España se sitúa en el puesto 32º de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 elaborada por Reporteros Sin Fronteras, lo que supone una caída de tres posiciones respecto al pasado año (puesto 29).
Pese a la mejora de la seguridad de los periodistas y los avances legislativos en materia de libertad de prensa, la polarización mediática y el deterioro económico del sector contrarrestan la mejora del clima informativo en España.
El informe refleja que es precisamente el contexto económico de los medios lo que más penaliza a la posición española en este ranking. Respecto a este indicador, España (31º) se queda por debajo de Alemania, Reino Unido o Francia.
Excesiva concentración del mercado, graves dificultades para crear un medio, nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y la precarización de los profesionales, son los principales problemas a los que se enfrenta el sector en España.
“Una excesiva concentración hace muy difícil la aparición de nuevos medios alternativos
“Una excesiva concentración hace muy difícil la aparición de nuevos medios alternativos, que deben luchar ferozmente contra las cabeceras más asentadas por suscriptores a su vez afectados por la situación económica”, afirma RSF.
En cuanto a la precarización que comenzó con la crisis de 2008, adquiere ahora “tintes crónicos”, señala. “Los profesionales de la información que no ejercen en condiciones dignas de trabajo son mucho más vulnerables a las presiones y la autocensura”.
RSF subraya el gran clima de polarización mediática en nuestro país y la parcialidad de la prensa española con más opinión que información. “España es un claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global RSF en su Clasificación, azuzadas por medios excesivamente ‘foxnewsizados’ y olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos”, asegura.
A esto se añade la proliferación en España de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, “acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor”.
Sobre estos casos, RSF cita al Caso Master, de Cristina Cifuentes en ElDiario.es; Infolibre (denunciado por el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea y Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o El Confidencial (demanda millonaria de Iberdrola).
Asimismo, se habla de casos de denuncias entre periodistas y agentes de la policía en el marco de manifestaciones que acaban con procesos judiciales en la que la versión policial prevalece, como es el caso de Albert García, en El País, finalmente absuelto, y el caso en curso de los periodistas de El Salto, Público y otros medios “imputados por falso testimonio”, tras denunciar agresiones de agentes.
“La Justicia española suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o SLAPP no es tanto lograr una condena contra la prensa - difícil en democracias consolidadas- como “enredar” a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos”, afirma el informe.
Por el contrario, España se sitúa en el puesto 35º, por encima de Francia (85º), Alemania (91º) o Reino Unido (49º) en materia de seguridad de los periodistas con muchas menos agresiones que en los últimos años.
En cuanto al marco legal, la puntuación de España la coloca en posiciones líderes de la UE (12º), y aún si tenemos en cuenta las reformas en curso como la posible derogación de los llamados delitos de expresión (injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos, apología del terrorismo, etc.); el artículo de la “Ley Mordaza” que penalizaba la captación de imágenes por la prensa y que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, así como otras disposiciones de esta ley que también se encuentran en trámites para ser derogadas por las Cortes.
