Desde que hace unos días el PSOE, sus socios de gobierno y los grupos aledaños nacionalistas, tras un año de negociación, dieron “luz verde” a una Proposición de ley sobre vivienda, solicitando que se debata por el procedimiento de urgencia, las informaciones, debates, posiciones mediáticas y políticas han ido aumentando de tono. También está ocupando espacios (y promesas) en la ya muy lanzada precampaña electoral para el 28 de mayo próximo. Incluida diversidad de propuestas de la oposición, de forma más o menos deslavazada.
Además, el líder del PSOE y presidente de gobierno (Sr. Sánchez) tras casi cinco años en Moncloa –“a bombo y platillo” y durante un mitin electoralista en Valencia prometió “sacar al mercado de alquiler” unas 50.000 viviendas, procedentes de los fondos inmobiliarios de la Sociedad de gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB – o banco malo – ya entidad mayoritariamente de gestión pública y que nos costó a toda la ciudadanía un escandaloso y muy buen “pastizal” – con el que se podrían haber construido más de 200.000 viviendas públicas -en zonas tensionadas- para alquilar).
La actual realidad de la SAREB es mucho más compleja de gestionar (por su diferente patrimonialidad y estado en que se encuentra), donde una parte (hoy por hoy) está en pésimas condiciones de habitabilidad, otra gran parte se encuentran en zonas que hoy se denominan como “NO tensionadas” y otra o son solares o están por construir o a medio construir y, por último hay viviendas ya en alquiler, con diversa gestión, aunque mayoritariamente privada.
Además, quienes tienen que poner -en su caso- en marcha esta muy compleja oferta son las CCAA y los Ayuntamientos y depende de altas inversiones y de “variadas voluntades políticas”… y como sabemos “el horno político no está para bollos”, dependiendo -además- de lo que ocurra en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
Una especie de “lavado de cara” a la actual legislación, pero que no entra a resolver el fondo del gravísimo problema existente
Desde hace cuatro décadas gobernanzas de diferente color a nivel central, autonómico y municipal (salvo en muy contadas excepciones) han ido aplazando el “atacar” un gravísimo problema que se veía venir e, incluso, en estos últimos años la actual gobernanza estatal de centro izquierda (deprisa y corriendo) con un fuerte componente electoralista ha lanzado -¡por fin!- la propuesta de Ley antes mencionada tras muchas “negociaciones” y “dimes y diretes”, durante más de un año, llegando a un principio de acuerdo pero que -en la práctica y menos aun a corto plazo- NO va a resolver los graves problemas y condicionantes que nos acucian en materia de vivienda para un cada vez más alto segmento de la población: El más desfavorecido, una vez más.
En los últimos 15 años se han producido más de un millón de desahucios, bien por no poder hacer frente a una hipoteca o bien -y en los últimos años y cada vez más- por no poder pagar el alquiler.
A pesar de las obligaciones políticas sobre habitabilidad que exige el derecho internacional y el artículo 47 de la Constitución de 1978, la vivienda ha sido un derecho vergonzosamente desprotegido en España. La violación del derecho a la vivienda afecta a millones de personas.
La cuestión de la vivienda, incentivado por diversas gobernanzas de todo pelaje y color y desde 1982 hasta hoy, se ha tratado de promover y considerar como un bien de consumo, especulación e inversión patrimonial en el marco del estado capitalista más depredador, en lugar de considerarse un altísimo derecho humano.
Lo que ha dificultado y dificulta cada vez más y enormemente el acceso a la misma y de forma especial para las personas en situaciones más vulnerables, a una gran parte de los jóvenes o personas mayores con bajas pensiones y sin patrimonio. La situación en la actualidad es verdaderamente penosa. Y todos las gobernanzas de diferente color a nivel local, autonómico y central son responsables
Cuando se apruebe (en su caso) la reciente propuesta de Ley de vivienda del gobierno y sus aliados (si llegan a conseguirlo en esta legislatura) tratará de regular diferentes ámbitos del sector inmobiliario y, por ahora, está muy centrada en la parte del alquiler de inmuebles e incluirá medidas para ayudas al acceso a la vivienda, se limitarían los precios del alquiler (topes) en “zonas tensionadas”. Se definirían (y ampliarían) estas zonas tensionadas, también se definirían a quienes se consideran “grandes tenedores de vivienda”, se modificarían algunas cuestiones de los contratos de vivienda en alquiler, se desarrollarían algunas medidas de protección frente a los desahucios y, por último, se propondrían beneficios fiscales para los propietarios (?)…
En suma, una especie de “lavado de cara” a la actual legislación, pero que no entra a resolver el fondo del gravísimo problema existente.
Para muchos expertos, el hecho de sólo “topar” el alquiler constituye una medida coyuntural (para ciertos momentos) que ya se ha puesto en funcionamiento en diferentes lugares de Europa y se ha visto que no es la solución definitiva, ya que reduce la oferta y alimenta la especulación y el dinero negro fuera de contrato. Cuando hay menos oferta los precios suben y además es más difícil que accedan a la vivienda precisamente las personas con menor poder adquisitivo.
En mi opinión, la propuesta de Ley de vivienda es un planteamiento pacato y neoliberal para “salir del paso” y creo que van por el camino más equivocado y “facilón”… ¡no quieren complicaciones!
La muy alarmante situación actual requiere de un análisis exhaustivo y riguroso, zona a zona, localidad a localidad, territorio autonómico a territorio autonómico… Y proponer “soluciones a la carta” en cada caso, dentro de un Plan general pactado a medio y largo plazo, pero de forma muy urgente.
Para ello son necesarias dos importantes decisiones: 1-Un Pacto de Estado por la vivienda, implicando a todos los partidos, a una conferencia de CCAA y a la Federación de municipios y provincias y 2-Una muy fuerte inversión pública (más una posible aportación privada), de no menos de 10.000 millones de euros/año durante 8/10 años para generar, al menos, un millón de vivienda pública en alquiler, en donde se implicaran -a partes iguales- el Estado central, las CCAA, Ceuta y Melilla y no menos de 300 municipios tensionados.
La propuesta de Ley de vivienda es un planteamiento pacato y neoliberal para “salir del paso” y creo que van por el camino más equivocado y “facilón”
Para ello habría que crear empresas públicas municipales (gestionadas públicamente), para construcción de vivienda nueva en suelo público y rehabilitación de vivienda de la SAREB y de diversidad de empresas y particulares.
En España, en la actualidad, hay más de 3 millones de viviendas vacías de muy diversa propiedad pública y privada. Otra medida política es buscar fórmulas para garantizar, en su caso, al sector privado (particulares y grandes tenedores) el pago del alquiler.
La realidad es que NO veo a los actuales dirigentes políticos, ni capacitados, ni por la labor de abordar un ambicioso Plan de estas características…
En suma, hagan lo que hagan, anuncien los que anuncien en campaña electoral… es más que probable que el trampantojo de la vivienda seguirá su curso, gane quien gane las próximas elecciones, generales, autonómicas y municipales. Da igual lo que prometan. Y vuelta a empezar. Quizá algún día a algún gobierno (dará igual el color) le estalle -en los morros- este muy grave problema, mientras anteriores y actuales gobernantes se irán “de rositas”. Pasa siempre.
