación, fomentar el empleo estable y la igualdad de oportunidades

En este Plan de Choque por el Empleo Joven, ya vigente, se fijan diferentes objetivos para mejorar la situación laboral de los jóvenes, siendo el objetivo principal reducir la actual tasa de paro juvenil del 33% en diez puntos hasta lograr situarla en el 23,5% al final de los tres años de su vigencia. Entre otros, también se persigue impulsar la igualdad y la estabilidad en el empleo  mediante una reducción del 20% de la brecha de género entre los jóvenes y un incremento del 15% anual de los contratos indefinidos. 

El plan cuenta con una dotación presupuestaria de 2.000 millones de euros y se configura estratégicamente en torno a acciones de carácter general, como son, entre otras, impulsar la inserción laboral y la formación profesional; mejorar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil; facilitar a los Servicios Públicos los medios y recursos necesarios para que puedan prestar adecuadamente sus servicios; fomentar la igualdad de trato y de oportunidades; o promover la colaboración con las Comunidades Autónomas y con interlocutores sociales.

El conjunto de las acciones generales se va a desarrollar en cincuenta medidas que se concretan en distintas acciones, programas y normas distribuidas en seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del marco institucional.

Con la orientación, se quiere potenciar la intermediación y los servicios personalizados de atención a los jóvenes desempleados en relación con los diagnósticos y los itinerarios de inserción y formativos individuales. Así, mediante el programa Orientajoven, se creará una red de 3.000 orientadores y se complementará con mediadores jóvenes de las organizaciones sociales. Se atenderán a los jóvenes inmigrantes y participarán la Federación Española de Municipios y Provincias y el Injuve con mediadores juveniles.

Las actuaciones en materia de formación profesional para el empleo están dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje y formación dual. Se posibilitará la inserción laboral a través de Programas de formación con compromisos de contratación, se incluye además la cotización por desempleo en los contratos de formación y aprendizaje, y se establecen becas para programas de segunda oportunidad y programas de aprendizaje de las competencias clave (comunicación lingüística, matemáticas y lenguas extranjeras).

Se revisarán los incentivos a la contratación y el mantenimiento del empleo para mejorar las oportunidades de empleo de los grupos de personas que tienen mayores dificultades de acceso al empleo: discapacitados, mujeres víctimas de la violencia de género, exclusión social, etc. También se prevén programas para el retorno del talento y el incentivo de la movilidad; la elaboración del Estatuto de las prácticas no laborales para garantizar su carácter formativo y evitar los abusos a los becarios; y, además, el reforzamiento de la causalidad en la contratación temporal y el contrato a tiempo parcial para luchar contra la excesiva temporalidad y la parcialidad abusiva.

El Plan apuesta también por la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y promoción en el empleo y la conciliación de la vida personal y profesional, el impulso a los Agentes de Igualdad, facilitar el acceso de las mujeres jóvenes a los proyectos tecnológicos o el apoyo en los ámbitos rurales.

Se fomenta igualmente el emprendimiento tanto individual como colectivo a través de iniciativas empresariales o de trabajo autónomo y de la economía social o trabajo asociado, así como potenciando convenios con las organizaciones sectoriales y en los ámbitos locales.

El Plan incide en mejorar el marco institucional, especialmente lo referido a la gobernanza del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el impulso de acciones que lo hagan más accesible y transparente y que faciliten su coordinación y seguimiento por todos los actores implicados en el empleo de los jóvenes. Así, se crea una comisión de seguimiento del plan, que se evaluará a los 18 meses, al tiempo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) realizará exámenes trimestrales sobre su evolución.

En su conjunto, este Plan de Choque por el Empleo Joven establece compromisos que van encaminados a posibilitar nuevas oportunidades a los jóvenes para su inserción laboral, mejorar su formación, fomentar el empleo estable y la igualdad de oportunidades. Para ello, como bien han advertido tanto UGT como CCOO, es necesario concretar las medidas aprobadas, desarrollarlas de forma rigurosa y completa, cumplir con la totalidad de la financiación comprometida y garantizar la plena ejecución de las medidas.