La inflación del pasado mes enero se situó en el 5,9%, afortunadamente muy lejos del 10% que se superaba entre junio y agosto de 2022. Las medidas adoptadas por el Gobierno del PSOE y UP como la reducción del IVA de los alimentos han evitado que estos suban, pero se resisten a bajar (15,4%), y la inflación subyacente, sin contabilizar la energía y los alimentos frescos, aumenta al 7,5% el nivel máximo desde 1986. La escalada de los precios que se viene arrastrando desde 2021 está erosionando la capacidad adquisitiva de los salarios y afectando negativamente a la demanda.
Según la estadística de convenios colectivos de trabajo, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2022 la variación salarial revisada, una vez incorporadas las cláusulas de revisión, fue del 3,05% casi tres veces inferior a la inflación media del año (8,4%), en 2021 la variación salarial revisada fue 1,71% y la inflación media anual un 3,1%. En cambio, los beneficios de las empresas han crecido siete veces más que los salarios en 2022, los resultados de la Central de Balances Trimestral del Banco de España muestran que las ganancias de las empresas no financieras han aumentado un 21% de media hasta el tercer trimestre del año pasado en comparación a 2021.
La escalada de los precios que se viene arrastrando desde 2021 está erosionando la capacidad adquisitiva de los salarios y afectando negativamente a la demanda
Un estudio elaborado por el Banco de Irlanda, que analiza la evolución de los salarios en 2022 en ocho países, Alemania y Estados Unidos están a la cabeza de los incrementos salariales (6,3%), seguidos del Reino Unido (6%), Francia (4,8%), Irlanda (4,4%), Italia (4,1%), España es el segundo país con menores subidas de los salarios (3,9%) y la lista la cierran los Países Bajos (3,8%). El estudio también incorpora aquellos complementos para compensar los efectos de la inflación, que mejoran las retribuciones establecidas por la negociación colectiva.
El Gobierno de coalición ha aprobado una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8%, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, que lo sitúa en 1.080 euros brutos por 14 mensualidades que suponen 15.120 euros brutos al año. Esta revalorización del SMI, que afecta a cerca de 2,4 millones de personas trabajadoras, ha recibido la aprobación de las organizaciones sindicales y por el contrario las organizaciones empresariales han manifestado su desacuerdo.
Con esta nueva actualización el Gobierno de coalición cumple su compromiso de que en esta legislatura el SMI alcanzaría el 60% del salario medio, según lo establecido por la Carta Social Europea. Desde 2018 el SMI ha aumentado un 47%, pues ha pasado de 735,90 euros a 1.080 euros actualmente, un incremento de casi 345 euros. En cambio, durante los siete años anteriores con gobiernos PP el SMI subió 94 euros, menos de un 15%.
España es el segundo país con menores subidas de los salarios (3,9%) y la lista la cierra los Países Bajos (3,8%).
Las personas trabajadoras al servicio de las Administraciones Públicas tienen la evolución de sus salarios pactada en el Acuerdo alcanzado por el Gobierno con las federaciones sindicales de servicio públicos de UGT y CCOO, para el trienio 2022-2024, que incluye un incremento salarial acumulado que puede llegar al 9,80%, con cláusulas de revisión salarial que protegen parcial mente de las desviaciones del IPC, así como mejoras en materia de empleo y condiciones laborales.
Por el contrario, los salarios de las personas trabajadoras afectadas por la mayoría de los convenios colectivos están sin la cobertura del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), pues está sin renovar desde 2020. Los inicialmente Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva (ANC) se han negociado ininterrumpidamente desde 2001, salvo en 2009, por CEOE-CEPYME, CCOO y UGT. Los resultados de los sucesivos acuerdos han demostrado su utilidad para las empresas y las personas trabajadoras, como ser un instrumento adecuado para orientar, recomendar y dar criterios a los convenios colectivos de trabajo tanto de empresa como sectoriales.
Las negociaciones del AENC están paralizadas desde primavera de 2022, por la negativa de las patronales a negociar los efectos del descontrol los precios y recoger cláusulas de revisión ante la desviación del IPC. Por eso UGT y COO el año pasado desarrollaron un amplio proceso de movilizaciones por todo el país, con la realización de concentraciones y manifestaciones ante las sedes patronales, que culminaron en el mes noviembre con una gran manifestación en Madrid con presencia de sindicalistas de toda España, en exigencia a las organizaciones empresariales de negociar el poder adquisitivo de los salarios.
Las negociaciones están paralizadas por la negativa de las patronales a negociar los efectos del descontrol de los precios y recoger cláusulas de revisión
El Gobierno de coalición emplazó, en marzo del año pasado, a los interlocutores sociales a través del diálogo social a negociar un pacto de rentas para repartir de forma equitativa los costes de la crisis mediante el impulso, entre otras, de la equidad entre la evolución de los salarios y de los beneficios empresariales, las políticas energéticas, digitales y medio ambientales para el cambio del modelo productivo, el mantenimiento y la creación de empleo, la profundización en los estímulos fiscales y reforzar la protección social.
Las negociaciones del pacto de rentas se han ido aplazando por los retrasos en la renovación del AENC, que es necesaria para impulsar las negociación colectiva y proteger los salarios, lo que ha llevado el Gobierno de coalición a tener que adoptar decisiones urgentes ante la crisis energética y los efectos de la guerra en Ucrania para proteger al tejido productivo, el empleo y a las personas.
En las negociaciones del AENC las organizaciones sindicales han desarrollado diferentes propuestas para la negociación salarial que hasta ahora han sido rechazadas por las organizaciones empresariales. Las demandas de CEOE-CEPYME se centran en demandar otros parámetros distintos al IPC para la determinación de los salarios, cuestión que no es nueva pues ya se recogió en el II AENC de 2012.
Los sindicatos han realizado nuevas propuestas para que la negociación salarial también tenga como referencia los resultados y los beneficios empresariales
Para desbloquear la situación los sindicatos han realizado nuevas propuestas para que la negociación salarial también tenga como referencia los resultados y los beneficios empresariales en los convenios colectivos de trabajo, para ello se requiere la información veraz de la evolución económica de los ámbitos sectoriales y de empresa. Esta información la podría facilitar la Administración Pública mediante la elaboración de los indicadores objetivos a partir de la información de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de otros organismos públicos. Sería deseable para el país que las organizaciones empresariales reaccionen positivamente a estas propuestas.
Ante la actual situación de desequilibrio entre las empresas y las personas trabajadoras es necesario que nuestro sistema de relaciones laborales avance hacia la democracia económica, la participación de las personas trabajadoras en la empresa facilitaría un mayor conocimiento de la realidad empresarial y favorecería la positiva implicación en la misma. En el diálogo social se deberían de valorar los cambios necesarios en la legislación, para establecer la participación de las personas trabajadoras en la dirección y en el accionariado de las empresas, como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea.
