@jgonzalezok | Cuarenta y ocho horas después del descalabro que supuso para el gobierno argentino el resultado de las elecciones legislativas, la Corte Suprema acabó dándole una alegría que esperaba desde hace tiempo. Se declaró la constitucionalidad de los cuatro artículos objetados por el Grupo Clarín de la Ley de Medios. Una norma que fue lanzada para combatir los monopolios y “democratizar la palabra”, aunque el objetivo real fue desmantelar el Grupo Clarín, percibido como el principal enemigo político del gobierno.
Miles de personas salieron a la calle, convocados por diversas organizaciones kirchneristas, para celebrar el fallo de la Corte, Martín Sabbattella, titular de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), el organismo encargado de la aplicación de la ley, dijo en el acto que era el mejor homenaje para el ex presidente Néstor Kirchner.
El veredicto de la Corte Suprema supone que Clarín tendrá que desprenderse de parte de sus medios, mediante la venta de licencias de radio y televisión. Deberá elegir entre canal 13, uno de los cinco de televisión abierta que se ven en Buenos Aires, y segundo en audiencia, o TN, un canal todo noticias por cable. O bien limitar el alcance de alguno de ellos, para que no se vea en todo el país.
Han sido cuatro años de intenso debate, presiones sobre los distintos estamentos de la Justicia y declaraciones épicas para sostener un relato que señalaba a la prensa independiente como desestabilizadora y defensora de intereses inconfesables.
En su fallo, la Corte Suprema dice que la ley es coherente con la libertad de expresión y el derecho de los consumidores a la información. Pero también hizo consideraciones muy críticas hacia el gobierno, al pedir políticas transparentes de subsidios y publicidad oficial, señalando que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno. “La ley y su propósito perdería sentido si los medios se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”, dijo la Corte.
También advirtió que tampoco se puede asegurar que se cumplen los fines de la ley si el encargado de aplicarla –el AFSCA- no es un órgano técnico independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión. El titular del AFSCA, Martín Sabbatella, fue diputado kirchnerista.
La Corte Suprema señaló en su sentencia que, en la aplicación de la ley, “deben respetarse la igualdad de trato tanto en la adjudicación como en la renovación de las licencias, no discriminar sobre la base de opiniones disidentes, ajustarse a los requerimientos del debido proceso en todas sus decisiones y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural”.
La semana que viene habrá una reunión del directorio de la AFSCA para decidir los pasos a dar. Pero su titular, Martín Sabbatella, ya adelantó su opinión de que Clarín debe adecuarse de manera inmediata al fallo y que todos los plazos están vencidos. También dijo que el organismo está facultado para iniciar transferencias de oficio cuando una empresa periodística no presente un plan voluntario de adecuación a la ley. El subsecretario de la Presidencia, Gustavo López, afirmó “que la autoridad regulatoria, que es el AFSCA, puede decir que mañana lo intima a que se adecue, o darle una semana para que lo haga”.
Sabbatella consideró que para el gobierno están agostadas todas las instancias judiciales, aunque Clarín podría todavía apelar a tribunales internacionales. Pero un comunicado del grupo mediático deja abierta la posibilidad de seguir defendiendo judicialmente “cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas”. En este sentido, podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias obligan a Argentina. Señala Clarín contradicciones del fallo con la Constitución Nacional y con el Pacto de San José de Costa Rica y afirma que “la prueba más concreta de la verdadera intención del gobierno con esta ley, ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción: hoy, más del 80 % de los medios audiovisuales responden directa o indirectamente al oficialismo”.
La diputada opositora Elisa Carrió anunció que pedirá el juicio político al presidente del Supremo, Ricardo Lorenzetti, al que acusa de haber llegado a un acuerdo con el gobierno: “surtió efecto el apriete de la AFIP (Hacienda) sobre la fortuna y los bienes de Lorenzetti y sus hijos”, sostiene. Y asegura que el diputado oficialista Carlos Kunkel le habría transmitido un mensaje para el presidente del Tribunal Supremo: “pacta sunt servanda”, los pactos se cumplen. Carrió dijo también que Lorenzetti entregó la ley de medios a cambio de que se le devolviese a la Corte el manejo de la caja (el dinero) de la justicia.
Poco después de conocerse el fallo, la Bolsa de Valores de Buenos Aires suspendió temporalmente la cotización de las acciones del Grupo Clarín, cuando habían caído un 5,72 %. Desde el pasado mes de agosto las acciones venían subiendo, apostando a que la Corte fallase a favor del conglomerado mediático. En la Bolsa de Londres también se registró un importante descenso de las acciones del grupo.
La ofensiva del gobierno contra Clarín se inició al comienzo del primer mandato de Cristina Fernández, después de que tuvieran relaciones excelentes durante la presidencia de Néstor Kirchner. El CEO de Clarín, Héctor Magnetto, era habitual invitado en la residencia presidencial de Olivos. Y una de las últimas cosas que hizo Kirchner antes de terminar su mandato fue prorrogar las licencias de los canales de televisión, incluyendo canal 13 y TN, además de aprobar la fusión de dos canales de cable a favor de Clarín.
La ruptura fue consecuencia de la posición adoptada por Clarín en el conflicto que el gobierno mantuvo con el sector agropecuario, a propósito de impuestos extraordinarios a las exportaciones de soja y otros productos agrícolas. La guerra, a partir de ahí, fue a muerte. Se acusó a la propietaria de Clarín, Ernestina Herrera, de haber adoptado irregularmente a sus dos hijos, afirmando que eran hijos apropiados de desaparecidos, cosa que nunca se comprobó.
Se acusó también a Clarín de haber actuado en connivencia con la dictadura en la compra de la empresa Papel Prensa. En concreto, se dijo que la venta de las acciones habría sido obtenida bajo torturas, cosa que tampoco se probó.
El gobierno alentó que piquetes de sindicalistas impidieran en varias ocasiones la circulación del diario. En una oportunidad, incluso, participó de una de estas operaciones el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman.
Se popularizaron las consigna Clarín miente, y ¿Qué te pasa, Clarín, estás nervioso? La última frase la empezó a utilizar el fallecido presidente Kirchner. Y la primera apareció en todo tipo de actos protagonizados por el oficialismo.
En febrero pasado, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ordenó a las empresas de supermercados y electrodomésticos que no publicasen anuncios en los medios gráficos opositores, con el argumento de que el acuerdo de control de precios los hacía innecesarios. Esto fue letal para las economías de los medios que, sobre todo en fin de semana, publicaban páginas y páginas de publicidad. Según un estudio reciente, entre enero y septiembre pasados la publicidad privada disminuyó un 79 %.
En la última Asamblea General de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a propietarios de medios), celebrada en la ciudad norteamericana de Denver, denunciaba que la ley de medios argentina “afecta la sustentabilidad de los medios privados, restringe sin razón técnica alguna el funcionamiento de medios que no utilizan el espectro radioeléctrico, como el cable y las señalas audiovisuales, favorece las voces oficiales en desmedro de las restantes y discrimina arbitrariamente entre distintos medios”.
La ley había sido anunciada el marzo del 2009 y promulgada en octubre de ese mismo año. El Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de cuatro de sus artículos, relativos a la limitación de licencias de aire y de cable, el desconocimiento a los derechos adquiridos y la obligatoriedad de desprenderse de las licencias antes del vencimiento del plazo por el que habían sido concedidas.
El artículo 45 de la ley, en concreto, prohíbe que un mismo operador de televisión tenga licencias de cable, televisión abierta y cable. También prohíbe que una empresa de televisión por cable tenga más de un 35 % del mercado y que una empresa tenga en la misma zona televisión abierta y cable.
Aunque el gobierno habla de grupo hegemónico y del monopolio de Clarín, en Argentina hay 40 canales analógicos y 24 digitales; hay 2.200 emisoras de radio legales y 7.821 ilegales. En la capital federal, por ejemplo, las señales televisivas del Grupo Clarín son minoría y son las únicas que le dan voz a todo el arco político. Los medios estatales, por el contrario, practican un periodismo militante y descalificador de la oposición.
