Jueves 20.06.2019
22.000 NUEVAS COMUNICACIONES

El ministerio de Empleo envía una nueva remesa de cartas a empresas por presunto fraude laboral

El Gobierno sospecha que “un relevante número de empresas” comete fraude laboral e intensifica su plan de choque contra la precariedad y la temporalidad.

Las acciones se centran en la contratación temporal y el trabajo a tiempo parcial fraudulentos y tienen una primera fase de detección de posibles situaciones irregulares

A día de hoy, el Gobierno tiene fundadas sospechas de que “un relevante número de empresas” incumple presuntamente el plazo de contratación eventual de 12 meses en un período de 18. Así lo expresa el Ministerio de Empleo en un comunicado en el que informa que la Inspección de Trabajo ha remitido, entre los días 13 y 14 de agosto pasados, 22.000 nuevas comunicaciones a empresas que se suman a las 50.000 cartas enviadas a principios de mes.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado en esta segunda quincena de mes las actuaciones del conocido como Plan Director por un Trabajo Digno aprobado por el Consejo de Ministros del 27 de julio pasado. El objetivo de este Plan, inspirado en el modelo puesto en marcha en 2015 por el Gobierno balear, es combatir las situaciones de abuso laboral existentes en muchas empresas dando la posibilidad al empresario de corregir dichas irregularidades antes de proceder a posibles sanciones.

Aunque el Plan se prolongará hasta 2020, el Gobierno ha puesto en marcha hasta final de año dos planes de choque, uno contra la temporalidad injustificada y otro contra la parcialidad abusiva que convierte en la práctica una jornada a tiempo parcial en jornada completa.

Una primera fase de detección de posibles situaciones irregulares se ha llevado a cabo a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude y los correspondientes cruces de datos, es decir entre los “datos informáticos de la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria”, según adelantó el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Raúl Riesco. Una vez identificadas las empresas se les comunica la situación y se las requiere para que la regularicen voluntariamente reponiendo los derechos a los trabajadores afectados.

Con estas 22.000 nuevas comunicaciones, son ya 72.000 las cartas remitidas. El dato no remite al número total de empresas requeridas (una cifra que aún no ha aportado Empleo), ya que una misma empresa puede haber recibido una, dos, tres o más comunicaciones por presunto fraude laboral.

Las misivas incluyen advertencias como: “la Inspección de Trabajo […] ha detectado irregularidades en la utilización de contratos temporales”; o “la Inspección de Trabajo ha detectado un número elevado de contrataciones […, que] disponen de coeficiente a tiempo parcial muy reducidos siendo ello discordante con la actividad desarrollada por la empresa”, según publicó el portal Amsel

En una segunda fase, y una vez transcurrido un mes desde el envío de las comunicaciones, la Inspección de Trabajo analizará los datos y comportamientos de las citadas empresas, en concreto de aquellas que no han regularizado la situación descrita procediendo a la extinción de los contratos detectados en fraude de ley.

En estos casos, señala el ministerio de Empleo, la Inspección “llevará a cabo actuaciones a través de inspectores y subinspectores, con el objeto de comprobar directamente si hay incumplimientos en estas materias”. En caso afirmativo, se adoptarán las medidas oportunas, pudiendo exigir a la empresa las responsabilidades legales pertinentes.

Una vez aprobado el Plan, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, anunció un incremento de efectivos. “En total queremos reformar la inspección con 833 nuevas plazas de inspectores y subinspectores”, señaló.

“Perseguir el fraude en la contratación”, es uno de los principales asuntos a atajar en palabras del secretario general de CCOO, Unai Sordo. En una entrevista concedida este miércoles a Radio Euskadi, el dirigente sindical ha destacado la necesidad de “ir a un modelo laboral mucho más equilibrado que ataque en serio la precariedad laboral y la subcontratación en cadena que se ha instalado en la economía española y que está en la base de muchas de las peores condiciones de trabajo”.

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