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jueves 19/5/22
POLÍTICAS PROGRESISTAS

La reforma laboral: un acuerdo político relevante

La mayoría de los ciudadanos sigue esperando a que la izquierda apueste decididamente y con valentía por una política encaminada a combatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.
dialogo social
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y los agentes sociales.

El reciente acuerdo laboral entre los interlocutores sociales y el Gobierno ha tenido una gran repercusión mediática y, además, ha sido considerado por muchos como un acuerdo de una notable relevancia política. Sin duda, el hecho de estampar la firma los empresarios ha dejado en fuera de juego al Partido Popular, obsesionado en seguir defendiendo la nefasta reforma de Mariano Rajoy; ha obligado a Ciudadanos a reflexionar sobre el comportamiento a seguir en el trámite parlamentario para convalidar el Decreto-Ley 32/2021 (que recoge el acuerdo); y ha fragilizado los apoyos que venía recibiendo el Gobierno en los debates parlamentarios.

Además, también ha agudizado las posiciones de confrontación de las fuerzas nacionalistas e independentistas, ante sus reiteradas exigencias relativas a la prioridad aplicativa de los convenios de ámbito de comunidad sobre los convenios estatales de sector (con pretensión de modificar para ello el artículo 84,3 del Estatuto de los Trabajadores), lo que rompería la unidad de mercado y dividiría la actual legislación laboral en diecisiete marcos de relaciones laborales y ámbitos de negociación, al margen de poner en grave riesgo la aprobación del Decreto Ley en el trámite parlamentario.

El acuerdo laboral facilitará la entrega de las ayudas pendientes de la UE y junto a los PGE ayudará a culminar la legislatura

El acuerdo facilitará la entrega de las ayudas pendientes de la Unión Europea y, junto a los PGE-2022, ayudará a culminar la legislatura. En cualquier caso, no será nada fácil acabar la legislatura: la izquierda tendrá que sortear en los próximos dos años las futuras citas electorales pendientes -en comunidades autónomas, municipios y la UE-, antes de que se celebren las elecciones generales previstas para finales del año 2023. En este sentido, en la próxima campaña electoral de Castilla y León se espera un fuerte debate y discusión electoral sobre el acuerdo laboral, si lo permite la previsible campaña sucia y chabacana del PP y VOX, los severos efectos de la pandemia y, más en concreto, la confrontación interesada y sin contenidos de las derechas, basada en grandes bulos y mentiras.

Desde el punto de vista sindical, el acuerdo no deroga la reforma laboral de Rajoy (PP) y, desde luego, no ha cubierto las expectativas generadas en la izquierda, los sindicatos y los propios trabajadores, sobre todo después de las rotundas declaraciones y textos escritos encaminados a derogar la reforma laboral efectuados desde el propio Gobierno, sindicatos y organizaciones de izquierda. Si bien, todo hay que decirlo, mejora la legislación laboral actual y contempla avances que habrá que vigilar y consolidar en el tiempo.

Lo más relevante del acuerdo se refiere a la recuperación del protagonismo de la autonomía de las partes y a la lucha contra la temporalidad. Además, consolida los ERTE (estabilidad en el empleo), mejora el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales en torno a la negociación colectiva y apuesta por la flexibilidad interna en las empresas. En relación con la temporalidad, se afirma que el contrato indefinido es el fundamento de la contratación y, en coherencia con ello, suprime el denostado contrato de obra y servicio, que ha sido una fuente de fraude y de precariedad permanente. De la misma manera, se regula el contrato de duración determinada, que se activará cuando se den incrementos imprevisibles de producción y se realizará por un periodo de seis meses ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo correspondiente. También se podrán formalizar para atender situaciones ocasionales previsibles de una duración reducida (campañas comerciales, periodo de rebajas o cosechas agrícolas), por un periodo de 90 días al año no consecutivos y, además, facilitará su uso por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo.

El acuerdo contempla reducir a 18 meses, en un periodo de 24 meses, el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador con contrato indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigentes hasta ahora. Por último, se establece una sobre cotización a la Seguridad Social para los contratos de muy corta duración, lo que se considera una medida de especial relevancia.

Resulta destacable el apartado relativo a las infracciones y sanciones. Efectivamente, el incumplimiento de la regulación sobre contratación temporal (fraude de ley) significará que el trabajador pase a tener un contrato indefinido. Asimismo, se elevan las sanciones por el uso fraudulento de la contratación temporal y las multas se impondrán por cada caso fraudulento y no por cada empresa.

En relación con las contratas y subcontratas, el acuerdo es tajante: no podrán ser utilizadas para trabajos que formen parte de las actividades habituales de la empresa principal y, desde luego, se les aplicará el convenio de sector de la actividad realizada, lo que está llamado a frenar sobre todo el abuso de las empresas multiservicios o semejantes. A todo ello hay que añadir, que la empresa principal será responsable solidaria durante los tres años siguientes en cuanto a las obligaciones de la Seguridad Social contraídas por contratistas y subcontratistas.

En cuanto a los contratos formativos se fijan dos modalidades claramente definidas: el contrato de formación dual y el contrato para la adquisición de la práctica profesional.  El primero se limitará a trabajadores hasta 30 años y tendrá una duración de entre tres meses y un máximo de dos años y, el segundo, se efectuará dentro de los tres años (cinco años para personas con discapacidad), después de haber finalizado los estudios por un periodo de seis meses y un máximo de doce.

Para los sectores o actividades estacionales, el acuerdo apuesta decididamente por la potenciación del contrato fijo-discontinuo, eliminando la distinción artificial entre fijos- periódicos y fijos-discontinuos. Resulta también muy positivo que se reconozca la antigüedad en todo el periodo de la relación laboral, no sólo en los periodos efectivamente trabajados. Además, a través de los convenios sectoriales, se podrán establecer bolsas de empleo para favorecer su contratación y completar su formación durante los periodos de inactividad.

En cuanto a la negociación colectiva, el acuerdo es rotundo: prevalece el convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial y se recupera la ultraactividad de los convenios hasta la firma de un nuevo convenio colectivo. No obstante, resulta evidente que la pretensión de los sindicatos, en este relevante asunto, no se ha alcanzado en su plenitud al mantener los empresarios la negociación de las condiciones de trabajo en las empresas (horario y distribución del tiempo de trabajo; clasificación profesional; adaptación de las modalidades de contratación; absentismo; medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal…), al margen del convenio de ámbito superior.

En cuanto a la flexibilidad interna y el mantenimiento del empleo se introducen medidas para facilitar aún más la utilización de los ERTE como medida alternativa a la extinción del contrato, lo que frenará y evitará así, en buena medida, los despidos. Durante los ERTE no podrán realizarse horas extraordinarias, acudir a las externalizaciones, ni efectuar nuevos contratos. En todo caso, se podrá acceder a las exoneraciones de la Seguridad Social y los trabajadores percibirán el 70% de la base reguladora durante todo el periodo sujeto a un ERTE.

Además, el acuerdo no evita seguir negociando otros asuntos pendientes: la causalidad y el costo del despido, la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo, la jornada y la distribución del tiempo del trabajo, la adaptación de las modalidades de contratación, las medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, el incremento de los salarios (también del SMI para el presente año), el introducir la cláusula de revisión salarial en todos los convenios, el absentismo, el dotar de mayor contenido a la articulación del convenio de sector, la participación de los sindicatos en la empresa (democracia económica)…

El escepticismo sobre los efectos sindicales y sociales del acuerdo continuará marcando el futuro de las relaciones laborales

A pesar de todo ello, el escepticismo sobre los efectos sindicales y sociales del acuerdo continuará marcando el futuro de las relaciones laborales reguladoras del mercado de trabajo, sobre todo al estar muy marcado por la actual relación de fuerzas en el parlamento, como se está comprobando en la convalidación del Decreto Ley. Además, debemos recordar que las reformas, por sí solas, no crean empleo ni resuelven los problemas de la temporalidad. Por eso, será imprescindible, a corto plazo, dimensionar la Inspección de Trabajo y dotarla de medios económicos, tecnológicos y humanos para supervisar y garantizar la aplicación del acuerdo en los centros de trabajo. También los sindicatos, en relación con este asunto, deberán mejorar notablemente su presencia en las pequeñas empresas con el fin de garantizar la defensa de los trabajadores más vulnerables y poco sindicalizados.

Finalmente, debemos recordar, una vez más, que la creación de empleo y reducir la fuerte temporalidad de nuestro mercado de trabajo (a la cabeza de la UE) sigue siendo el principal reto que tiene nuestro país. Elo debe exigir, a medio y largo plazo, cambiar nuestro modelo productivo (sol y playa, construcción, agricultura, comercio y servicios…), aumentar el peso del sector industrial en la economía, apostar por una transición energética mucho más justa, impulsar la digitalización de la economía y dimensionar las plantillas de las microempresas, escasamente competitivas. Al margen de abordar una profunda reforma fiscal que, previsiblemente, el actual Gobierno renunciará a acometer en la segunda parte de la legislatura, a la espera del resultado de las futuras confrontaciones electorales (Castilla y León y previsiblemente Andalucía) y a cómo respondan los electores a la política agresiva, interesada y populista de las derechas encaminada, sobre todo, a reducir impuestos a los que más ingresan y son titulares de grandes patrimonios.

Debemos recordar que la mayoría de los ciudadanos sigue esperando a que la izquierda apueste decididamente y con valentía por una política encaminada a combatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social y, sobre todo, por defender a fondo el Estado de bienestar social, al margen del recurso a decisiones acomodaticias y sin contenido político encaminadas a ocupar el centro político. En este sentido, es imprescindible un relato claro que acreciente la movilización social con el ánimo de generar ilusión y esperanza en la eficacia económica y social de las ideas progresistas. A ello contribuirá en muy buena medida el cumplimiento íntegro del acuerdo que sirvió de base al actual Gobierno de coalición.


Firman este artículo Antón Saracíbar, Juan Sotres, Antonio Sánchez, Gabriel Moreno, Ramón Utrera, Antonina Ramírez Javier Velasco, Pedro Espino, del colectivo HORMIGAS ROJAS
 

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