jueves. 28.03.2024

Las posiciones de uno y otro sector no admiten matices en un debate donde las partes muestran posturas diametralmente opuestas que incluyen la disímil interpretación del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la fecha en que el multimedios debe comenzar a desprenderse de las licencias que están por encima de lo que la nueva ley les permite.

O sea, que a partir de esa fecha Clarín debe desandar el camino que lo condujo a formar el monopolio de radio y televisión que, sumado a sus múltiples medios gráficos, le ha permitido concentrar un gigantesco aparato de dominio en las comunicaciones a lo largo y a lo ancho del país.

El fallo de la Corte es clarísimo. La fecha tope es el 7 de diciembre de este año, pero Clarín sostiene que a partir de ese día es cuando comienza a regir el plazo estipulado y con ese argumento quiere estirar el cumplimiento de la ley hasta finales de 2013.

Mientras trata de ganar la batalla en los tribunales con el clásico recurso de presionar a los jueces, Clarín utiliza la amplia red de medios de comunicación que maneja para desviar el eje de la discusión jurídica presentando el caso como un atentado a la libertad de expresión.

Para fortalecer ese falaz argumento ha sumado a su campaña la opinión de empresas periodísticas nacionales y extranjeras históricamente ligadas a intereses que poco y nada tienen que ver con el verdadero ejercicio de la libertad de expresión y mucho con la libertad de los empresarios.

El grupo insiste en que la aplicación de la ley de medios audiovisuales coarta la libertad de expresión, un argumento que la propia realidad se encarga de desmentir y que Corte Suprema de Justicia ha rechazado expresamente por lo absurdo del planteo.

Pero como Clarín está por encima de la propia ley, hace oídos sordos al pronunciamiento del máximo tribunal y trata de presentarse como víctima de una ley ampliamente debatida en diversos sectores de la sociedad, luego aprobada mayoritariamente por ambas cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo.

Es decir, se han dado los pasos establecidos por la Constitución Nacional con el agregado de un dato que no es menor: la nueva ley reemplaza a la que puso en vigencia la dictadura militar.

Es obvio que los planteos de Clarín forman parte de lo que ocurre en los tribunales de todo el país donde se libra una puja entre las viejas corporaciones judiciales y las nuevas corrientes de jueces y fiscales que tratan de cambiar esa tan arraigada cultura elitista y conservadora que se resiste a los cambios, sobre todo cuando esos cambios tocan los intereses de los poderosos grupos económicos nacionales y multinacionales.

En el fondo se trata de cuestiones ideológicas que influyen notablemente en las decisiones no sólo en asuntos económicos sino también cuando hay que decidir sobre delitos de lesa humanidad, lo que viene a demostrar los estrechos vínculos que existen entre el genocidio humano y el genocidio económico que produjo el terrorismo de Estado a partir del 24 de marzo de 1976.

Ambas cuestiones rozan directamente al Grupo Clarín. Por un lado, la historia del traspaso de Papel Prensa durante la dictadura militar en favor de Clarín, La Nación y La Razón, transferencia que se concretó bajo el persuasivo método de la tortura a sus anteriores propietarios.

A ese delito de lesa humanidad se agrega el de la apropiación de dos niños por parte de Ernestina Herrera de Noble, cuyos orígenes biológicos se desconocen hasta el momento, aunque hay fuertes sospechas sobre la posibilidad de que los padres de aquellas dos criaturas pudieran ser personas desaparecidas, tal como lo admitió públicamente la dueña del Grupo Clarín en enero de 2003.

Clarín viene acusando al gobierno de tratar de colocar en el juzgado que debe decidir el tema del artículo 161 de la ley de medios a un juez que se pronuncie en favor del oficialismo (todos los gobiernos, unos más que otros, siempre tratan de influir tanto en la designación como en las decisiones de los jueces), pero lo cierto es que ha sido el multimedios el que ha hecho lo imposible por instalar en ese juzgado al magistrado que satisfaga sus exigencias.

No es un secreto que Clarín ha ejercido y todavía ejerce presión no sólo sobre los jueces sino también sobre los otros poderes del Estado. Todo el mundo sabe la enorme influencia que el grupo ha tenido en las grandes decisiones adoptadas tanto por gobiernos civiles como militares, desde la designación de presidentes, ministros y embajadores hasta el rumbo de la economía.

Podrían ofrecerse innumerables ejemplos en ese sentido, pero uno de los más elocuentes –quizás el más emblemático- ocurrió cuando el entonces juez Roberto Marquevich ordenó la detención de Ernestina Herrera de Noble a finales de 2002 luego de probar una serie de delitos cometidos por la poderosa empresaria cuando se apropió de Marcela y Felipe.

Es oportuno recordar aquí el diálogo que mantuvo entonces la viuda de Noble con el abogado Eduardo Padilla Fox, reproducido por Pablo Llonto en su libro La Noble Ernestina.

-“Doctor, ¿usted está seguro que no pasaré la Nochebuena detenida?”

-“No, señora, de ninguna manera. Nuestra gente ya habló con algunas personas vinculadas a la Cámara Federal de San Martín y nos dijeron que a Marquevich lo van a hacer mierda”.

Y así fue. A Marquevich lo destituyó en tiempo récord el Consejo de la Magistratura. Lo reemplazó Conrado Bergesio, un hombre que respondió ciegamente a los intereses del Grupo Clarín: durante ocho años mantuvo paralizada la causa, fue apartado por la Cámara precisamente por inacción pero zafó del juicio político que merecía y hoy goza de una suculenta jubilación. Un premio a la impunidad.

En eso de hacerse amigo del juez, nadie mejor que Clarín conoce la manera de cultivar amistades dentro de la judicatura.

Por Juan Carlos Martínez | Autor del libro La Apropiadora

La justicia y el Grupo Clarín: hazte amigo del juez