La Junta de Castilla y León, gobernada por la coalición del Partido Popular y Vox, ha decidido eliminar el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) que fue creado como resultado de un acuerdo tripartito alcanzado en el ámbito del diálogo social entre Junta y los interlocutores sociales más representativos, las organizaciones empresariales representadas por CECALE y las organizaciones sindicales CCOO y UGT. Este servicio autónomo de solución de conflictos laborales se gestiona desde 1997 a través de una Fundación Pública Tripartita, con financiación pública, y tiene como la finalidad impulsar unas relaciones laborales democráticas, la paz social y reducir la excesiva la judicialización de los conflictos laborales.
El sistema de solución autónoma de conflictos laborales está implantado en el conjunto de España, a nivel estatal el VI Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales (VI ASAC) y con los correspondientes acuerdos de las diecisiete Comunidades Autónomas en sus ámbitos territoriales y sectoriales. Los conflictos colectivos también se pueden tramitar en las instancias de conciliación administrativa, aunque cada vez es menos frecuente. Actualmente es mayoritaria la utilización de los sistemas autónomos de mediación y arbitraje que garantizan soluciones pactadas con rapidez y seguridad jurídica, pues su funcionamiento se basa en la Constitución Española (artículo 37) y la doctrina del Tribunal Constitucional, el Estatuto de los Trabajadores, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta de los derechos sociales fundamentales de la Unión Europea.
Este servicio autónomo de solución de conflictos laborales se gestiona desde 1997 a través de una Fundación Pública Tripartita
Todos los servicios o institutos de mediación y arbitraje, tanto a nivel estatal como en el ámbito autonómico reciben la correspondiente financiación pública, bajo el control de las administraciones públicas. Esta financiación se regula en los acuerdos tripartitos, de las administraciones públicas con las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. Con estos recursos materiales se posibilita el funcionamiento del sistema de resolución de la conflictividad laboral. Desde hace 25 años la Junta de Castilla y León venia apoyando económicamente al SERLA, con una aportación anual que garantizaba su funcionamiento. En los Presupuestos de la Comunidad para 2023 se ha eliminado la partida económicadestinada al funcionamiento del SERLA. La cuantía presupuestaria suprimida por el PP y VOX no alcanzaba el millón de euros anuales, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, gestionada por VOX, ha pretendido enmascarar este atropello del diálogo social en base a unos confusos y contradictorios motivos.
Por qué las verdaderas razones están en las políticas regresivas practicadas por la Junta de Castilla y León, desde el inicio de su mandato actual el Gobierno de coalición del PP y VOX ha asumido el discurso de la extrema derecha con ataques constantes a las organizaciones de relevancia constitucional, como los sindicatos más representativos y las instituciones laborales democráticas. Ya en 2022 los recortes impuestos por la Junta en los programas sociales gestionados por las patronales y los sindicatos se han traducido en menos apoyo laboral para las mujeres víctimas de violencia machista o reducciones presupuestarias en la prevención de riesgos laborales. A lo que se suman, recientemente, las amenazas sobre las mujeres pretendiendo vulnerar su derecho al aborto y a decidir libremente su maternidad.
En los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para 2023 se ha eliminado la partida económica destinada al funcionamiento del SERLA
El SERLA a lo largo de su trayectoria ha conseguido unos resultados muy bien valorados por las empresas y las personas trabajadoras. Se ha convertido en un instrumento indispensable para las relaciones laborales, porque ha fortalecido el dialogo social, ha reducido la conflictividad y la saturación de los juzgados de lo social, con efectos económicos positivos para la economía regional y la reducción del gasto público. Una demostración de lo anterior se puede constatar en su actividad en 2022, se tramitaron 341 conflictos colectivos de toda la comunidad un 17,6% más que en 2021, que afectaron a 19.142 empresas y a 259.700 personas trabajadoras, lo que supuso un incremento del 196,8% respecto a 2021. Aunque solo se da cobertura a los conflictos individuales en la provincia Valladolid, el año pasado se tramitaron un total de 4.500 procedimientos, de ellos 3.534 se resolvieron con acuerdo y que en comparación con 2021 supone un incremento del 30%.
Desde el Patronato de la Fundación del SERLA ha iniciado la tramitación de su disolución ante la ausencia de la aportación pública. Desde la patronal CECALE y los sindicatos CCOO y UGT se denuncia que sin la presencia del servicio autónomo de mediación y arbitraje se van a producir mayores gastos en los litigios laborales, se colapsaran los juzgados de lo social y también se incrementara la conflictividad laboral. La Junta quiere sustituir SERLA por las conciliaciones administrativa, que como ya se demostró en el pasado son un mero trámite para poder acudir a los tribunales, pues en absoluto se media y se busca el acuerdo. Las resoluciones judiciales, en muchas ocasiones, provocan un aumento de la tensión colectiva en sectores o empresas y, a menudo, una gran insatisfacción de todas las partes implicadas en el conflicto, tanto por el ritmo en el proceso de resolución como con su resultado final. Estas, y no otras, fueron las razones para la creación por parte los empresarios y los sindicatos de los servicios para solución extrajudicial de los conflictos laborales.
Sin la presencia del servicio autónomo de mediación se van a producir mayores gastos en litigios, se colapsarán juzgados y se incrementara la conflictividad laboral
Las organizaciones sindicales y empresariales de la comunidad ante el desmantelamiento del servicio autónomo de mediación y arbitraje señalan que esta decisión autoritaria de la Junta supondría una quiebra en el Diálogo Social de Castilla y León y el aislamiento de la región del sistema solución autónoma de conflictos laborales desarrollado en todo el país. Ambas consecuencia son muy preocupantes, pues el diálogo social incide en la economía, el trabajo y la sociedad de la comunidad, y es una referencia para otras regiones de nuestro país y también a nivel internacional. Esta decisión injusta tiene muy difícil encaje constitucional y legal y supondría una ruptura del marco institucional actual de las relaciones entre los interlocutores sociales con la propia Junta.
Esta decisión injusta tiene muy difícil encaje constitucional y legal y supondría una ruptura del marco institucional actual
El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, en su sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del pasado 24 de enero, acordó por unanimidad la necesidad de garantizar la continuidad de la actividad del SERLA y señalo que la legislación laboral no admite su eliminación. A su vez alerto sobre las consecuencias que produciría su extinción, un hecho sin precedentes en España, pues originaría una situación de gran incertidumbre e inseguridad jurídica de consecuencias muy perjudiciales para trabajadores y empresarios y para el conjunto de la comunidad. A su vez resolvió remitir al presidente de la Junta el acuerdo adoptado en el que se insta al mantenimiento del SERLA.
Nuestro marco democrático de relaciones laborales, donde se inscriben los sistemas autónomos de solución de conflictos laborales, demanda ser renovado con un nuevo Estatuto de los Trabajadores para dar respuesta a los actuales retos económicos y sociales. En esta línea se orienta la reforma laboral pactada en 2021, por el Gobierno de coalición del PSOE y UP con CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, que recupera derechos laborales y deroga medidas lesivas de la reforma laboral de 2012 impuesta por el PP. En la actualidad, en todos los ámbitos, se deberían preservar el diálogo y la concertación social pues son instrumentos de gran valor, como se demuestra en sus innumerables aportaciones al desarrollo democrático y al progreso socioeconómico de España.
