La sorprendente declaración de la mandataria hacía referencia a los jubilados argentinos que, en número cada vez mayor, plantean juicios por el reajuste de sus haberes o por cálculos errados a la hora de determinar el monto de la pensión
“Los buitres y los caranchos no están solamente afuera”, dijo recientemente la presidente argentina, Cristina Fernández, comentando el caso de los fondos especulativos o fondos buitre, que no entraron en el canje de la deuda y reclaman el cobro de sus bonos al 100% de su valor. Los caranchos son una especie de buitres, aves carroñeras que viven en el país, ya mencionados en el Martín Fierro, el poema nacional de los argentinos. Pero el término también se aplica a los abogados que están a la caza de clientes para litigar contra el Estado, usando malas artes.
La sorprendente declaración de la mandataria hacía referencia a los jubilados argentinos que, en número cada vez mayor, plantean juicios por el reajuste de sus haberes o por cálculos errados a la hora de determinar el monto de la pensión. En todo el país hay más de medio millón de demandas, que no incluyen a las presentadas por personal de las FF.AA., policía y fuerzas de seguridad. Y se calcula que más del doble podría acogerse a los mismos beneficios.
En su declaración, la presidente añadió que durante los 12 años en que funcionó el sistema de las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), es decir, antes de que el Estado nacionalizara el sistema de jubilaciones privadas, no había juicios. “Bastó que tomara las jubilaciones el Estado –noviembre de 2008- para que iniciaran las cataratas de juicios”. Claro que los aumentos durante esa época estaban ligados a la rentabilidad de las inversiones de cada una de las AFJP y los ciudadanos elegían entre la jubilación privada o mantenerse en el Estado. Fue durante el gobierno neoliberal y privatizador de Carlos Menem que se habían instaurado las AFJP.
La Cámara de la Seguridad Social, ubicada en el edificio de Tribunales, en el centro de la capital argentina, recibió en los últimos días 12.000 expedientes con las apelaciones de la ANSeS (Administración Nacional de la Seguridad Social) a los juicios presentados por los jubilados. Solo este año, hasta el mes de octubre se habían iniciado unos 70.000 juicios, de los que más de la mitad fueron apelados. Y esto a pesar de que la Corte Suprema ya sentó jurisprudencia y estableció, hace cuatro años, que la ANSeS no debería apelar cuando los casos fueran similares a otros ya fallados de manera favorable para los demandantes.
Ahora, la Corte Suprema rechazó en un fallo las maniobras para seguir retrasando los juicios, como el ejercicio masivo de recusación sin causa de jueces. El titular de la ANSeS, Diego Bossio, que viene siendo seriamente cuestionado por lo que se consideran medidas dilatorias, especulando con la expectativa de vida de los jubilados, sostiene que si hubiera que pagar todos los juicios que pierde el Estado, el organismo entraría en déficit operativo.
No es de la misma opinión Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, que además denuncia que los fondos de la ANSeS están siendo utilizados por el Estado como un recurso propio o para garantizar su propia estabilidad económico-financiera: “esto es grave porque hablaría, una vez más en la historia argentina, de la apropiación de los recursos de la seguridad social con fines que no tienen que ver con la misma”.
El sistema previsional argentino está en una profunda crisis. Un informe de investigadores de la Escuela de Economía de la UCA (Universidad Católica Argentina), de marzo de este año, señala que, en los últimos años, el sistema ha experimentado profundos cambios “y ha pasado a desempeñar un importante papel en el financiamiento del déficit fiscal del sector público”. Por la misma época, otro informe de la Auditoría General de la Nación, afirmaba que el gobierno manejaba el sistema jubilatorio “sin contar con una estrategia para determinar los pagos a futuro”. Esto sin contar con el envejecimiento de la población.
En Argentina hay 6,5 millones de personas que reciben pensiones o jubilaciones: de ellos, el 58% son no contributivas, fueron concedidas sin aportes; y solo el 42% corresponde al régimen de reparto, es decir, que corresponden a las personas que cumplieron con los requisitos de años de aporte. De los 44 millones de habitantes que tiene el país, los trabajadores activos son 16 millones, pero solo 10 están en blanco y apenas 6 son estables. Es decir que en el sistema previsional argentino hay dos activos por cada pasivo, cuando lo que se considera sustentable es que debe haber entre 4 y 5 activos por cada jubilado.
Tres cuartas partes de los jubilados perciben el haber mínimo, 1.879 pesos, unos 295 euros al cambio oficial. El gran número de pensiones no contributivas se debe sobre todo a amas de casa que, en los últimos años, pudieron acceder a una pensión sin haber aportado. Al porcentaje tan bajo de los aportantes contribuye también la existencia de un núcleo importante de trabajadores en negro: en la actualidad aproximadamente un 30%, pero que durante la crisis del 2001-2002 fue sustancialmente mayor.
El problema es que con el dinero de los jubilados se está financiando el Estado. De ahí salen los fondos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el dinero para el programa de computadoras para escolares y los recursos para la transmisión televisiva en abierto del Fútbol para Todos. Gastos sin retorno y que deberían salir de otras cajas. También de ahí salen los créditos para la construcción de viviendas populares del programa PROCREAR. Pero con una particularidad, son créditos subsidiados, con lo cual se descapitaliza la caja de los jubilados y, además, este programa les está vedado a los dueños de ese dinero, ya que los aspirantes deben tener menos de 65 años.
Privado de acceso al mercado internacional de crédito, el gobierno argentino echa mano de la ANSeS, pero también del Banco Central, para financiar el déficit fiscal. Y cuando toma créditos de estos mismos organismos, lo hace a tasas de interés muy bajas.
Los jubilados argentinos constituyen una de las partes más débiles del sistema, aunque es así desde hace décadas. En la época del menemismo, (1989-1999) hubo una crisis importante, con grupos de jubilados que permanecieron acampados durante meses frente al Palacio de Tribunales. Su líder, Norma Plá, llegó a acceder al despacho del ministro de Economía de la época, Domingo Cavallo, que lloró ante las cámaras de televisión, reconociendo que sus padres también eran jubilados.
