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viernes. 19.08.2022
CRÓNICAS DE AMÉRICA LATINA | JAVIER M. GONZÁLEZ

Argentina, segunda huelga general en cinco meses

Los piquetes en la entrada de Buenos Aires consiguieron paralizar la capital.

argentina250

@jgonzalezok | Argentina vivió este jueves, 28 de agosto, la tercera huelga general contra un gobierno kirchnerista, y la segunda en lo que va de año. Las valoraciones del seguimiento fueron absolutamente opuestas, pero lo cierto es que la actividad que se pudo observar en la calle fue mínima. Abrieron muchos comercios, aunque estaban casi vacíos, y funcionó el transporte en la capital, aunque iban semivacíos. Pero los piquetes de grupos de izquierda –trotskistas, fundamentalmente- impidieron la entrada de autobuses procedentes del conurbano, con lo que las calles del centro porteño estaban con el aspecto de un día festivo.

El dirigente sindical Hugo Moyano, sostuvo que el paro fue acatado por el 85 % de los trabajadores, casi la misma cifra que el gobierno atribuyó a los que fueron a trabajar. “Si no hay respuesta, nos obligan a profundizar este plan de lucha”, dijo Moyano después de la jornada de paro. Luis Barrionuevo, otro de los convocantes de la huelga afirmó  que la próxima vez habrá paro y acto en la plaza de Mayo. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, desechó por innecesarios los reclamos sindicales.

El clima de enfrentamiento se venía calentando en los últimos días. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había afirmado el pasado lunes que los partidos políticos y los sindicatos opositores al gobierno “están financiados y bancados por los fondos buitre”. Un día después matizaba: “los gremios opositores no son bancados por los buitres, actúan gratis y por convicción”.

Las tres centrales opositoras convocaron el paro contra la inflación y la subida del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, que al no actualizarse cada vez afecta al bolsillo de más trabajadores. Algunos dirigentes sindicales están empezando a pedir la reapertura de los convenios colectivos de trabajo, a pesar de que no hace ni medio año que se negociaron.

Algunos datos de las últimas semanas son altamente preocupantes, que dan cuenta de la profundidad de la crisis. En solo tres meses se cerraron 311.000 cuentas sueldo; se han perdido 20.000 empleos en la construcción; en el segundo trimestre de este año, las compras de alimentos en los supermercados de la capital cayeron un 4,1 % en comparación con el mismo período del año anterior; las ventas en los locales de comidas rápidas cayeron un 15,3 %; y la venta de electrodomésticos, un 15,8 %. La propia ministra de Industria, Débora Giorgi, admitió un deterioro en la actividad industrial en el primer semestre del año, aunque lo achacó a factores externos.

El nivel salarial de los empleados está siendo devorado por la inflación. Según datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares, el 50 % de los ocupados urbanos gana menos de 4.500 pesos mensuales (535 dólares al cambio oficial). Esto los trabajadores en blanco, porque los trabajadores del sector informal, más de un 30 %, tienen ingresos aún menores. Junto a esto, una inflación que ya se proyecta en torno al 40 % para el 2014, caída en la producción, despidos y dificultades añadidas por el conflicto con los fondos buitre.

La relación del gobierno con los sindicatos se ha venido deteriorando en los últimos años. Y los Kirchner aplicaron el conocido método de dividir lo que no pueden controlar. Las elecciones sindicales acabaron con resultados dudosos y el gobierno favoreció a los dirigentes sumisos. Así, de dos centrales sindicales, que empezaron siendo aliadas del gobierno, CGT (Confederación General del Trabajo) y CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), se pasó a cinco. De ellas, hoy tres son opositoras: la CGT del dirigente camionero Hugo Moyano, la CGT Azul y Blanca del gastronómico Luis Barrionuevo y la CTA de Pablo Micheli, dirigente de los trabajadores estatales. Las otras dos mantienen su alianza con el gobierno: la CGT liderada por el dirigente metalúrgico Antonio Caló y la CTA del docente Hugo Yaski.

Hugo Moyano fue un fiel aliado de Kirchner, durante los cuatro años de su presidencia. El gobierno favoreció al sindicalista, que a cambio aportaba militantes en los actos políticos y prestaba servicios adicionales, como bloquear las plantas de los diarios independientes, en el momento más álgido de la lucha contra el Grupo Clarín.

Pero la relación comenzó a deteriorarse en 2011. Primero, porque Moyano quería meter a más hombres del sindicalismo en las listas electorales, recordando que el peronismo considera que los sindicatos son la columna vertebral del movimiento. Pero no tuvo éxito y solo pudo colocar a uno de sus hijos, que ya rompió con el kirchnerismo. En segundo lugar, porque empezaba ya a deteriorarse la situación económica y las bases reclamaban acción. Y hubo también un componente personal: Moyano se entendía bien con Néstor Kirchner, pero no con su esposa, Cristina Fernández, que lo detesta.

Cuando Cristina Fernández ganó las elecciones del 2011, Moyano ya no asistió a su toma de posesión, y la presidente lanzó un claro mensaje: “con nosotros, derecho de huelga hay, pero derecho de huelga, no de chantaje y extorsión”. Lo dijo después de recordar que la Constitución peronista de 1949 no tenía este derecho. Hoy, la guerra es abierta y el conflicto es uno más en el complicado panorama que enfrenta el gobierno en la recta final de la presidencia de Cristina Fernández. 

Argentina, segunda huelga general en cinco meses