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viernes. 02.12.2022
PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS | ANA INéS LÓPEZ

El fallo del fiscal sobre la Ley de Medios

El fiscal dictaminó la constitucionalidad de la Ley de Medios argentina. Este dictamen es el primero que entra sobre la cuestión de fondo, después de tres años de sancionada la Ley y de la cadena de recursos judiciales del Grupo Clarín para frenar su plena vigencia.

El dictamen del fiscal Fernando Uriarte rechazó el planteo del Grupo Clarín contra los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA, arts. 41, 45, 48 y 161) que regulan los límites de concentración de licencias y los plazos de adecuación (desinversión). En una resolución de más de 50 páginas, en el que analiza los alegatos de las partes, el representante del Ministerio Público recomienda al juez Horacio Alfonso que rechace el planteo de inconstitucionalidad del grupo multimediático.

Según el fiscal, la norma “no conculca los derechos constitucionales de propiedad y de comercio del Grupo Clarín” y sostiene que “bajo la apariencia de un planteo de inconstitucionalidad” lo que “persigue en realidad” es “que el Poder Judicial decida sobre el acierto o desacierto del régimen de transferencia, multiplicidad y adecuación de las licencias de comunicación audiovisual diseñado por el Congreso en el ámbito de sus atribuciones constitucionales”.

Afirma que el planteo de fondo no tiene relación con alguna limitante en la libertad de expresión -como ya sostuvo la Corte Suprema-, sino que se trata de una cuestión patrimonial. En este sentido, el fiscal no descarta que, en caso de constatarse una afectación futura al patrimonio, la empresa pudiera reclamar un resarcimiento económico.

El juez Alfonso, tras el dictamen, abrió la etapa para dictar sentencia. El Estado y el multimedio disponen de cinco días para eventuales planteos al juez. Terminado este plazo, el juez tiene cuarenta días para resolver. Sin embargo, las reiteradas intimaciones de la Corte Suprema para que dicte sentencia de inmediato llevan a suponer que el fallo podría adelantarse.

Polémica interna en el Poder Judicial

Con el telón de fondo del cuestionamiento a Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se desató una fuerte polémica entre diversos actores del Poder Judicial.

La Cámara Civil y Comercial que entiende en el pedido de prórroga de la medida cautelar del Grupo Clarín S.A. acababa de rechazar la recusación del juez Francisco de las Carreras presentada por el gobierno nacional, alegando similares motivos por los que se excusara otro juez del fuero, Ricardo Recondo.

La recusación se basó en una reciente participación de varios jueces ligados a la causa del Grupo Clarín S.A. en la Cumbre de Medios de Comunicación que tuvo lugar en Miami (1-3 mayo 2012), organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (CERTAL). Este centro tendría múltiples vinculaciones con el Grupo Clarín: el director en Argentina, Alejandro Harrison, es el presidente de Pramer, una empresa del Grupo; la coordinadora general es Ana Recondo, hija del juez Recondo, miembro de la Cámara Civil y Comercial y del Consejo de la Magistratura; el presidente de la Comisión de Piratería, Santiago Piris, es presentado en la página web de CERTAL como “abogado-Cablevisión”, también empresa del Grupo Clarín, entre otras.

Al día siguiente de que se resolviera la recusación se conoció un comunicado de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial, conformada por tres entidades que representan a jueces, expresando su preocupación por “hechos que agreden institucionalmente” al Poder Judicial.

Dicha comisión, que depende de la Corte Suprema y reúne a la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, puntualizó como “hechos que agreden a un Poder el Estado” a situaciones como “la falta de cobertura de cargos de magistrados”, las “recusaciones y denuncias penales utilizadas de modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una causa”, las “campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal”, los “pedidos de intervención a los poderes judiciales provinciales” y los “intentos de modificación de algunas legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e independencia de los magistrados”.

Entre exhortaciones, requerimientos y reclamos, la Comisión llamó al Poder Ejecutivo a “cumplir estrictamente con el artículo 109 de la Constitución nacional –el que atañe a la independencia del Poder Judicial– y a ejercer sus facultades como poder del Estado dentro del marco de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia”.

Cinco días más tarde, un numeroso grupo de camaristas, jueces, fiscales, defensores públicos, autoridades y docentes universitarios, reconocidos profesionales del derecho y trabajadores del poder judicial de todo el país respondió a través de una solicitada, diferenciándose del comunicado de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial y otras asociaciones de magistrados, señalando que “muchos de los firmantes de este documento integramos algunas de las organizaciones mencionadas, pero no nos sentimos representados por el contenido del comunicado”.

Los más de 200 firmantes manifiestan que “nos mueve el propósito de reconciliar al sistema de administración de justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del evidente desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento”; y “expresan su rechazo a los términos del comunicado emitido por las organizaciones mencionadas y manifiestan su enfático respaldo a la concepción democrática del Poder Judicial que se pone de manifiesto en este documento”.

Sosteniendo que la independencia del Poder Judicial “es un principio cardinal del sistema republicano”, en este documento se señala “que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir en los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e –incluso- deber ser independientes de las organizaciones que los representan”.

Entre los firmantes se encuentran la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; el juez de Casación Alejandro Slokar, su par de Cámara de La Plata Carlos Rozanski; el presidente de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone; los fiscales de Cámara Jorge Auat, Alejandro Alagia y Félix Crous, además de rectores, decanos y académicos vinculados con el mundo de la Justicia.

Todo indica que, tras el impulso a la democratización de los medios de comunicación, se está instalando en la agenda política argentina la democratización del poder judicial. Si la primera está resultando dificultosa, la segunda promete ser mucho peor.

El fallo del fiscal sobre la Ley de Medios