Carlos Bravo, secretario de protección social de CCOO, ha manifestado en Valladolid que “desde el 2012 los pensionistas consolidarán este año una pérdida del poder de compra de hasta el 2,35% como consecuencia de que las sucesivas revalorizaciones no han sido capaces de compensar el aumento de la inflación”. En 2014 sólo se ha incrementado el 0,25% pese a que la previsión de inflación se sitúa en el 1,5% y que, además, los incrementos aplicados en 2013 (2% para las pensiones inferiores a 1.000 euros y 1% para las superiores a esta cantidad) tampoco pudieron garantizar el poder adquisitivo perdido con la congelación en 2012 (1,9%).
Insta al Gobierno a que revierta la fórmula de revalorización y se preocupe por negociar medidas de mejora de ingresos como una reforma fiscal justa antes que aplicar recortes
“Esta situación se agravará en el futuro”, ha señalado Carlos Bravo, “ya que la fórmula de revalorización impuesta por el Gobierno condenará a los jubilados a un incremento del 0,25% hasta 2017 pese a que la inflación crezca por encima de esta cifra”.
CCOO ya denunció que esta nueva fórmula de revalorización supondrá una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en las próximos años, lo que además de ser una grave lesión a la protección de los pensionistas supondrá una merma de su poder de consumo y con ello una reducción de la actividad económica y de empleo.
La decisión del Gobierno de limitar hasta el año 2017 la revalorización de las pensiones al 0,25% supone la certificación de que la nueva fórmula de revalorización sólo tiene como objetivo utilizar la Seguridad Social como moneda de cambio en Bruselas para otros objetivos ajenos a la sostenibilidad del sistema. Por ello, CCOO ha insistido en la necesidad de que el Gobierno revierta la fórmula de revalorización y negocie con los agentes sociales medidas que aseguren el aumento de los ingresos a la Seguridad Social antes que aplicar recortes.
En esta línea Carlos Bravo ha vuelto a remarcar la importancia que tiene buscar alternativas a los recortes de derechos a través de la puesta en marcha de una reforma fiscal justa que sea capaz de garantizar los recursos que el Estado necesita para financiar los sistemas de protección social en su conjunto, y en el caso de la Seguridad Social que garantice una fuente de ingresos sostenida en el tiempo acorde con el principio de separación de fuentes instaurado en el Pacto de Toledo.
