Era el capítulo pendiente de la legislatura. El Gobierno de la gente ha ampliado derechos y libertades para la mayoría social, especialmente para los más vulnerable. Pero había un déficit relevante y llamativo, acerca de una necesidad básica que no está siendo bien atendida en el mercado.
El capítulo pendiente de la legislatura era la ley del derecho a la vivienda, y ya hay acuerdo parlamentario para sacarla adelante.
Se trata, nada menos, que de construir el quinto pilar del Estado de Bienestar, tras la educación, la sanidad, las pensiones y el sistema de atención a la dependencia: la garantía de una vivienda digna y accesible para todos y para todas.
De eso va esta ley.
Y, como el resto de las otras 208 leyes que este Gobierno y sus alianzas parlamentarias ya han logrado llevar al BOE en esta legislatura, la ley de vivienda es fruto del diálogo, del entendimiento y del acuerdo entre las fuerzas políticas progresistas.
Han hecho falta un proyecto de ley pactado en el seno del Gobierno, más de 800 enmiendas parlamentarias, más de 400 textos transaccionales, e infinidad de reuniones durante más de un año de trabajo duro.
Pero ahí está: la primera ley de la democracia que garantiza y regula el derecho a la vivienda digna y accesible.
Es una ley largamente esperada por las fuerzas políticas, desde luego, que lo celebramos con alegría. Sin embargo, los destinatarios y beneficiarios principales de este nuevo texto legal serán, sobre todo, los jóvenes españoles, que tienen hoy dificultades muy serias para la emancipación y el desarrollo de una vida autónoma.
España se convierte, una vez más, con esta ley, en un país de vanguardia y de referencia en cuanto a la ampliación y garantía de derechos sociales.
Si ya nos miran bien en Europa y en el resto del mundo por nuestra legislación en materia de educación, de sanidad, de atención a la dependencia, de igualdad, de lucha contra la violencia de género, de eutanasia… ahora también nos contemplarán como modelo de regulación progresista en cuanto al derecho de acceso a una vivienda digna para toda la población.
Los avances que incorpora la ley acordada pueden resumirse en tres.
Por una parte, se amplía y se protege el parque público de viviendas sociales, especialmente las destinadas al alquiler social a precios asequibles. Para ello se incrementan los porcentajes de suelo reservado para tal fin en nuevas urbanizaciones y en proyectos de rehabilitación urbana.
Además, se blinda la propiedad pública de estas viviendas, para que no sean objeto de venta especulativa. En este mismo sentido, se aplica penalización fiscal a las viviendas vacías, fomentando así su salida al mercado de venta o alquiler.
Por otra parte, se interviene y se limitan los precios del alquiler donde y cuando estos precios se disparan, poniendo en riesgo el ejercicio del derecho a la vivienda digna y accesible para las personas más vulnerables.
A este respecto, se faculta a comunidades y ayuntamientos para identificar zonas tensionadas cuando se den al menos una de las dos condiciones siguientes: el porcentaje de renta media destinado a vivienda y suministros supera el 30%, o el aumento de los precios supera los dos puntos por encima del IPC durante varios años. En estas zonas, la subida de los precios del alquiler se podrá limitar, tanto en caso de grandes tenedores como cuando se trata de pequeños propietarios.
En tercer lugar, la ley asegura la actuación de los servicios sociales de las administraciones competentes para proteger a los inquilinos más vulnerables ante riesgos de desahucios por impago. Se establecen nuevos procedimientos obligados de mediación y arbitraje, a fin de facilitar alternativas habitacionales a las familias afectadas.
Todas estas nuevas medidas de orden legal vienen a añadirse, además, al resto de decisiones que ya ha adoptado el Gobierno y que también contribuyen a facilitar el acceso a una vivienda digna: la subida del salario mínimo, el aumento de las pensiones, la reforma laboral que estabiliza los contratos, el ingreso mínimo vital, la rebaja en los precios de la energía, el transporte público gratuito, el bono de alquiler para jóvenes, los planes estatales de vivienda, las ayudas a la rehabilitación y la eficiencia energética…
Es cierto que la aplicación de algunos de los avances acordados en la nueva ley de vivienda dependerá de la voluntad política de los gobiernos autonómicos y municipales competentes. En manos de los electores está la decisión de propiciar gobiernos dispuestos a aplicarlos o a ignorarlos.
La nueva ley apuesta claramente por la vivienda como un derecho, pero los gobiernos autonómicos y municipales que saldrán de las urnas el 28 de mayo pueden utilizar esta ley para mejorar la vida de la mayoría social, o pueden ignorar la ley para servir a los intereses de los grandes propietarios.
Las urnas decidieron en 2019 contar con un Gobierno de la Gente, que está cumpliendo.
El 28 de mayo, la gente necesitará también gobiernos que apuesten por el progreso en sus comunidades y ayuntamientos.
