A estas alturas de la legislatura todo parece indicar que es difícil, incluso improbable, abordar una ley de vivienda que quedó atascada hace años por las discrepancias entre los socios de la coalición de gobierno.
El derecho a la vivienda se ha concebido tradicionalmente en España como subsidiario del derecho al pelotazo. Ha sido siempre uno de esos derechos constitucionales de carácter social convertidos en nominales y que se ejercen con carácter graciable.
Dependerá de los presupuestos disponibles, de la voluntad de los gobiernos, de las grandes constructoras, de los promotores inmobiliarios y de hasta qué punto se decida poner la política al servicio de las personas, o de los negocios particulares de cada cual. Por eso, en nuestro país, el derecho a la vivienda es limitado y siempre sometido a intereses especulativos.
En nuestro país, el derecho a la vivienda es limitado y siempre sometido a intereses especulativos
Es verdad que alguien debería hacer algo, pero pisar callos en los últimos momentos de la legislatura puede ser contraproducente en las encuestas y en los resultados electorales. La dignidad, el derecho a un alojamiento decente, la mejora de las condiciones de vida de muchas personas pueden esperar.
La ley sería necesaria para asegurar que avanzamos desde nuestros ridículos porcentajes de vivienda social y pública en régimen de alquiler, o propiedad, hacia unos porcentajes adecuados y aceptables en nuestro entorno europeo, que suelen moverse entre el 15% y el 20%, cuando por estos lares andamos por el 2%.
Se trata de evitar desahucios de personas vulnerables, pero asegurando que los propietarios, especialmente cuando no se trata de inversores especuladores, perciben rentas tasadas a cargo de las administraciones públicas. Los alquileres no pueden crecer descontroladamente y deberían hacerlo adaptándose a la evolución de precios y salarios en los diferentes espacios territoriales.
Nadie puede quedar en la calle, en eso que llaman sinhogarismo, pero esa es una responsabilidad de las administraciones. Es ya insostenible que haya pequeños propietarios de esos denominados alquileres de renta antigua que se ven obligados a pagar las políticas sociales que las administraciones abandonan.
Este tipo de medidas requeriría una revisión de la ley de arrendamientos urbanos, pero de nuevo los tiempos electorales juegan a la contra. Como juegan a la contra de abordar con seriedad una regulación de la segunda oportunidad para aquellas familias que soportan deudas impagables, o que terminan siendo víctimas de los especuladores inmobiliarios, o de la avaricia, la codicia y la usura de nuestras entidades financieras.
Necesitaríamos, efectivamente, una ley que proteja los suministros básicos de agua, gas, luz y telecomunicaciones que muchas familias ven amenazados. Eso también forma parte del derecho a la vivienda.
Hasta ahora sólo ha conseguido taponar los sangrantes casos de las personas, de las familias, que pierden una vivienda y son desalojadas
La iniciativa social ha hecho que el debate sobre las políticas sociales de vivienda no se haya visto condenada al abandono absoluto. Pero también es cierto que sólo ha conseguido taponar los sangrantes casos de las personas, de las familias, que pierden una vivienda y son desalojadas, sin alternativa alguna de realojamiento.
El problema de la vivienda en nuestro país es mucho mayor y requiere muchas más medidas. Seguimos ante la inexistencia de una convicción política que debería conducir a dotarnos de presupuestos suficientes que permitan hacer efectivo y real el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, reconocido en el artículo 47 de nuestra Constitución.
El final de de la legislatura va a hacer difícil aprobar una ley que contribuya a afrontar un problema central como el de la vivienda, que ha condicionado nuestro camino democrático y que amenaza con atenazar nuestro futuro como sociedad. Pero, pese a ello, todas y todos deberíamos estar atentos y preguntar abiertamente sobre las soluciones que ofrece cada partido para comenzar a solucionar este problema.
