domingo. 23.06.2024

La Corte Suprema argentina rechazó el recurso que había interpuesto el gobierno para que, mediante un per saltum o salto de instancia, revocase la medida cautelar que la pasada semana otorgó la Cámara Civil y Comercial al Grupo Clarín, impidiendo así que el gobierno avanzase en el desmantelamiento del conglomerado mediático. La Corte Suprema consideró “improcedente” el recurso al que apeló el gobierno. Cuatro de los jueces dijeron que el gobierno debería haber presentado un recurso extraordinario a la propia Cámara que otorgó la cautelar. Los otros tres jueces ni siquiera estudiaron el tema, ya que estaba jurídicamente claro que no correspondía.

El nuevo revés del gobierno en su intento de hacer efectiva en todo su articulado la Ley de Medios, se produce cuando el conflicto de poderes sumó las declaraciones de la presidente, Cristina Fernández, en el acto del domingo en la Plaza de Mayo. Después de que el ministro de Justicia, Julio Alak, acusara de golpista a la Cámara que aprobó la prórroga de la cautelar, la mandataria denunció a la Justicia como corporativa y evocó inquietantes antecedentes históricos.

La presión sobre los jueces no se queda en palabras. Marcelo Fuentes, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, anunció que se ha tomado la decisión de someter a juicio político a los jueces que aprobaron ampliar la cautelar. En realidad todavía no han decidido si actuar contra los tres magistrados o solo contra Francisco de las Carreras, uno de los magistrados, al que acusan de haber viajado a un congreso judicial en Miami, aparentemente pagado por una ONG ligada al Grupo Clarín. Es claramente una maniobra de intimidación que no tendrá consecuencias, ya que el oficialismo no cuenta con los suficientes votos en el Consejo de la Magistratura, donde se sustanciaría el proceso. El senador Ernesto Sanz (UCR), señaló que “los quieren hacer declarar, que tengan que presentarse al Consejo, lo que les importa es hostigarlos”.

Y llama la atención las presiones sobre una Corte Suprema que será la que al final de este largo proceso deba pronunciarse. Porque una vez que haya sentencia firme sobre el fondo del asunto –la constitucionalidad de dos de los artículos de la ley-, el perdedor apelará y el caso llegará al máximo tribunal. La Corte se renovó durante el gobierno de Néstor Kirchner y se considera como uno de los grandes logros del fallecido ex presidente.

Cabe recordar que Kirchner había heredado una Corte Suprema colonizada por el menemismo. Se hablaba de una “mayoría automática”, ya que siempre fallaba a favor del gobierno y era el freno para cualquier denuncia de corrupción. Carlos Menem la había ampliado a 9 miembros para tener una mayoría leal y puso a su coprovinciano Julio Nazareno como presidente, sin tener más mérito que su cercanía con el mandatario. Se trataba de un ex socio en el bufete que el presidente tenía con su hermano Eduardo en La Rioja. Dado que Eduardo Menem era presidente del Senado, se dio la poco sutil situación de que tres socios, dos de ellos hermanos, encabezaban los tres poderes de la nación.

Una de las primeras cosas que hizo Néstor Kirchner como presidente, en junio de 2003, fue denunciar por cadena nacional a esa Corte menemista, pidiendo al Congreso que iniciara lo antes posible el juicio político a algunos de sus miembros. Días después, Julio Nazareno entendió de qué se trataba y presentaba su dimisión. Otro de sus miembros, Guillermo López, tardó un poco más, pero se fue el mismo día en que se le iniciaba el juicio político. Un tercer miembro, Eduardo Moliné O´Connor, aguantó el juicio y fue destituido en diciembre de 2004. La misma suerte corrió Antonio Boggiano, que aún destituido hizo una resistencia pasiva: siguió durante un tiempo yendo a su antiguo despacho.

En la nueva Corte Suprema hay magistrados eminentes y respetados. Eugenio Zaffaroni, claramente un aliado del gobierno kirchnerista tiene tal prestigio como jurista que no se vio salpicado por un incómodo escándalo, cuando se descubrió que en algunos apartamentos de su propiedad, que tenía alquilados, funcionaban burdeles.

El avance oficial sobre la justicia consiguió el milagro de reunir al arco opositor, que firmó un “Compromiso Democrático”, en el se comprometieron a observar la Constitución Nacional y el estado de derecho, respetar el equilibrio de poderes, garantizar la independencia de la Justicia, luchar contra la corrupción, cumplir con las exigencias del régimen federal de gobierno y asegurar la plena vigencia de los derechos humanos.

En un local de la UCR (Unión Cívica Radical), se reunieron entre otros los radicales Ricardo Alfonsín, Mario Barletta, Ernesto Sanz y el ex vicepresidente Julio Cobos, como dueños de casa; el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, del PRO; el socialista Hermes Binner, del FAP (Frente Amplio Progresista); el peronista disidente, Francisco de Narváez; y Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica. Reunir a Macri y Binner, en una misma iniciativa, era hasta no hace mucho tiempo una tarea imposible, pero las circunstancias lo lograron. Solo faltó Fernando Pino Solanas, de Proyecto Sur.

Durante el encuentro hubo críticas a la presidente por no haber convocado el domingo en la Plaza de Mayo a representantes de la oposición, en lo que aparentemente era una fiesta por la democracia, en la que se recordó el 29 aniversario de la recuperación de la libertad. Hubo una impresionante concentración, pero fue un acto partidario. El socialista Binner, ex candidato presidencial en las últimas elecciones, afirmó: “no hay que confundir estado, gobierno y partido, ayer (por el domingo, 9) fue un acto donde se confundió todo”.

La Corte Suprema Argentina rechaza hacerse cargo del caso Clarín