El reciente fiasco electoral del PP en las elecciones adelantadas de Castilla y León reabrió las hostilidades por el control de este partido en la Comunidad Autónoma de Madrid entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Las acusaciones de corrupción de la dirección del PP al gobierno autonómico y de este a Pablo Casado de espiar a Díaz Ayuso y a su familia, utilizando para ello al Ayuntamiento de Madrid, alcanzaron límites insoportables y han terminado, por el momento, en los juzgados y en la fiscalía anticorrupción.
En relación con este asunto, las declaraciones en la COPE de Pablo Casado, impropias del presidente de un partido, donde anunció la apertura de un expediente con la misión de investigar asuntos relacionados con la corrupción en la Comunidad de Madrid, y que se retiró al día siguiente de manera incomprensible y sin explicaciones convincentes, culminaron en términos políticos con el cese del secretario general del PP y la petición de dimisión del propio presidente Pablo Casado.
Estos hechos arrancan en el último congreso del PP, que pasará a la historia por sus efectos sumamente perniciosos: la elección de un presidente extremadamente frágil, sin raíces y apoyos reales y la aprobación de unas resoluciones encaminadas exclusivamente a descalificar al Gobierno de coalición (PSOE y UP) y precipitar el desembarco en La Moncloa a costa de cualquier precio (“gobierno ilegítimo y ocupa”), lo que explica la política errática, sin rumbo y sin alternativas del PP.
No es extraño que en los últimos años el PP haya cometido tantos errores políticos: la actitud de este partido en torno a la pandemia (estados de alarma); la connivencia con la corrupción interna; la confrontación sistemática, radical y sin sentido político con el Gobierno de Pedro Sánchez; la elección como portavoz del PP del alcalde de Madrid (manifiestamente incompatible); la denuncia del reparto y gestión de los fondos de la UE en Bruselas; y, últimamente, el adelanto electoral en Castilla y León. Sin olvidar la falta de ideas y el bochornoso espectáculo en torno a la reforma laboral, el falso debate sobre las macrogranjas y las manifestaciones negativas, estridentes e incomprensibles sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), el ingreso mínimo vital (IMV), el crecimiento del PIB, los datos favorables sobre el empleo, los ERTE, el acuerdo sobre las pensiones e, incluso, las diferencias, sin ningún sentido político, con la CEOE y los sindicatos.
La gravedad del problema que nos ocupa obliga al PP, como principal partido de la oposición, a actuar con rapidez y solvencia. En primer lugar, debe resolver el problema relacionado con la falta de liderazgo, a través del congreso extraordinario convocado para los días 1 y 2 del próximo mes de abril. En este sentido, Alberto Núñez Feijóo ha recibido unánimemente el apoyo de los llamados “barones territoriales” para dirigir el partido y, una vez aceptado el mandato, deberá conformar un equipo idóneo que normalice el funcionamiento interno y garantice la unidad del partido. También debería trabajar para centrar al partido (apostar por el centro derecha) y definir con claridad el comportamiento a seguir con VOX y, sobre todo, la oposición que quiere ejercer ante el actual Gobierno e, incluso, la posibilidad de colaborar con el PSOE en asuntos de estado (por ejemplo, pactando la renovación del Consejo General del Poder Judicial). En cualquier caso, las primeras decisiones deberían ser normalizar las relaciones con las organizaciones territoriales y, especialmente, con la organización de su partido en la Comunidad de Madrid, determinar cómo y con quién se gobierna en Castilla y León, frenar el adelanto electoral en Andalucía y proceder al nombramiento, cuando proceda, del nuevo presidente de la Xunta de Galicia.
Sin embargo, a pesar de la importancia de estas medidas, a desarrollar a corto plazo, lo que resulta verdaderamente imprescindible para el PP, aprovechando la caída de su dirección, es que desaparezcan las formas mezquinas de hacer política que, sobre todo, se han puesto de manifiesto en los últimos meses. No se puede combatir al adversario político con la falsedad, la mentira, la extorsión y la deslealtad, con el único fin de defender intereses bastardos. Ni siquiera el hecho de sustituir a los más altos dirigentes resolverá el problema del PP si no cambia también la fuerte radicalidad de sus políticas. En este sentido, el anuncio del presidente del Gobierno de no adelantar las elecciones generales es una buena noticia y dará seguramente un respiro al PP para que cicatrice sus heridas, normalice su situación interna y frene sus planteamientos más extremos en pugna con la ultraderecha (VOX).
Por otra parte, el Gobierno y la izquierda en general no deben adormilarse y menos equivocarse con la crisis del PP. Por el contrario, deben estar alerta y trabajar a fondo por consolidar la estrategia acordada para esta legislatura. Solamente así el Gobierno será capaz de transmitir credibilidad y certezas, lo que conlleva reafirmar su relato progresista en defensa de la mayoría de los ciudadanos. Está en juego la relación de fuerzas y la capacidad de los militantes de explicar -en todos los ámbitos sectoriales y territoriales- la gestión del Gobierno, en contraposición al fuerte poder mediático controlado por las derechas y los poderes fácticos.
Sobre todo, cuando quedan asuntos pendientes de culminar de una gran relevancia política; fundamentalmente la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Y, más en concreto, la reforma fiscal, encaminada a converger con la media de los ingresos fiscales de los países de la UE-15; la presencia pública en el sector financiero (ICO, Caixa Bank, Correos y los restos de la antigua red de Caja Postal); el cambio climático (transición energética justa); la digitalización negociada en las empresas; el fortalecimiento de los servicios públicos (sanidad, educación y políticas sociales); y, por supuesto, la gestión de los fondos de la UE encaminados a superar la crisis social, modernizar el tejido empresarial y facilitar el cambio de nuestro modelo productivo, además de las necesarias medidas dedicadas a paliar los duros efectos de la invasión de Ucrania. Especialmente se debe hacer hincapié en los más jóvenes, abordando el desempleo juvenil, la extrema precariedad de sus empleos, el futuro incierto de sus pensiones y el grave problema del alquiler y de la vivienda social.
Resulta paradójico y contradictorio que, en una sociedad moderna, la ultraderecha canalice el descontento social de muchos trabajadores
Por eso, es urgente que los partidos a la izquierda del PSOE consoliden su estrategia y, en concreto, que Yolanda Díaz defina mucho mejor su pretensión de escuchar a los ciudadanos para constituir una “plataforma transversal” -de marcado trasfondo electoral-, al margen de UP, IU y el Partido Comunista, lo que exigirá valorar en profundidad el riesgo que ello comporta para el futuro de la izquierda. También el PSOE y UP deben reforzar sus estructuras organizativas y fomentar el debate, la participación y la rendición de cuentas de sus dirigentes en las redes sociales, en las Casas del Pueblo y en las estructuras partidistas.
No debemos olvidar que los partidos políticos, de acuerdo con la Constitución, son los mejores instrumentos para aplicar con convicción y entusiasmo las reivindicaciones de los ciudadanos, que demandan una mayor justicia social y una mayor igualdad de oportunidades, en colaboración con los sindicatos. Que nadie se equivoque: con estas políticas también se pueden ganar unas elecciones generales, sin necesidad de recurrir a políticas de centro acomodaticias, que nunca generan entusiasmo en el electorado ni movilizan a la izquierda sociológica y mucho menos a los jóvenes. Para ello resultan imprescindibles los partidos, que deben ejercer un verdadero liderazgo -sin titubeos y actitudes vergonzantes- y explicar a través de sus militantes el contenido de sus programas a todos los niveles. Además de fomentar la participación y el debate interno, desde la ética, la honradez y la coherencia política, ya que los ciudadanos no toleran que se prometa hoy una cosa y mañana se incumpla sin rubor el compromiso asumido (sin explicaciones convincentes) por exigencias de una táctica electoral basada simplemente en el marketing político y mucho menos por presiones de los poderes fácticos.
En todo caso, las ideas progresistas, de un marcado carácter socialdemócrata, son las más apropiadas para responder a la crisis y a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo en el mundo y, por supuesto, las más eficaces para defender los intereses de los más desfavorecidos. Precisamente, a los que se debe dirigir una política claramente diferenciada de las rancias e interesadas recetas, ya fracasadas, que nos viene ofreciendo la derecha neoliberal y ultramontana. Un reto mayúsculo para el actual Gobierno y los partidos que lo sustentan (PSOE y UP) en una sociedad compleja y cambiante que debe seguir aspirando, cuando menos en lo que resta de legislatura, a corregir el déficit social que, sobre todo, se ha venido generando desde el año 2008.
Sólo así será posible recuperar la ilusión, la esperanza y la movilización social y, lo que es más importante, gestionar razonablemente las emociones de los ciudadanos (sobre todo en torno a la unidad de España, las cuestiones identitarias y el fenómeno de la inmigración) y oponerse a conductas propias de unas derechas manifiestamente reaccionarias: el caudillismo, el engaño y el control abusivo del poder. No debemos olvidar que el avance de la extrema derecha, del independentismo y de los populismos en general se consolidará si la izquierda -acomplejada- no actúa con la firmeza necesaria y no conecta con la realidad social y con las personas más vulnerables en su apuesta por la transformación social y la recuperación de valores como el esfuerzo, la participación, el debate, la defensa de las libertades y, desde luego, por las políticas encaminadas a reafirmar la “centralidad del trabajo” en una sociedad democrática.
Resulta paradójico y contradictorio que, en una sociedad moderna, la ultraderecha canalice el descontento social de muchos trabajadores, en detrimento de unas fuerzas progresistas empeñadas, no sin grandes dificultades, en aplicar unas políticas sociales que hagan más fácil la superación de la crisis. Razones poderosas para que la izquierda, cuando ya ha comenzado la segunda parte de la legislatura, redoble, todavía más, la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.
Firman este artículo Antón Saracíbar, Juan Sotres, Antonio Sánchez, Gabriel Moreno, Ramón Utrera, Antonina Ramírez Javier Velasco, Pedro Espino, del colectivo HORMIGAS ROJAS
