martes. 23.04.2024

El titular de El Mundo (3/2/13) es contundente: son “Los indígenas que plantaron cara al narco”. El reportaje aclara poco, pero tiene lo que se espera de una nota sobre México -país exótico y un tanto atrasado- visto desde fuera: color local, algo de épica (el corresponsal aventurero), comparaciones con la insurgencia zapatista de 1994, y simplificaciones sobre el problema de la violencia.

Son las autodefensas, grupos de campesinos que especialmente en las zonas pobres del sur del país (aunque están presentes en más de 10 estados) se han organizado y armado para ejercer labores de vigilancia, bloquear carreteras y caminos, detener a presuntos delincuentes o dirimir conflictos vecinales, políticos, o con empresas transnacionales.

Sabemos poco de lo que sucede realmente. En la discusión impera la confusión (no sé si deliberada o no) entre estos grupos de autodefensa (de los que se tiene noticia desde finales del año pasado), las policías comunitarias (reconocidas oficialmente, con una tradición de años y relacionadas con los usos y costumbres de los pueblos indígenas), y el paramilitarismo. 

La narrativa más conocida podría simplificarse así: ante el contexto de violencia generalizada, de impunidad, colusión, indiferencia o incapacidad del aparato judicial del Estado (que no cumple su principal deber, garantizar la seguridad), grupos de ciudadanos han decidido organizarse y tomarse la justicia por propia mano. Aunque dudo que estemos ante  una vuelta a un estado de naturaleza hobbesiano en México, el tema tiene especial interés. Y habla de muchas cosas.

¿Qué dicen del Estado?

Quiero pensar que la idea de que el Estado mexicano es excesivamente grande ha caído en desuso. Razones no faltan: su existencia siempre ha sido precaria y dudosa. El nuestro es, ha sido un Estado débil en varios aspectos: recauda poco y mal (fiscalidad regresiva,  gran evasión y elusión, alta dependencia de la renta petrolera), es incapaz de imponer el cumplimiento de la ley (a microbuseros, vendedores ambulantes, empresarios, a sus propios funcionarios), y nunca ha tenido el monopolio de la violencia (siempre ha habido bandidos, guardias privados, grupos criminales). ¿Y el monopolio de la violencia legítima?

Creo que el surgimiento de las autodefensas representa un desafío en este sentido: ante los actores armados tradicionales, el Estado podía argumentar que era el poseedor monopólico, no de la violencia, pero sí de la violencia legítima. Era capaz de reclamar para sí, con éxito, ese monopolio (manteniendo la célebre  definición weberiana). Ahora bien, ante actores como las autodefensas, hacerlo resulta más complicado: a diferencia de la coacción usada por criminales, la de las autodefensas se presenta y se juzga como legítima, rompiendo así el monopolio estatal y reclamándolo para sí. Desde cierto punto de vista, parecerá cosa de sentido común: ¿cómo podría ser legítima la coacción de un Estado coludido con el crimen o indiferente a la seguridad de sus ciudadanos? Un paso más en nuestro proceso de desinstitucionalización.

¿Qué dicen de la sociedad civil?

Quizá uno de los rasgos de la sociedad mexicana que más se han vuelto explícitos con la crisis de seguridad sea su dudosa civilidad, su atavismo. Defendida desde siempre como polo de pureza, pertenecer a la sociedad civil (ser “ciudadano”) ha implicado tradicionalmente estar exento de todo vicio achacado a los políticos. Hoy, la simpatía por el “vigilantismo” también parece uno de sus rasgos.

Indicios se encuentran no solo en el automático visto bueno que se brinda a las autodefensas armadas y la simpatía que despiertan (más inmediata, generosa y espontánea que la que se le da a la fuerza pública estatal), sino en el desprecio por el debido proceso penal y la búsqueda de una "justicia extra legal".

Es curioso que se critique (con razón) de forma feroz al sistema penal mexicano, una de cuyas mayores fallas es que no juzga, y se celebren alternativas que adolecen del mismo problema: no juzgar, condenando de antemano en nombre de quién sabe qué ley superior.  Las garantías y los procedimientos son estorbos para una sociedad “justiciera”, cuyo afán sólo accidentalmente coincide con la ley. En ese sentido, existen puntos en común entre los grupos de autodefensa y otros episodios de violencia sumaria, expedita y extralegal como los linchamientos. Al menos, en su legitimación popular: una interpretación muy peculiar del mito de Antígona. En Tláhuac, en Ayutla, o en San Pedro Garza García.

¿Qué dicen del orden político?

De acuerdo con el trabajo de sociólogos como Fernando Escalante, la crónica debilidad del Estado mexicano  hizo indispensable, al menos desde el siglo XIX, la existencia de una amplia y poderosa red de intermediarios  cuya acción (arbitraria, parasitaria, eficaz) posibilitó la existencia de nuestro orden político: donde la legalidad no bastaba, la gobernabilidad se basó en la negociación del incumplimiento selectivo de la ley. Esa era la materia del arreglo político mexicano. La aparición de las autodefensas habla también de su ruptura…y del desorden resultante.

Piénsese en el súbito aumento de violencia en las zonas que, en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”, han sido escenario de operativos militares. La presencia del Ejército respondió en buena medida a una crisis del poder local, especialmente de la policía. Una policía local corrupta, ineficiente, pero arraigada localmente y encargada de organizar unos mercados informales e ilegales florecientes en los márgenes del Estado, que implican trámites cotidianos para la población de esas zonas. La desaparición de los intermediarios rompió el frágil orden existente, y la violencia producto de la incertidumbre aumentó.

Desde esta óptica, la aparición de las autodefensas  podría ser igualmente un producto de esa ruptura del orden político, no sólo un asunto policiaco. Pensar que campesinos armados con carabinas luchan contra lo mismo que la Policía Federal y la Marina, contra ese cajón de sastre que llamamos “crimen organizado”, es una simplificación burda de un problema complejo. Estos grupos se defienden de criminales, sí, pero también de vecinos, empresarios, o del Estado (y hay actores que entran en más de una categoría). La intermediación que producía orden en los conflictos entre todos ellos es lo que, de repente, dejó de funcionar o de existir.

¿Qué dicen del federalismo?

Los grupos de autodefensa también llaman la atención sobre el disfuncional federalismo mexicano y sus implicaciones para la seguridad pública.

Uno de los resultados más espectaculares de la alternancia en 2000 fue la emancipación de los gobernadores, que de subordinados del presidente pasaron a ser, con excepciones, pequeños autócratas. Impunes, autoritarios, e incompetentes. Como ha explicado el politólogo Guillermo Cejudo, nuestro federalismo actual, quizá el más real que haya tenido el país, está basado en unas relaciones intergubernamentales donde se combinan la autonomía de los poderes locales, su dependencia financiera hacia la Federación, y competencias traslapadas (y mal definidas) en materia de políticas públicas entre órdenes de gobierno.

El estado de Guerrero es una muestra de lo esperpéntico que puede llegar a ser el feuderalismo y sus consecuencias en la seguridad. Su gobernador, Ángel Aguirre, es buen ejemplo de la mezcla de autonomía, corrupción e incompetencia: como señaló en su día el periodista Salvador Camarena, su gestión se conoce por una red de nepotismo que incluye a 38 de sus familiares en la administración estatal, la represión de una protesta estudiantil donde hubo 3 muertos, el aumento de la violencia en que se ha sumido la ciudad más importante de la región: el puerto de Acapulco (cuyo irresponsable alcalde pidió auxilio al presidente de la República en febrero, con voz entrecortada y saltándose al propio Aguirre), y claro, por el desgobierno de las regiones de La Montaña y la Costa Chica, donde han surgido brigadas de autodefensa que realizan retenes, capturan y juzgan a presuntos delincuentes. El gobernador se justificó diciendo que “las policías comunitarias” han existido siempre y colaboran en la seguridad en las zonas indígenas. Hablamos de otra cosa.

Cuestiones prácticas.

Hay  cuestiones más, por decir algo, prácticas. E impostergables: ¿los grupos de autodefensa pueden ser pervertidos o infiltrados? ¿Pueden surgir grupos de autodefensa espurios como fachada a organizaciones criminales? No viene mal recordar que, en su momento, La Familia Michoacana se presentó públicamente como un grupo de autodefensa. Y que en marzo, también en Michoacán, fueron detenidos por el Ejército 31 integrantes de un supuesto grupo de autodefensa, presuntamente vinculados al Cartel de Jalisco-Nueva Generación.

Sobre la mesa está también el asunto de los procedimientos, y preguntas bastante incómodas: ¿dónde queda el derecho al debido proceso de los detenidos por las autodefensas?  ¿Los sistemas judiciales comunitarios pueden estar igual o más sujetos a error que el estatal?

En cuanto a sus efectos, retomo dos temas que plantea Leonel Fernández Novelo: en primer lugar, la violencia: al aumentar el número de personas armadas en zonas con alta presencia del crimen, ¿no es probable que aumenten los enfrentamientos y las muertes? Y en segundo, el conocido "efecto desplazamiento". Al ser iniciativas locales, un éxito de las autodefensas redundaría en una dispersión geográfica del crimen y la violencia, pues el problema simplemente se desplazará a zonas donde no existan.

Por último,  si estos grupos surgen del hartazgo y la desesperación, la estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto no queda muy bien parada. Vale la pena preguntar:  ¿en qué se diferencia de lo hecho por el PAN y Calderón? ¿Hasta cuándo se le dará el beneficio de la duda?

Es indispensable diferenciar la violencia propiamente criminal de la violencia social y política, pero hacerlo no implica su justificación. Una sociedad en la que la violencia se presente como el mejor medio para hacer dinero es abominable; pero no más, me temo, que una en la que lo sea para “hacer justicia”.

Lo que dicen los grupos de autodefensa nos interpela a todos. Va más allá de lo policiaco, aunque algunos periodistas y funcionarios estén emperrados en afirmar lo contrario. Y urge entenderlo.

¿Qué dicen las autodefensas?