A pesar de la virulencia de los contagios del Ómicron, la actualidad política, económica y social ha estado muy marcada, en los últimos meses, por los datos positivos relacionados con el PIB, la EPA del IV trimestre del año 2021 y los ERTE, así como por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el acuerdo sobre las pensiones, la reforma laboral y el incremento del SMI, al margen de los resultados de las elecciones de Castilla y León celebradas recientemente.
Efectivamente, el incremento del PIB del pasado año (el PIB adelantado crece el 5%), es el mayor de los últimos 20 años y ha superado las previsiones del FMI (4,6%) y del Banco de España (4,5%) y todo indica que liderará el crecimiento de la economía de la UE en el presente año. Además, este dato, al margen de ser menor del esperado por el Gobierno, ha dejado en ridículo a las “derechas” y ha puesto en evidencia, una vez más, el catastrofismo económico y el nulo sentido de Estado del PP (“cuanto peor mejor”).
En coherencia con el crecimiento de la economía, los datos de empleo recogidos en la última EPA del año 2021 alcanzaron su mayor nivel desde la crisis del 2002: 20.184.900 ocupados. Además, en el pasado año se crearon 840.600 puestos de trabajo, un volumen sólo superado en el año 2005, y la tasa de paro marcó su cota más baja en 14 años: el 13,33%. Además, en términos interanuales, en contra de las maliciosas y muy poco rigurosas declaraciones de responsables del PP, estos datos demuestran que las plantillas de las empresas han crecido más en el ámbito privado (744.300) que en el sector público (96.400).
En relación con la protección social es muy relevante destacar la aprobación del IMV -a pesar de sus carencias y limitaciones- y el Acuerdo que deroga la reforma de las pensiones, impuesta unilateralmente por el PP. Este Acuerdo despeja, por el momento, las dudas sobre la sostenibilidad del Sistema Público de pensiones y mejora la cuantía de las pensiones, al revalorizarse de acuerdo con el IPC. En concreto, las pensiones se han incrementado un 2,5% y las más bajas un 3% en este año. Por otra parte, la Seguridad Social recupera, vía PGE-2022, algo más de 20.500 millones de euros en concepto de gastos impropios que venía pagando y que no le correspondía. Sin duda, este es un hecho de excepcional importancia que no ha tenido la repercusión mediática que merece, sobre todo en los medios de comunicación controlados por las “derechas”.
A pesar del espectáculo muy poco edificante de la aprobación del Decreto Ley sobre la legislación laboral (con la pretensión de derogar la reforma laboral del PP), el contenido del Decreto mejora notablemente la situación actual de los trabajadores. Se restaura la ultraactividad de los convenios colectivos y se recupera la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa, aunque sólo sea en relación con los salarios. CCOO y UGT han manifestado que el Decreto pone fin al desmadre suscitado en las empresas multiservicios y repercute muy favorables en colectivos concretos: por ejemplo, una camarera de piso cobrará en torno a 5.000 euros anuales más y un conductor de una empresa logística unos 7.000 euros más. Por otra parte, se produce un cambio sustancial en la contratación, pasando de 40 modalidades a 6 modalidades y el contrato indefinido se considera el contrato ordinario, lo que debe acabar con la temporalidad sin causa que la justifique que, en la actualidad, afecta muy particularmente a los jóvenes. Además, se consolidan los ERTE, a partir de la experiencia positiva de los dos últimos años. El Decreto Ley, en todo caso, no pone fin al diálogo social en torno a otros asuntos pendientes de negociar: las causas del despido, la cuantía de las indemnizaciones, restaurar la autorización administrativa previa de los expedientes de regulación de empleo, los salarios de tramitación... Todo ello al margen del cambio de modelo productivo, de facilitar la ampliación de las plantillas en las empresas pequeñas, además de potenciar la industrialización (especialmente en el sector agrario), la cualificación profesional, la digitalización de las empresas, el cambio climático (una transición energética más justa) …
Por otra parte, los sindicatos también han valorado muy favorablemente el incremento de SMI a 1.000 euros, en el camino emprendido hasta alcanzar el 60% del salario medio de los convenios en esta legislatura. La negativa de los empresarios a firmar el acuerdo no invalida el importante incremento salarial, que tendrá repercusiones muy positivas en los trabajadores más vulnerables, dignificará los salarios y mejorará las condiciones de vida de los trabajadores. Todo ello, además, incrementará el consumo y, por lo tanto, el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo. Ha quedado atrás el debate sobre las repercusiones negativas del incremento del SMI en el empleo, al carecer la derecha política y económica de argumentos económicos reales y basar su oposición en defender intereses de parte o, simplemente, hacer ideología.
Además, a pesar de la alta inflación (6,5% interanual), y del fuerte incremento de las materias primas, facilitará la próxima negociación colectiva de este año en sectores y empresas. También abrirá nuevas expectativas para intentar alcanzar un pacto de rentas trianual: V Acuerdo Inter Confederal de Negociación Colectiva (ANC), que debería servir de referencia para negociar los próximos convenios. En este sentido, los sindicatos deberán trabajar a fondo para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, lo que significará trabajar para recuperar, en primer lugar, la cláusula de revisión salarial, con muy poca presencia en los convenios negociados en los últimos años. Además de introducir otros asuntos como, por ejemplo, los relacionados con las políticas de igualdad, la salud laboral, así como medidas complementarias que refuercen la negociación colectiva, la cualificación profesional y la lucha contra la temporalidad.
Finalmente, debemos recordar que la OIT ha denunciado hace muy poco un problema especialmente preocupante: la pérdida de peso de los salarios en la economía de nuestro país, lo que este hecho se reafirma como fuente primaria del aumento de las desigualdades. Según Andreu Missé (El País, 14. 02. 2022), su presencia ha pasado del 66,6% del PIB en 2009 al 61,3% ocho años después. Por su parte, un estudio del Economic Policy Institute detallaba también, en 2015, las fuertes desigualdades de las retribuciones en las empresas. En 1965, los directores ejecutivos de las empresas ganaban 20 veces el salario de un empleado medio. En 1995 aumentaron hasta 112 veces y en 2014 recibieron el escandaloso equivalente al salario de 303 trabajadores.
En todo caso, los datos enumerados y las políticas sociales aplicadas en los dos últimos años están repercutiendo y seguirán repercutiendo muy positivamente en la acción del actual Gobierno, encaminada prioritariamente en estos momentos a gestionar los cuantiosos fondos de la UE. Sin embargo, no han tenido ninguna repercusión electoral en las elecciones de Castilla y León. Por eso, en este contexto político, no es extraño que algunos sectores de la izquierda muestren una cierta preocupación por el anuncio de Yolanda Díaz de explorar la constitución de una Plataforma Electoral, como novedosa alternativa política en la situación actual, situada a la izquierda del PSOE y al margen de Unidas Podemos, de Izquierda Unida y del Partido Comunista. Una operación política arriesgada, que puede dividir aún más a la izquierda, con los efectos perniciosos que ello comporta, sobre todo, con la actual ley electoral.
Desde luego, lo que está claro es que los resultados electorales de Castilla y León han penalizado fuertemente el adelanto de las elecciones (no se ha justificado de ninguna manera en la campaña electoral), así como la aberrante política del PP a nivel nacional salpicada de casos de corrupción y, en particular, a su presidente Pablo Casado en su obsceno intento de precipitar su desembarco en La Moncloa (desaparece el “efecto Ayuso” y se recrudece hasta límites extremos el enfrentamiento entre Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid). También, especialmente, a Ciudadanos, que prácticamente desaparece del tablero político de nuestro país. Seguramente, por el importante avance de VOX y de las plataformas provinciales de la llamada “España vacía”. A pesar de todo ello, el actual Gobierno de coalición salva los muebles, ante sus muy escasas expectativas electorales, reconociendo que el PSOE y U. Podemos reducen notablemente el número de procuradores en el parlamento autonómico y no han sido capaces de conectar con la mayoría de la ciudadanía. Por eso, en coherencia con todo ello, la izquierda debe reflexionar en profundidad sobre las repercusiones políticas que estas elecciones pueden tener finalmente en el ámbito del Estado.
Y, desde luego, responder a las reiteradas preguntas de muchos ciudadanos: ¿Por qué no han sido capaces el PSOE y UP de rentabilizar las políticas sociales y los acuerdos de los interlocutores sociales con el Gobierno? ¿Por qué, a pesar de la bondad de estas políticas, han crecido VOX y las plataformas electorales en las provincias? ¿Por qué el discurso de la izquierda no ha resultado suficientemente creíble y capaz de generar ilusión y un compromiso progresista en los más jóvenes, tanto en las ciudades como en el entorno rural?
Firman este artículo: Gabriel Moreno, Antonina Ramírez, Antonio Sánchez, Juan Sotres, Antón Saracíbar, Ramón Utrera, Javier Velasco, Pedro Espino, del colectivo HORMIGAS ROJAS
