Uno de los colectivos más afectados por la crisis económica han sido los jóvenes, que la han sufrido en términos de desempleo, subempleo y exilio
Tanto en las estadísticas de empleo, educación, Seguridad Social como en aquellas otras que reflejan el éxodo del talento de nuestro país, las dificultades para la emancipación o para el acceso a la vivienda, se puede constatar la marginación y la falta de oportunidades dentro del sistema económico y social que sufre la juventud. En el ámbito laboral los jóvenes padecen un alto volumen de desempleo, precariedad y desigualdades, junto con un aumento de la pobreza laboral.
Uno de los colectivos más afectados por la crisis económica han sido los jóvenes, que la han sufrido en términos de desempleo, subempleo y exilio. Pese que el proceso de recuperación económica también ha favorecido a los jóvenes, éstos siguen enfrentándose a graves problemas en el ámbito laboral. La recuperación no está llegando a la mayoría de la población, siendo los jóvenes excluidos de la salida a la crisis económica. La situación socio-laboral de los jóvenes es una de las más alarmantes de nuestro mercado de trabajo y, sin un análisis en profundidad de los datos, podemos creer que se produce una mejora relativa por la reducción de la tasa de desempleo y la creación de empleo.
Pero la realidad es bien distinta. En primer lugar, debemos tener en cuenta que hay menos jóvenes: por distintas razones demográficas, según los Censos de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2008 a 2017 el número de jóvenes entre 16 y 29 años se ha reducido en nuestro país, pasando de 8,2 millones de personas a 6,5 millones, lo que representa una disminución de 1,7 millones jóvenes de esas edades.Venimos padeciendo una diáspora de jóvenes españoles, pues son unos 100.000 los que anualmente han venido abandonando el país en busca de oportunidades de trabajo y vida.
En segundo lugar, los jóvenes tienen menos empleo y más desempleo. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (INE), los jóvenes ocupados en 2008 eran 4,5 millones de personas y en 2017 han descendido a 2,5 millones de personas, lo que ha supuesto una pérdida de 2 millones de jóvenes ocupados. Por su parte, la tasa de empleo de los jóvenes ha caído del 55,2% en 2008 al 39,2% en 2017. En 2017 había 1.063.098 jóvenes desempleados que suponen 50.961 parados más que en 2008: en estos años la tasa de paro juvenil se ha elevado en 11 puntos hasta el 29,5%. Estos datos negativos en términos de caída de la ocupación y aumento del desempleo se ven agravados por la bajada de la tasa de actividad de los jóvenes del 67,5% en 2008 al 55,5% en 2017.
También hay que reseñar los graves problemas de sobrecualificación, precariedad y bajos salarios que sufren los jóvenes. Nuestro sistema productivo no es capaz de integrar de forma satisfactoria el talento de los jóvenes: un 68% de los jóvenes ocupados desempeñan trabajos que requieren cualificaciones inferiores de las que realmente han obtenido en el sistema educativo. La tasa de temporalidad juvenil era de casi el 60% en 2017 frente una tasa general del 27%. Según recoge la Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE), el salario medio de los jóvenes es un 11% menor que en 2008. Todo ello conforma unas condiciones de trabajo precarias y bajos salarios que a su vez suponen unas deficientes carreras de cotizaciones a la Seguridad Social.
Las políticas económicas y de empleo de los gobiernos del Partido Popular (PP) han ignorado la gravedad del desempleo juvenil con la falta de políticas activas de empleo específicas, los recortes en la protección social y la desregulación de las condiciones de trabajo impuestos por la reforma laboral. Ante este panorama, las únicas alternativas que se les ofrecían a los jóvenes eran empleos precarios o el autoempleo, en muchos casos siendo contratados como falsos autónomos.Es evidente el fracaso del Sistema de Garantía Juvenil después de cinco años de su puesta en marcha. CCOO y UGT han venido denunciando la falta de diálogo social por parte de los gobiernos del PP y exigiendo la reorientación de los programas de Garantía Juvenil: enfocarla hacia facilitar la adquisición de formación y cualificación de los jóvenes, articulando un sistema de apoyo económico que les posibilite realizar los programas formativos para poder acceder a empleos de calidad, fortaleciendo los servicios públicos de empleo para mejorar su capacidad de orientación, formación e inserción laboral.
En este escenario, es necesario superar la herencia de los discursos triunfalistas y proyectos huecos de los gobiernos del PP y lanzar una verdadera iniciativa para rescatar a una generación que siente la amenaza de quedar excluida del progreso personaly profesional. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso el pasado 17 de julio para presentar su Agenda del Cambio, anunció un Plan de Rescate para los jóvenes, del que adelantó los siguientes contenidos: “En los próximos meses, señorías, el anuncio que les quiero hacer es que el Gobierno va a poner en marcha un Plan de Choque para crear empleo juvenil donde se revisará y se promoverán los contratos de relevo y de prácticas; donde se pondrán en pie nuevos instrumentos de políticas activas de empleo para los jóvenes; desarrollará una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios; creará el Estatuto del Becario y eliminará las prácticas extracurriculares”
El PSOE ha elaborado un Plan de Rescate para los Jóvenes, con medidas concretas para luchar contra el desempleo juvenil, mediante el desarrollo, evaluación y seguimiento del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la Formación Profesional Dual, el impulso al desarrollo real e inmediato del Sistema Nacional de Cualificaciones profesionales y acuerdos sobre políticas activas de empleo con programa específicos orientados a la formación y el empleo. Además, hay que acordar un nuevo sistema de coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Servicio Público Empleo Estatal (SEPE) para evitar las desigualdades existentes en su desarrollo. Todo ello implica incorporar una gestión eficaz y eficiente de los fondos públicos establecidos para la financiación de Plan de Garantía Juvenil. Igualmente, es fundamental dotar a los recursos de empleo municipales de mayor nivel de implicación en la gestión de los programas de Garantía Juvenil.
Un objetivo central de los socialistas es consolidar la creación de empleo digno, estable y con derechos ya que, como hemos visto, uno de los problemas más graves que sufren los jóvenes en el mercado laboral es la altísima precariedad. Entre las medidas que se podrían adoptar dentro de un plan contra la precariedad laboral, resulta obligado hacer una mención al impulso de la inserción laboral para los jóvenes, potenciando el contrato de relevo para fomentar el recambio generacional, junto con la recuperación de la naturaleza formativa del contrato para la formación y el aprendizaje. Estas medidas habrían de ir acompañadas de la supresión de las medidas lesivas impuestas en la reforma laboral de 2012, como el contrato de apoyo a los emprendedores o el contrato de primer empleo joven, propuestas a las que habría que sumar una nueva regulación de las prácticas no laborales y del empleo de los becarios, junto con un impulso decidido del contrato de prácticas laborales.
El objetivo debe ser poner fin a la exclusión que sufren los jóvenes en el mercado laboral, impulsar la lucha por la igualdad de trato y de oportunidades y acordar la puesta en marcha de un conjunto de políticas de empleo que posibiliten la inserción laboral y les garanticen el acceso a empleos dignos y a condiciones de trabajo y salarios decentes. Para ello, el diálogo social y el consenso parlamentario son las herramientas más eficaces y poderosas.