viernes 28/1/22
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

El Gobierno argentino llevará el caso Clarín al Tribunal Supremo

La SIP denuncia que hay graves inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo.

El revés judicial sufrido por el gobierno de Cristina Fernández en la tramitación de la Ley de Medios, después de que se ampliara la cautelar al Grupo Clarín, disparó una catarata de declaraciones descalificando en los más duros términos a los jueces y al fallo. Y solo pasaron unas horas para que se presentase ante la Corte Suprema apelando al per saltum, mecanismo legal para saltarse las instancias intermedias y que sea el máximo tribunal el que tome en sus manos la causa.

Todo estaba preparado para el 7 D, que era cuando vencía la cautelar que paralizaba la aplicación de dos artículos de la ley, sobre los que Clarín planteó su inconstitucionalidad. Fundamentalmente el 161, relativo a la adecuación de los grupos que tuvieran más licencias de las permitidas en la nueva normativa. Clarín apeló por considerar que se legislaba de manera retroactiva.

El gobierno había planteado que este viernes comenzaba una nueva etapa y terminaba “la cadena ilegal del desánimo”, como dijo Cristina Fernández, blanqueando que la envestida contra el grupo no es tanto porque tenga más licencias de radio y televisión, sino porque molesta una visión diferente.

A pesar de que la cautelar afecta solo al grupo Clarín, el gobierno decidió que también se prorrogue el plazo a los otros medios, aunque no cumplan la ley, “para que todos queden en igualdad de condiciones”. Entre estos grupos están Telefónica y el Grupo Vila-Manzano, que ya había presentado una original y polémica propuesta de desinversión, con el aparente beneplácito del gobierno: repartirse las licencias entre los socios y familiares.

Muy dolidos por el fallo en contra, la reacción del gobierno fue redoblar la apuesta. La presidente, Cristina Fernández, que viajó a Brasil por la cumbre de Unasur, dijo solamente que el fallo era “más de lo mismo”. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, lo calificó de bochornoso y añadió: “terminamos de comprobar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal”. El subsecretario general de la presidencia, Gustavo López, calificó como una mafia a los jueces que integran la Cámara en lo Civil y Comercial. Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), dijo que había un poder corporativo que tiene influencia sobre los jueces, añadiendo: “lo que pasó ayer ratifica que hay complicidad de los jueces con Clarín”.

El vicepresidente, Amado Boudou, por su parte, señaló que era un fallo contra la democracia y que había sectores de la justicia que estaban defendiendo a los más poderosos. “Algunos quieren presentar esto como un tema técnico-jurídico, cuando en realidad es un tema político, porque estos sectores de la justicia también demoraban los juicios por los delitos de lesa humanidad”, añadió.

Hebe de Bonafini, titular de uno de los dos grupos de las Madres de Plaza de Mayo, advirtió a los jueces que firmaron la extensión de la cautelar a Clarín, que “también estarán en el banquillo de los acusados. Ya hace dos años, en un acto impulsado por el gobierno para defender la Ley de Medios, Bonafini había acusado a los jueces de ser cómplices de la dictadura, añadiendo: “si tenemos que tomar por asalto el Palacio de Tribunales, tomémoslo”.

Martín Sabatella, titular de AFSCA, había anunciado que permanecería en su despacho hasta la medianoche del 7, esperando que los grupos afectados presentaran un plan de desinversión. Y que aquellos que no lo hicieran (léase Clarín), recibirían una notificación que él personalmente entregaría el próximo lunes a las 9 de la mañana. Antes, el gobierno se daría un baño de multitudes en una fiesta en la Plaza de Mayo, prevista para el domingo. La fiesta se mantiene, a pesar de todo, y se espera que hable la presidente.

La respuesta a la petición del per saltum no se tendrá hasta la próxima semana. Lo que sí hizo ya la Corte fue rechazar un planteamiento de Clarín para que el máximo tribunal desestimase la pretensión del gobierno. Cuando se aprobó la norma que respalda el per saltum, se estableció como fundamento la necesidad de dar respuesta rápida a temas de gravedad institucional.

La víspera del 7 D fue una jornada imposible de olvidar, y no solo por el virtual conflicto de poderes que se ha desatado. Empezó con una nube tóxica y nauseabunda en el centro de Buenos Aires, que desató todas las alarmas. Horas después, media ciudad se quedó bajo las aguas por una lluvia que parecía el Diluvio, con cortes de luz, teléfono e Internet; incluso hubo un tornado en la provincia de Buenos Aires. Y uno de los principales centros comerciales de la ciudad sufrió lo que parecía un saqueo, aunque después resultó ser una protesta de vecinos perjudicados por los desagües del shopping.

Pero lo que resultó más preocupante fueron los encontronazos entre el gobierno y el Poder Judicial, sin antecedentes en los casi 30 años de democracia. Ante las presiones y acusaciones de la víspera, por parte del ministro de Justicia y otros funcionarios, respondió la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, creada por la Corte Suprema. En un duro comunicado, aseguraba haber recibido quejas de jueces de todo el país por “hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado”. Entre ellos, la gran cantidad de jueces subrogantes o provisionales, que son más fácilmente presionables. Según una reciente investigación de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), uno de cada cinco magistrados en la justicia federal es subrogante, por tanto “no cuentan con las garantías que protegen su independencia”.

Pero además denunciaban “recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el fin de separar a un juez de la causa, campañas difamatorias contra jueces, pedidos de intervención a los poderes judiciales provinciales e intentos de modificación de algunas legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los magistrados”.

La Asociación Argentina de Fiscales se adhirió al comunicado de los jueces y pidió “el cese de las situaciones que de manera directa o indirecta y en todo el territorio, buscan influir sobre los magistrados en pos de torcer su recta decisión”.

Una misión de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), que visitó estos días Buenos Aires, hizo públicas sus primeras conclusiones sobre las entrevistas que mantuvo en la capital argentina. Y, entre otras cosas, se mostraron sorprendidos por “la explicitud de las presiones” para influir en el nombramiento de los jueces que entienden en la causa de Clarín. Pero fueron aún más críticos con el gobierno al señalar que hay un hostigamiento constante hacia medios y periodistas críticos, alertando sobre “graves inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo”. También consideran que con la Ley de Medios “lo que está en juego sobrepasa los intereses económicos y empresariales del Grupo” y que el gobierno está haciendo una aplicación selectiva de esa norma.

A las críticas habituales de algunos sectores sobre la SIP –agentes de la CIA, entre otros-, los integrantes de la misión recordaron que en 1978, en plena dictadura, hicieron público un durísimo informe sobre lo que estaba sucediendo en el país, criticando incluso a algunos de sus socios locales por su papel durante el gobierno militar.

El Gobierno argentino llevará el caso Clarín al Tribunal Supremo
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